Vivienda: propuestas de juventud

El problema de la vivienda en nuestro país es un problema de voluntad política. El PSOE va a arrastrarnos a todos a una derrota electoral sin paliativos y muy justificada. Hay que atajar el problema de la vivienda y hay que hacerlo ya.

España entera parece bullir al calor del problema de la vivienda. Las movilizaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas para el próximo 5 de abril que venían restringiéndose a Madrid y Barcelona se extienden a muchas otras ciudades.

El pasado mes de febrero, Toledodiario me publicaba un artículo en el que hacía un diagnóstico del problema en nuestra región y de las, a mi juicio, malas políticas que se están aplicando. Algunos lectores contestaron que el análisis estaba muy bien pero que lo que hacían falta eran soluciones.

Allá vamos.

Espero que reciban nuestros diputados y diputadas en Cortes y las concejalías de la región este artículo como un catálogo de políticas para abordar el problema de la vivienda de manera efectiva.

Antes de ser quemado en la hoguera me gustaría situar el marco de estas propuestas, que no es otro que la Constitución Española de 1978. Si sirve para consagrar la monarquía como forma de Estado, entiendo que también servirá en esta ocasión.

Nuestra carta magna menciona en tres ocasiones la vivienda. El artículo 47 consagra la vivienda digna y adecuada como un derecho y mandata a los poderes públicos a impedir la especulación. El 50, ojito a esto, confiere especial protección a la ciudadanía de la tercera edad, habría que entenderla en su momento como un segmento de la población especialmente vulnerable. Por último, el 148 abre la puerta a que las Comunidades Autónomas asuman estas competencias.

El problema de la vivienda es asimétrico en toda España y también en Castilla-La Mancha. De entre los factores que contribuyen al alza de los precios, en cada ciudad su peso varía. Por ejemplo, en Toledo el turismo tiene un peso predominante mientras que, en Albacete o Ciudad Real, su peso es menor y dominan su carácter universitario o la concentración de centros de trabajo.

De entre las medidas que convendría aplicar destaco las siguientes:

Primera. Limitar la propiedad de viviendas a las personas físicas. Si las casas son para vivir no tiene mucho sentido que pueda ser propietario de viviendas una empresa, que además está sujeta a un régimen fiscal totalmente diferente. El Impuesto de Sociedades se aplica al beneficio, es decir la diferencia entre ingresos y gastos. El que las empresas puedan ser propietarias de viviendas, puede llevar a la continua inversión en inmuebles a fin de pagar menos impuestos.

Recordemos la Constitución: “los poderes públicos… establecerán las normas para impedir la especulación”.

Esta medida por supuesto genera conflicto, pero no más que la actual situación de libre albedrío en la que una empresa de informática puede comprar terrenos urbanos o casas, o en la que un fondo de inversión compra bloques enteros. Habrá que incluir alguna excepción al respecto de promotoras inmobiliarias o bancos, pero eso, se puede discutir. Recordemos la Constitución: “Los poderes públicos… establecerán las normas para impedir la especulación”.

Segunda. Limitar la propiedad de viviendas a personas físicas que vivan en España. No tiene mucho sentido que compre una vivienda en España alguien que ni vive ni trabaja en España.

Tercera. Cada persona física podrá ser propietaria como máximo de dos viviendas. Nadie puede vivir en más de una casa a la vez, por lo que sería lógico establecer un tope de viviendas de las que cada persona puede disponer. Incluso para ser transigente podemos acotar la medida al conjunto de las zonas de precios tensionados del país.

Con estas tres medidas ya estaríamos enfriando bastante el mercado de la vivienda especulativa, pero desde luego hace falta más.

Cuarta. Prohibición tajante del uso de viviendas para alojamiento turístico en las ciudades. Los hoteles y apartahoteles se crearon por algo: centralizar al turismo para que interfiera lo mínimo con la vida ordinaria de las vecinas de la ciudad y eso hoy sigue teniendo sentido.

Quinta. Creación de un cuerpo de inspección inmobiliaria. Este cuerpo se encargaría de hacer cumplir todas estas normas y de imponer sanciones lo suficientemente grandes para desincentivar el fraude.

Sexta. Parque público de vivienda. Después de haber creado estas condiciones y con la especulación controlada, ya podemos ponernos a solucionar el problema a largo plazo, que sí, pasa por crear un parque público de viviendas y asegurarse que las viviendas construidas no se privaticen nunca. Un parque hecho con dinero público, gestionado directamente por la administración pública y que de una vez por todas haga que en este país se cumpla la constitución.

En Castilla-La Mancha, la gente que se queda disfruta de una red de apoyo familiar que contribuye a paliar la precariedad laboral o la situación de la vivienda. Pero esa red desaparece cuando las castellanomanchegas tenemos que emigrar a Madrid o Barcelona, o cuando gentes de otras regiones viene a trabajar a la nuestra.

Es verdad que en Castilla-La Mancha, la gente que se queda disfruta de una red de apoyo familiar que contribuye a paliar la precariedad laboral o la situación de la vivienda. Pero esa red desaparece cuando las castellanomanchegas tenemos que emigrar a Madrid o Barcelona, o cuando gentes de otras regiones viene a trabajar a la nuestra.

Además, es importante abordar este problema no sólo pensando en los jóvenes sino también teniendo en cuenta las etapas de la vida en las que somos más vulnerables o dependientes. Construir inmuebles que generen en comunidad y que permitan mantener la mayor autonomía posible a nuestros mayores es clave para abordar un futuro con esperanza.

El problema de la vivienda en nuestro país es un problema de voluntad política. El PSOE va a arrastrarnos a todos a una derrota electoral sin paliativos y muy justificada. Hay que atajar el problema y hay que hacerlo ya.