“No podemos seguir permitiendo que en Castilla-La Mancha nuestros jóvenes y nuestra gente se vaya. Hay que hacer ofertas de empleo públicas regulares, por supuesto, pero hay que hacer también que esas ofertas de empleo sean para la gente que está empadronada en Castilla-La Mancha, que ha estudiado en Castilla-La Mancha, que trabaje en Castilla-La Mancha y que tenga prioridad de acceso”. Son palabras textuales del candidato a la Junta de Comunidades por Unidas Podemos, José García Molina, al presentar el programa electoral de la coalición.
Se trata de una medida que se enmarca dentro del apartado de 'Despoblación' en el programa '100 Medidas para gobernar' y en la que se señala que se proponen “Ayudas directas a la contratación de personas de Castilla-La Mancha para fijar población en nuestra Región”.
Los sindicatos han reaccionado de manera contundente ante la propuesta, e incluso Izquierda Unida ha comunicado que se desmarcan de la propuesta. Comisiones Obreras ha acusado a García Molina de “oportunismo político” y “populismo” y aseguran que “se equivoca mucho”. Además, lamentan que su campaña esté plagada de “afirmaciones y compromisos poco o nada creíbles” o que incluso son “directamente inasumibles”.
“La guinda de sus despropósitos ha sido la propuesta de convocar Ofertas de Empleo Público con el padrón como criba; es decir: exigir el empadronamiento en Castilla-La Mancha para el acceso al empleo público en esta región”, señalan. De este modo, lo acusan de “ignorar” la Constitución o “desconocer por completo” la legislación en materia de acceso a la función pública. De este modo, explican que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional han dejado “meridianamente claro” que para acceder al empleo público “no se puede exigir ningún requisito que discrimine a cualquier ciudadano español”.
Además, afirman que se equivoca “políticamente” ya que “no se debe engatusar y confundir a miles de personas que se presentan a las Ofertas de Empleo Público proponiendo una medida que es imposible de llevar a cabo, por vulnerar como decimos un derecho constitucional fundamental y por incumplir toda la normativa existente en relación al acceso al empleo público”.
Por su parte, la Intersindical ha rechazado también las declaraciones, asegurando que se trata de una propuesta “inconstitucional, xenófoba y demagógica”. Igualmente, acusan a García Molina de “adoptar el discurso de la ultraderecha populista de la disputa de la escasez entre la gente trabajadora y de 'los de aquí primero'”. Recuerdan que acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos“ está señalado en el artículo 23.2 de la Constitución Española como derecho fundamental de los ciudadanos.
“Parece más que evidente que la propuesta de García Molina no deja de ser una ocurrencia electoral cargada de demagogia, apelando a los sentimientos más elementales de la ciudadanía castellano manchega, sin ningún rigor jurídico y que en la práctica es de imposible cumplimiento, puesto que, con el actual marco constitucional”, recalcan. Además, aseguran que “cualquiera que presentara una demanda” tendría “todas las posibilidades de tumbarla”. De este modo, exigen que se retire “inmediatamente” la propuesta y que se “deje de frivolizar” con el empleo público.
UGT considera “surrealista” la propuesta
Por parte de UGT, José Manuel Pinillos, Secretario de Organización de FesP UGT Castilla-La Mancha, ha señalado que es “surrealista” que un candidato a presidir la Junta de Comunidades realice este tipo de afirmaciones. “Es claramente inconstitucional, y más dentro de un partido que defiende la Constitución y la utiliza como bandera”. Pinillos recalca que la propuesta “poco menos que señala que hay que usar un sistema absolutamente discriminatorio”. “No sabemos si es por desconocimiento, o si es un insensato o es una locura. Entendemos que alguien que dice estas cosas no puede presidir la Junta de Comunidades”.
CSIF también se ha unido a las criticas, asegurando que su postura “rompe con la legalidad vigente” y que vulnera los principios de mérito, igualdad y capacidad en el acceso al empleo público. “Esta propuesta se presenta como ilegal y discriminatoria”. Por eso, piden “responsabilidad” durante la campaña electoral de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo para “no utilizar a los empleados públicos de forma sesgada en sus programas”.