Lo avanzó el presidente de las Cortes regionales en una entrevista con elDiarioclm.es hace unas semanas: “La gran perjudicada del agua en España debe regularla en su Estatuto”. Y así será. O al menos el Gobierno de Emiliano García-Page va a intentarlo de nuevo con una renovada propuesta para modificar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Será la segunda intentona de esta comunidad autónoma para lograr que el Congreso de los Diputados ratifique lo que califican como “justicia con el agua”, aunque todo apunta a que las aspiraciones serán ahora menos contundentes. Poco ha trascendido sobre cómo conseguirlo, pero este lunes el PSOE ha registrado ante las Cortes castellanomanchegas la propuesta de reforma del Estatuto que cuenta con el visto bueno del Partido Popular tras un año de negociaciones.
“Se introduce de manera transversal nuestros derechos de agua como motor económico, social y de sostenibilidad ambiental después de que la normativa europea, las sentencias del Tribunal Supremo y la nueva planificación hidrográfica nos haya dado la razón”. Se refiere en particular, sin citarlo, al agua de la cabecera del Tajo, la misma que riega parte del litoral mediterráneo en Alicante, Murcia o Almería gracias al acueducto Tajo-Segura.
Hay que remontarse al año 2004. El entonces presidente regional José María Barreda anunció su intención de reformar el Estatuto de Autonomía y blindar que la comunidad autónoma pudiera decidir en la gestión del agua y más concretamente en la Comisión de Explotación del Tajo-Segura. No se consiguió. En 2010 el texto fue retirado del Congreso de los Diputados con la frontal oposición del PP de Dolores de Cospedal y los barones de los territorios beneficiarios del agua del trasvase. Un año después se convertiría en la primera presidenta del PP en Castilla-La Mancha desplazando al propio Barreda al obtener mayoría absoluta.
Un máximo de 59 diputados
El nuevo Estatuto de Autonomía, de salir adelante, fijaría en 59 el número máximo de diputados en el Parlamento regional para corregir “la ley electoral trampa” de la etapa de la presidenta del PP, Dolores de Cospedal, que lo redujo a 33, el actual número de escaños.
“Las listas electorales tendrán que ser partidarias y cremallera entre sexos”, explica el PSOE que también apunta a la idea de reforzar el papel de control de las Cortes Regionales, incorporando sesiones de control al Gobierno de Castilla-La Mancha que hoy no existen. No es nada habitual que el actual presidente regional comparezca en las Cortes regionales más allá de las fechas puntuales del año relacionadas con el Debate sobre el Estado de la Región.
“Se blindan los derechos de los diputados y diputadas” y además “todas las reformas posteriores que afecten a las reglas democráticas deberán ser aprobadas por mayorías cualificadas”. Unos aspectos sobre los que no se han ofrecido más detalles.
Para una “mejor gobernabilidad”, señalan fuentes socialistas se va a introducir la posibilidad de hacer decretos-leyes, como “figura necesaria para situaciones de emergencia” - y ponen el ejemplo de la pandemia de COVID-19- y se incorpora la posibilidad de disolver anticipadamente las Cortes regionales, “aunque tendrían que repetirse estas elecciones cuando coincidan, como ha sucedido siempre, con las elecciones municipales”.
Se eliminarán parte de los aforamientos ante el TSJ
Otra de las novedades que quiere incorporar la nueva 'carta magna' castellanomanchega será la eliminación de los aforamientos de los diputados y diputadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ), aunque lo hará solo para “los asuntos jurídicos que no estén estrictamente relacionados con las decisiones propias del cargo institucional”.
No es una novedad. Es algo que ya recoge, por ejemplo el Estatuto de Cantabria. En la última reforma eliminó la posibilidad de que los diputados autonómicos y los miembros del Gobierno cántabro estén solo sometidos al TSJ de aquella comunidad autónoma y ahora pueden ser juzgados por tribunales ordinarios. También en Canarias se suprimieron los aforamientos para cargos autonómicos en la reforma del Estatuto de 2018, a propuesta de Ciudadanos.
“Blindar” políticas sociales, igualdad y diálogo social
Tanto PSOE como PP han acordado “blindar” las políticas sociales, la lucha contra la violencia machista y también el diálogo social. En el primer caso, se introducirá “una garantía de derechos para mujeres, jóvenes, mayores, personas con discapacidad, personas vulnerables” y también se quieren blindar “los derechos de las minorías”, aunque no se ha explicado a quiénes se referirá el texto de manera expresa.
Lo que sí se va a reconocer de forma expresa es el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y, especialmente, “su derecho a recibir políticas públicas que las protejan frente a la violencia de género”. En cuanto al blindaje de diálogo social se apuesta por que sea “la fórmula de trabajo en Castilla-La Mancha”. Por eso, todas las reformas legislativas y reglamentarias sobre las que tenga competencias Castilla-La Mancha “deberán pasar por el Consejo Social antes de su tramitación”.
Incorporar nuevas competencias para una Castilla-La Mancha más social y relacionadas con la regulación de la Inteligencia Artificial, el Ingreso Mínimo Vital, nuevas políticas de empleo o el refuerzo de la Seguridad Social
Incluso se habla de incorporar “nuevas competencias para una Castilla-La Mancha más social”. En este caso se cita aquellas que tienen que ver con la regulación de la Inteligencia Artificial, el Ingreso Mínimo Vital, nuevas políticas de empleo o el refuerzo de la Seguridad Social.
También como novedad el texto incorporará el “reconocimiento de las comarcas y del municipio” en lo que quiere ser “una mejor organización territorial de Castilla-La Mancha”. De esta forma, según se detalla, se reconocerá de forma expresa al municipio como “la entidad local básica en la que se cimienta la región, así como la figura de las comarcas”.
Además, se introduce la regulación de las áreas metropolitanas y la regulación de las entidades locales menores al municipio. Esta iniciativa vendría a dar respuesta a una demanda histórica en Talavera de la Reina y comarca. De forma reciente, coincidiendo con las negociaciones entre PSOE y PP, para sacar adelante el nuevo estatuto, arreciaban las críticas de la Asociación SOS Talavera y Comarca recordando que hasta ahora no se ha reconocido su “singularidad”.
Adiós al término 'minusválido', mención al cambio climático y blindar servicios públicos rurales
El texto se redactará con un lenguaje inclusivo y no sexista y como ya ocurriera con la Constitución Española, se cambiará el . â término minusválido por personas con discapacidad.
Habrá “nuevos derechos sociales, ambientales y económicos” relacionados con la lucha contra el despoblamiento, el derecho al desarrollo sostenible, se introducirá una referencia a la lucha contra el cambio climático, los derechos a la economía digital, la movilidad o la integración social, entre otras cuestiones.
“â Se introduce el blindaje de los servicios públicos en el medio rural y la lucha contra el despoblamiento”. Esta es otra de las claves que se han dado a conocer.
Incluimos la proyección exterior de la comunidad autónoma a través de delegaciones, oficinas y agencias permanentes en la Unión Europea
De otro lado, se busca regular las estructuras de relación con la Unión Europea. “Nos reconocemos como una región europea e incluimos la proyección exterior de la comunidad autónoma a través de delegaciones, oficinas y agencias permanentes en la Unión Europea como define la Ley estatal de Acción Exterior”.
Una disposición adicional que reivindica una financiación “justa”
El Estatuto de Autonomía incorporará una disposición adicional con la “reivindicación de una financiación justa para la cohesión social y territorial”. En ella se establecerá la petición de una garantía para que las inversiones del Estado se realicen de acuerdo con criterios de equilibrio territorial y teniendo en cuenta factores como la población, la dispersión geográfica o la densidad poblacional. Es lo que actualmente está pidiendo el Gobierno de Emiliano García-Page en la negociación del nuevo modelo de financiación territorial. “Es decir, un reparto justo para la cohesión social y territorial de nuestra tierra”, incide el PSOE.
El texto se abrirá ahora a la participación ciudadana
La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Isabel Abengózar, comentaba que con la presentación del documento ante el Parlamento regional arranca el recorrido institucional del futuro Estatuto tras una primera fase que “ha sido de diálogo, acuerdos y consenso” en la negociación con el Partido Popular que no ha incluido al tercer grupo con representación en la Cámara castellanomanchega, Vox. La formación de ultraderecha ha acusado a PSOE y PP de “llevar la negociación en secreto” y también de “hipocresía” cuando hablan de diálogo y consenso. Tampoco se ha negociado con otros partidos políticos que en la actualidad no cuentan con escaño en el antiguo Convento de Gilitos y que vienen criticando la actitud de los dos partidos mayoritarios.
Ahora se abrirá un periodo de participación pública de todos los castellanomanchegos con el compromiso de incorporar cualquier aportación “útil” en forma de enmienda conjunta entre los dos grupos.
La tercera fase será la tramitación en el Congreso de los Diputados. Los socialistas esperan el apoyo de otros grupos políticos para que salga adelante “con una amplia mayoría”, ha dicho Abengózar.
Fuentes del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha recuerdan que fue en 2015 cuando se empezó a negociar un nuevo Estatuto de Autonomía con formaciones políticas y agentes sociales y dicen que “se estuvo muy cerca del acuerdo”. En parte de aquella legislatura Emiliano García-Page gobernó gracias al apoyo de Podemos que era la tercera fuerza política en el Parlamento regional, además de PSOE y PP. Las mismas fuentes señalan que entonces “el escollo” fue la negativa “de distintos grupos parlamentarios a modificar la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, ampliando el número de diputados regionales desde los 33 impuestos por Cospedal”.
“Hoy se ha superado ese escollo y todos los Partidos políticos asumen la necesidad de mejorar la representatividad de las Cortes de Castilla-La Mancha”, aseguran los socialistas que hablan de “amplio consenso” y de “un buen acuerdo” entre PP y PSOE. “Buscamos un gran acuerdo político en las Cortes, y un gran acuerdo social durante la tramitación que suponga un Estatuto fuerte y consensuado para su tramitación por las Cortes Generales”.