El Gobierno del PP y Vox en Guadalajara cierra 2023 contratando “a dedo” a un coordinador económico

El Gobierno local de Guadalajara que conforman PP y Vox ha dado este viernes el visto bueno a la contratación como coordinador del Área de Desarrollo Económico, Turismo y Hacienda del Ayuntamiento de Luis Aranda, que es esposo de la exdiputada nacional por Guadalajara Silvia Valmaña y que cuenta con un negocio de gestoría en la ciudad.

Se ha celebrado el último pleno del año 2023 en el Consistorio y, como ocurriera el pasado miércoles cuando se aprobó la subida del IBI en un 17% para 2024 con el voto en contra de PSOE y Aike, la sesión de hoy ha vuelto a ser tensa entre Gobierno y oposición.

Durante el pleno PP y PSOE se cruzaban acusaciones mutuas aludiendo en ambos casos a designaciones “a dedo”, en este caso la del nuevo coordinador económico, ha dicho la portavoz socialista, Lucía de Luz. Mientras, desde la bancada popular, en distintas intervenciones incluida la de la propia alcaldesa Ana Guarinos, se realizaba también un somero repaso de los distintos cargos contratados “a dedo” por el Ayuntamiento cuando gobernaba Alberto Rojo.

También desde Vox llegaron a afirmar que “si hay alguna agencia de colocación en la política esa está en el PSOE”, señalaba Víctor Morejón, portavoz de la formación, quien, en su intervención, ha hecho alusión a distintas contrataciones realizadas por la formación socialista en la Diputación de miembros del propio partido que después del 28M se habían quedado “fuera” del contexto político.

Desde el PP, la concejala Isabel Nogueroles ha acusado al PSOE de querer “empañar” la figura del nuevo coordinador económico y ha optado por repasar, uno a uno, algunos de los nombramientos realizados en la pasada legislatura en esta Corporación, con menciones concretas al fuera gerente de Deportes, Aurelio Zapata, además de algún otro nombramiento. “Ustedes crearon 15 puestos con más de un millón de euros anuales y esa es la pura realidad. No intenten crear un escándalo donde no existe”, ha remarcado.

Y es que, desde que se conociera el nombramiento de Luis Aranda, desde las filas socialistas no han cesado de cuestionarlo, y tras señalar que ahora va a cobrar al mes 4.200 euros como coordinador, la portavoz socialista Lucía de Luz ha incidido en que el PSOE “no quiere que esto se convierta en el cortijo de la señora Guarinos”. “Ustedes están colocando a sus amigos a dedo a costa de la ciudadanía en más de 600.000 euros”, ha señalado.

La propia alcaldesa, Ana Guarinos, ha intervenido en este punto insistiendo en que fue Alberto Rojo quien al llegar al Ayuntamiento se gastó “de un plumazo” un millón de euros en crear puestos, aludiendo a “amistades” del entonces alcalde. “Ahora hemos vuelto a la organización de 2019 con cuatro jefaturas de área ocupadas por funcionarios públicos que se cargó el señor Rojo. Y se crearon cuatro coordinadores generales y dos direcciones generales de libre designación más otros puestos”, criticaba.

Una intervención en la que también ha puesto en duda nombramientos en su día como el de la que fuera presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, y aunque sin mencionar su nombre, sí ha declarado que ha sido tumbado por el Supremo.

“Este equipo de Gobierno ha propuesto el nombramiento de un coordinador general cuyo currículo suma más experiencia que la de toda la bancada socialista junta a lo largo de todos estos años profesionales”, aseguraba la alcaldesa del PP.

El servicio de grúa municipal seguirá siendo privado

Otra de las decisiones de PP y Vox pasan por revertir la remunicipalización del servicio de grúa municipal. Seguirá con una gestión indirecta tras aprobarse, este viernes en pleno, con la mayoría del equipo de Gobierno (13 votos del PP y Vox) y el voto en contra de la oposición (12 que suman PSOE y Aike), la revocación del acuerdo para la gestión directa que se adoptó en pleno el 28 de abril de 2023, cuando estaba al frente del Gobierno municipal el socialista Alberto Rojo, que gobernaba en coalición con Ciudadanos.

Será la empresa privada la que siga encargándose de prestar el servicio de inmovilización, retirada y depósito de vehículos en la vía pública y no como quería el anterior Gobierno Municipal, que si bien inició la remunicipalización de este servicio, no tuvo tiempo para completar el procedimiento.

Un asunto polémico que ha conllevado duros cruces de acusaciones entre PP y PSOE, en el que el portavoz 'popular' y concejal de Economía y Hacienda en este Gobierno, Alfonso Esteban, ha afirmado que esta decisión estaba basada en el “interés general” que desvela uno de los informes realizados en el que se recoge que desde el punto de vista económico es también “más eficiente” este tipo de gestión, ya que supondrá un ahorro de unos 6.000 euros al mes.

“El expediente está muy claro, y me llama la atención que el PSOE ha externalizado a lo largo de su historia todo lo externalizable cuando gobernó y no sé por qué ahora este interés tan particular en un servicio tan concreto”, ha remarcado Esteban, reclamando a las filas socialistas una explicación al respecto y defendiendo los criterios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la administración pública.

Por su parte, desde la bancada socialista, la concejal Pilar Sánchez ha recriminado al equipo de Gobierno el haber traído a pleno una “revocación arbitraria”, con la que no se justifica el interés público e “inventado un procedimiento para revocar un acuerdo valido y va a traer consecuencias jurídicas a este ayuntamiento, y solo ustedes serán los responsables”.

Para Sánchez, el acuerdo de gestión directa que se aprobó en pleno cuando aún gobernaba Alberto Rojo fue “válido y firme” y “puede ser que por no ”gustarles a ustedes la gestión directa“, dentro de unos años haya que contratar a los trabajadores de este servicio a lo que ahora no se quiere admitir como personal laboral, ha subrayado. Hay que recordar el malestar de los trabajadores del servicio el pasado mes de agosto.

Según Sánchez, durante el tiempo que llevan en el Gobierno han estado “poniendo excusas y montado un expediente” que concluye que la gestión indirecta es más ventajosa, solo para “posponer” la renovación de un acuerdo que era ventajoso no solo para el propio servicio sino para la plantilla, que sufre una situación precaria y que el hecho de pasar a ser personal laboral ayudaría a mejorar también el clima social.

También desde Vox, su concejal José María Antón, ha insistido en que “se trata de garantizar los servicios al ciudadano al menor coste” y con criterios de eficacia, mientras desde Aike, su única edil y portavoz, Susana Martínez, cree que es un “error” ir hacia atrás. “Hay que asumir los acuerdos de esta institución”, ha abundado.

“Seguimos pensando que este servicio se puede y se debe remunicipalizar y dar solución a la situación en la que están los trabajadores actualmente”, ha insistido a la par que ha afirmado que no existen argumentos de peso y que “habría que ser prudentes” para que esto no se recurra y tenga consecuencias perjudiciales si llega a los tribunales.

'No' a una mesa de diálogo sobre los usos del Fuerte San Francisco

El punto final del orden del día incluía una propuesta del Grupo Municipal Aike para crear una mesa de diálogo con participación ciudadana, para debatir y reflexionar sobre el contenido que podrían albergar los edificios del complejo del Fuerte San Francisco que no ha salido adelante y que ha contado con los votos en contra tanto PSOE como de PP y VOX.

Susana Martínez, portavoz del grupo municipalista Aike – A Guadalajara hay que quererla – ha desgranado durante el Pleno de hoy los anuncios y acuerdos incumplidos a lo largo de las últimas décadas, recordando que los edificios pertenecen al Consistorio y en su opinión “debe ser desde Guadalajara desde donde se decida qué hacer con los edificios una vez rehabilitados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. Así lo establece el Proyecto de Singular Interés (PSI) del Fuerte San Francisco que sirvió para desarrollar las viviendas del sector, según ha recordado Martínez.

El debate ciudadano es una cuestión “primordial para la ciudad”, como advertía la portavoz municipalista que ha recordado que, “ni en los 12 años de Antonio Román, ni en los cuatro en los que gobernó Alberto Rojo. Nunca se ha convocado una Mesa de Diálogo abierta a la ciudadanía, una herramienta que está incluida en el artículo 32 del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara”.

“Para qué convocar una Mesa de Diálogo?” se preguntaba el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, Francisco Javier Toquero, de Vox, a lo que Martínez respondía con un rotundo “porque la gente de Guadalajara se merece participar de las decisiones importantes de la ciudad, y esta lo es. Y queremos que sea la gente la que decida los usos, y no se impongan desde Toledo o se modifiquen cada vez que hay cambio de gobierno”. A las mismas consideraciones desde el Partido Popular, Susana Martínez respondía que aún no han dicho qué usos quiere dar el complejo el actual equipo de gobierno. “Ya es hora de que lo digan”, ha respondido la edil de Aike.

Susana Martínez ha reprochado al PSOE su posición. “No vamos a permitir que desde Toledo nos digan los usos de los edificios que son de la ciudad. Tenemos muchas necesidades y carencias desde el ámbito de la Cultura, la Juventud y las Escuelas Municipales, es hora de que sea Guadalajara la que hable, y no los políticos de turno, y mucho menos los de Toledo”.