Ya se conocen los primeros detalles del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa minera Quantum ante la Dirección de Industria, Energía y Minas de Ciudad Real sobre su polémico proyecto de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel. Este documento se refiere a las tres iniciativas de explotación agrupadas bajo la denominación ‘Matamulas’ y contempla algunos datos destacables requeridos por la Junta de Castilla-La Mancha en el documento de alcance donde alertaba de los riesgos ambientales del proyecto. Por ejemplo, afirma que el impacto ambiental es “moderado” en los temas controvertidos como la afección al águila imperial y al lince ibérico, optimiza las vías para la obtención de agua y argumenta que la futura actividad radiactiva estaría “muy por debajo” de los valores legales.
Este estudio tiene por objeto evaluar los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente y definir medidas adecuadas para prevenir y minimizar dichos efectos. Tras su presentación el pasado lunes, la directora facultativa y el director de proyectos de la empresa, Raquel Vergara y Enrique Burkhalter, respectivamente, han mantenido un encuentro con medios de comunicación para precisar algunos de los contenidos del documento, que ahora debe ser publicado y sometido a información pública, para su posterior evaluación.
Ambos han defendido que el informe se ajusta a lo establecido en la normativa estatal y autonómica, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, además de las consultas planteadas por distintos organismos y personas interesadas. Entre los aspectos analizados destacan la localización y el diseño del proyecto; la aptitud del territorio para la actividad minera; la protección de Espacios Naturales Protegidos, Zonas Sensibles, hábitats protegidos, elementos geomorfológicos de protección especial, el patrimonio, el paisaje, las infraestructuras, la salud; y la gestión de los residuos, entre otros.
Una de sus principales conclusiones es que la evaluación del proyecto para extraer monacita en esta comarca solo identifica “impactos moderados” y que por lo tanto no serían necesarias “medidas preventivas o correctoras intensivas” según lo establecido en la legislación vigente. “No se han identificado impactos severos o críticos derivados de la realización del proyecto puesto que se trata de un método de minería de transferencia, que se caracteriza por su sencillez. Consiste en rellenar el hueco excavado con la misma tierra, una vez extraídos los minerales, de forma prácticamente simultánea a la explotación de nuevas áreas”, argumentan.
Agua, superficie de explotación y riesgo radiológico
Dicho esto, el estudio se refiere a cuestiones concretas y polémicas como el uso de agua, que provocó que la Confederación Hidrográfica del Guadiana denegara a la empresa su primera petición de toma agua desde el embalse de La Cabezuela. Ahora, los responsables aseguran que el proyecto ha sido optimizado para reducir el consumo de agua hasta los 88.000 metros cúbicos al año, cuyo suministro procedería de “fuentes autorizadas” por la Confederación Hidrográfica, completando el posible resto con “compras fuera de ella” a través de desaladoras de Levante u otros territorios en el caso de que la autorización no fuera posible.
Otra novedad respecto al proyecto inicial es que la superficie de explotación se ha reducido y “ajustado” para no afectar a ninguno de los “escasos hábitats de protección especial”, afirma la empresa, indicados por la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de Castilla-La Mancha. El estudio especifica que las hectáreas a explotar se ubican dentro de las zonas consideradas como “Áreas favorables para la actividad minera” en el Plan Estratégico de Recursos Minerales no Energéticos de Castilla-La Mancha (PERMINE).
En cuanto al impacto radiológico, sobre el que se pronunció el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Vergara y Burkhalter se han referido a los estudios liderados por la consultora geológica GEOMNIA, en colaboración con el GRAUS (Grupo de Radiactividad Ambiental de la Universidad de Sevilla). Según subrayan, estos informes indican que las actividades del proyecto están “exentas desde el punto de vista de la protección radiológica”, al estimarse dosis ocupacionales y de exposición a los ciudadanos “claramente inferiores” al nivel de referencia de 1 mSv (milisievert) al año. Y añaden que los procesos aplicados a la materia prima del yacimiento en su tratamiento serán “exclusivamente físicos”, dado que la monacita “está completamente liberada” y su tamaño medio y densidad hacen que “no pueda incorporarse al polvo”.
Son estos datos los que llevan a la mercantil minera a afirmar que este proyecto no supone un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, pese a que desde la propia Junta de Castilla-La Mancha y por boca de su presidente, Emiliano García-Page, se ha insistido en los “problemas de viabilidad ambiental” del proyecto.
Medidas preventivas
Entre las medidas preventivas y compensatorias propuestas en el estudio, destacan aquellas destinadas a mejorar la situación de las especies amenazadas presentes en la zona: el águila imperial y el lince ibérico. Asimismo se presenta el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) para realizar el control y seguimiento del proyecto durante todas sus fases mediante un sistema de indicadores que verifican la “ejecución y eficacia de las medidas preventivas y correctoras propuestas”, y “sirven de base para evaluar los impactos reales derivados del proyecto, detectar otros impactos no previstos inicialmente y definir las medidas necesarias para minimizarlos o eliminarlos”.
Quantum incorpora también a su Estudio de Impacto Ambiental un informe socioeconómico elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) donde destaca los “importantes beneficios para la comunidad local” que tendría el proyecto de tierras raras. Esto permitiría, añade, “dar respuesta a algunos de sus principales retos, tales como la falta de tejido industrial, la dotación de infraestructuras y el envejecimiento de la población”. “Esto será posible mediante la creación de más de 150 puestos de trabajo durante los 10 años de vida útil del proyecto y de 450 puestos de forma indirecta”.
Finalmente, los responsables de la empresa están convencidos de que esta iniciativa contribuiría a la disminución de la “dependencia” en la Unión Europea del suministro de los minerales de tierras raras, abasteciendo aproximadamente el 35 % de la demanda del mercado europeo durante los próximos 10 años, “en línea con los objetivos de la Iniciativa de las Materias Primas de la Comisión Europea”.