La trayectoria del empresario Francisco Javier Merino de la Cuesta ha transcurrido en paralelo, y casi proporcionalmente, en la prensa generalista y en la prensa del corazón. Por motivos diferentes pero igualmente oscuros. Su matrimonio de 15 años, de 2001 a 2016, con la exmodelo Mar Flores estuvo acompañado de tanto ruido como sus negocios de todo tipo, principalmente asociados a la industria de la construcción, a la petrolera y a la minera. Aunque tampoco ha dejado de hacer sus intentos en otros sectores como la hostelería y restauración, igualmente acompañados de polémica.
Heredero de una fortuna familiar vinculada a las empresas de combustible, Merino comenzó a saltar a la palestra mediática cuando se casó con Mar Flores, y fue también cuando se embarcó en varios de sus numerosos negocios, la mayoría arruinados al final de ese matrimonio. Y los no arruinados, tumbados por la Administración pública, como sucedió hace seis años con el proyecto extracción de tierras raras en el Campo de Montiel, que ahora el empresario ha desenterrado.
Ya en 2013, antes su divorcio, varias de sus compañías entraron en concurso de acreedores y las entidades financieras iniciaron procesos judiciales para su embargo. Estas ejecuciones hipotecarias comenzaron con una gasolinera, a la que siguieron otras propiedades, una detrás de otra. Y comenzaron las deudas.
Ese mismo año fue condenado a un año de cárcel y a una multa de millón y medio de euros por un delito de uso de información privilegiada. Según la sentencia, el empresario vendió acciones de la compañía Cartera Hotelera cuando sabía de antemano que el precio bajaría al hacerse pública dicha venta.
Un año después, la organización no gubernamental Global Witness publicó un informe muy crítico sobre la actividad de Star Petroleum, petrolera dirigida y participada por empresarios españoles, en Sudán del Sur, territorio devastado por décadas de guerra civil que logró la independencia en 2011. Allí, según la ONG, esa empresa negociaba la explotación de dos bloques exploratorios, en el que sería el primer acuerdo de este tipo desde la creación del país.
Dudas sobre “conductas éticas”
Entre las críticas del informe, apuntaba que la compañía estaba “íntimamente ligada a un hombre de negocios condenado por un fraude millonario”, el empresario Javier Merino; y que no había información pública sobre sus accionistas, más allá de “sociedades registradas en paraísos fiscales o jurisdicciones desconocidas”.
Global Witness consideraba igualmente “preocupante” que este empresario, fundador y exadministrador único de la compañía durante dos mandatos, fuera condenado por un delito de información privilegiada “inmediatamente antes de su segundo nombramiento”, en 2010, algo que sembraba “dudas sobre la conducta ética de la compañía”.
Pero fue en mayo de 2021 cuando Merino vivió uno de sus procesos más controvertidos, en este caso en su faceta como hostelero. Fue cuando tuvo que hacer frente a la subasta de la mítica Sala Fortuny del barrio madrileño de Chamberí. Había sido inaugurada en 1997 y fue famosa por las fiestas de élite que allí se celebraban. Era el último activo del empresario tras una inmensa acumulación de deudas de sus anteriores empresas.
Salió a subasta por 23,5 millones de euros. La única puja que recibió fue de 16,5 millones de euros. Hoy en día acoge un restaurante italiano y una coctelería. La subasta fue ordenada por un juzgado madrileño tras años de liquidación de su patrimonio empresarial con el objetivo de pagar a sus acreedores.
Es el motivo por el que Merino, como miembro de estas empresas, ha aparecido en los últimos años en la lista de morosos con Hacienda. Forman parte de este listado, por ejemplo, la mencionada Star Petroleum, Multipetróleos o Multipromotour, a nombre de la cual compró varios inmuebles y terrenos que también tuvieron que salir a subasta. Según la actualización de 2023 de este documento, Multipetróleos debe 1,2 millones de euros a las arcas públicas. El Grupo Empresarial Mena, a través de la cual actuaba como promotor inmobiliario, también está en esta lista con una deuda de 3,8 millones de euros.
Él ha afirmado en declaraciones a algunos medios que no tiene ninguna deuda con Hacienda. La cuestión es que algunas de las empresas a las que ha pertenecido y que ha fundado ya no existen, han cerrado por pérdidas millonarias, se han reestructurado o el propio empresario ha roto sus vínculos con ellas. De cualquier forma, el empresario sigue a la espera de varios procesos judiciales.
Actualmente, Javier Merino es presidente de Quantum Minería, la empresa que proyectó una mina de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel hace seis años. No pasó los trámites ambientales, lo que unido al enorme rechazo social en la comarca, dio al traste con sus planes mineros. elDiarioclm.es se ha puesto en contacto con Quantum Minería sin obtener respuesta.
En Castilla-La Mancha, Merino ha hecho desde entonces poco humo, al menos de manera pública y con focos. Tiene motivos después de que un acto con el antiguo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado, les estallara en la cara a ambos mientras se tramitaba el expediente de su proyecto de tierras raras.
En el punto más álgido de las protestas ciudadanas, Merino firmó un convenio con la Universidad regional mediante el cual se creaba una Cátedra sobre Gestión de Recursos Minerales. Aprovechó el acto para decir que “nunca” cerraría el proyecto de tierras raras en el Campo de Montiel.
Efectivamente, ha vuelto a la carga con esta iniciativa pero la cátedra no aparece en el listado de la UCLM. Las protestas ciudadanas por su proyecto minero también retumbaron contra este convenio y arremetieron contra la institución académica por formar parte de un “lavado de imagen” de la empresa minera.
La Plataforma Sí a la Tierra Viva, bandera del rechazo de la comarca al proyecto extractivista de Quantum en el Campo de Montiel, se dirigió directamente al entonces rector para recordarle que la financiación pública de la Universidad le impide participar con mercantiles de “oscura trayectoria”. Nunca más se supo de esa firma ni de esa cátedra.
De los papeles de Panamá a los pueblos del Campo de Montiel
De igual forma, durante la tramitación de primer proyecto de Quantum, la Plataforma Sí a la Tierra Viva se hizo eco de las declaraciones del exdiputado regional de Podemos David Llorente en las Cortes de Castilla-La Mancha, en las que vinculó esta iniciativa con los papeles de Panamá a través de Javier Merino y de otro empresario, Miguel Ángel Remón, y sus “intereses comunes” con el empresario hispano-iraní Massoud Farshad Zandi, relacionado a su vez con el despacho Mossack Fonseca, vinculado con los papeles de Panamá.
Este colectivo mencionó informaciones que publicó elDiario.es para afirmar que Farshad Zandi, “amigo personal” del expresidente Felipe González, tenía intereses empresariales comunes con el empresario Javier Merino y con Miguel Ángel Remón, directivo por entonces de Quantum Minería, a través de la empresa petrolífera Star Petroleum.
En la localidades ciudadrealeaña de Torrenueva y Torre de Juan Abad, que forman parte del epicentro del Campo de Montiel donde Quantum quiere retomar su proyecto, algunos no saben ni quién es Javier Merino, pero otros sí. Y lo tienen “enfilado”.
Desde los colectivos sociales que ya se han adherido a dar nueva batalla contra el proyecto minero, explican a elDiarioclm.es la “lógica de negocio” del empresario. “Las tierras raras se utilizan para la fabricación de nuevas tecnologías, entre ellas materiales para energías renovables. Europa quiere dejar de depender de China y el Gobierno español también está en ello y lo avala. Se puede comprender el empeño una y otra vez, pero nos van a tener de frente sin parar. Es nuestro pueblo, nuestro campo, nuestra naturaleza. Aquí no va a haber ninguna mina a cielo abierto, ni con el señor Merino, ni con sus deudas ni su trayectoria, ni con ningún otro señor”, concluye la Asociación de Amigos del Campo de Montiel.