Las actuaciones desarrolladas por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el marco del Plan de Empleo entre los años 2015 y 2017 “no alcanzaron los objetivos propuestos de reinserción en el mercado laboral de los trabajadores desempleados de la región, sino que más bien se limitaron a implementar fórmulas temporales de contratación pública”.
Esta es una de las conclusiones del informe aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas relativo al Plan Extraordinario y Urgente por el Empleo de Castilla-La Mancha que se desarrolló en la pasada legislatura a través de las tres líneas de actuación frente al desempleo de larga duración.
Por un lado, a través de subvenciones para el fomento de la contratación de personas que han agotado su prestación por desempleo. Por otro, subvenciones concedidas dentro del programa Garantía+55 y, además, una tercera línea de subvenciones para entidades especialmente afectadas por el despoblamiento o tasas de desempleo elevadas.
El PP cree que “se malgastó el dinero” y C's pide la comparecencia de la consejera
Hoy, el senador y presidente del Partido Popular de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha denunciado que el Tribunal de Cuentas ha puesto en evidencia que el Gobierno de García-Page “malgastó el dinero de los planes de empleo”.
Cañizares ha lamentado que el Plan Extraordinario y Urgente para el empleo en Castilla-La Mancha, dotado en 224 millones de euros, -la mayoría subvencionado por fondos europeos-, “estaba mal diseñado desde el principio”.
El 80% del dinero proporcionado por el Gobierno regional, ha dicho el senador, “ha sido de fondos europeos”, lo que indica que el compromiso de la Administración regional “solo lo ha organizado” mientras que las entidades locales sí que han soportado gasto.
Por ello, ha pedido “replantear” esta estrategia, sobre todo ahora que la crisis sanitaria postCOVID obliga a cuidar más los recursos públicos, según recoge Europa Press.
Fuentes del PSOE de Castilla-La Mancha consultadas por eldiarioclm.es en torno a este asunto sostienen que “los planes de empleo han logrado un porcentaje importante de inserción laboral” y que sobre todo “han sido planes más sociales para sacar de la ruina social y de la angustia a las casi 100.000 familias con todos sus miembros en paro y, sin ningún ingreso, que dejó Cospedal cuando se fue en 2015”.
“Quien no cumplió ni con sus objetivos ni con su eslogan electoral fue el PP de Cospedal. Prometieron empleo a cambio del voto, nos dejaron récord de paro y no hicieron ni un plan de empleo”.
Mientras, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha registrado este lunes una petición de comparecencia de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, para que dé explicaciones sobre el informe.
El diputado regional de la formación, David Muñoz Zapata, ha advertido de que su formación quiere que el Ejecutivo autonómico “rinda cuentas por algo que ya hemos denunciado muchas veces en Ciudadanos, y es que los Planes de Empleo necesitan ser reformados para que aumenten la posibilidad de encontrar trabajo a sus participantes como objetivo final”, haciendo la comparativa de que, los Planes de Empleo no se pueden ceñir a dar un pez, “tienen que enseñar a pescar”.
Ha avisado de que la formación naranja llevaba mucho tiempo avisando que “los Planes de Empleo no son políticas activas de empleo y deben reformarse”.
Las otras 'pegas' del Tribunal de Cuentas
Y es que, además de indicar que no se cumplieron los objetivos previstos, el Tribunal de Cuentas recoge entre sus conclusiones que “un tercio de las entidades de la muestra no publicaron adecuadamente la información para participar en el Plan de Empleo” o que la definición de los criterios de selección de los proyectos por las entidades fue “insuficiente y no permitía identificar los objetivos a alcanzar, las tareas a desarrollar, ni valorar su contribución a la futura empleabilidad de los participantes”.
Ni siquiera, apunta el tribunal, se tuvo en cuenta como criterio de selección de los proyectos la obtención de competencias laborales que mejorasen la empleabilidad futura de los participantes “aun cuando era uno de los principales objetivos del Programa de Rescate frente al desempleo de larga duración”.
También resalta que no se estableciese un procedimiento para la selección de proyectos, sino que se hizo “una simple remisión a los criterios de selección de las bases de las convocatorias”.
También se critican los ámbitos de actuación de los proyectos seleccionados y su objeto porque se priorizó desarrollar proyectos para apoyar o reforzar los servicios municipales insuficientemente dotados cuando estas actuaciones “debieron haberse prestado por empleados de los ayuntamientos”. En otros casos, se ejecutaron proyectos que tenían por objeto servir de apoyo al propio Plan “apartándose de sus objetivos y naturaleza” y además “en algunos de los ámbitos de actuación previstos en las convocatorias no se llegó a desarrollar ningún proyecto”.
Justificación y liquidación de proyectos “fuera de plazo”
También se analiza en el informe la justificación y liquidación de los proyectos que, según el informe “se realizó fuera de plazo”.
Además, una cuarta parte de las entidades fiscalizadas “no realizaron control para verificar que los fondos se destinaron a los fines establecidos en la concesión de la subvención”. En aquellos casos en los que hubo controles de seguimiento contable, sólo el 9,5 % de las entidades dispuso de procedimientos específicos de control interno para el Plan.
En cuanto a la ejecución de los proyectos, “la mayor parte de las entidades se limitaron a realizar un seguimiento genérico por los departamentos de empleo y de promoción económica, no realizándose seguimiento individualizado de la ejecución de los proyectos”.
Solo un 6,19% de los trabajadores fueron reinsertados y un 38% ni cotizaron
Respecto de los resultados del Plan el informe concluye que solo un 6,19% de los trabajadores contratados en el Plan de Empleo pueden considerarse reinsertados en el mercado laboral.
Además, un 38% de los participantes en el Plan no cotizaron ningún día a la Seguridad Social y aun cuando la contratación de jóvenes menores de 30 años era una prioridad del Plan, “su participación fue minoritaria y su representatividad entre los cotizantes a la Seguridad Social escasa”.
Otra de las conclusiones es que la práctica totalidad de las entidades locales participantes “no llevaron a cabo una formación adecuada para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores”.
También se analiza la financiación del Plan de Empleo y se concluye que los costes soportados por las entidades locales “sufrieron desviaciones muy importantes respecto a las previsiones de financiación a causa de factores que se debieron tener en cuenta en la planificación de la ejecución de los proyectos”.
Las recomendaciones a las entidades locales y a las diputaciones
Las recomendaciones en este informe se dirigen sobre todo a que las entidades locales participantes en futuros planes analicen “adecuadamente” de las necesidades del mercado laboral, los perfiles de las personas desempleadas y sus necesidades de formación con el objeto de planificar adecuadamente los proyectos a desarrollar y la formación a impartir para dar una respuesta más eficaz a las necesidades de la población demandante de empleo.
También se pide definir los criterios de selección de los proyectos para identificar los objetivos a alcanzar y las tareas a desarrollar por los trabajadores contratados y que se tenga en cuenta si contribuyen o no a la obtención de competencias laborales por los beneficiarios que mejoren su empleabilidad futura.
Por otra parte, se indica que las entidades locales participantes en planes de empleo “eviten” desarrollar proyectos para reforzar los servicios municipales insuficientemente dotados, que deberían prestarse por los empleados municipales, entre otras cosas.
Igualmente, se recomienda a las Diputaciones provinciales que “coadyuven adecuadamente” al estudio de las necesidades y la planificación de los proyectos, prestando apoyo a las entidades de menor dimensión y coordinando las actuaciones de todas las entidades participantes de su ámbito.