“Cosa que se hace o dice generalmente para obtener algún beneficio, sabiendo que será inviable o que no tendrá ninguna consecuencia”. Así define la RAE la expresión “brindis al sol”, que la patulea de Vox, tan entusiasta de la mal llamada “fiesta nacional”, conocerá por provenir del vocabulario taurino.
Y eso es ni más ni menos lo que ha hecho Santiago Abascal y su cuadrilla al proclamar solemnemente -conocida es la delgada línea entre lo solemne y lo ridículo- que ha roto relaciones con el Partido Popular. Pero solo con el PP nacional, sin que ello afecte a los pactos merced a los cuales ambos partidos cogobiernan cinco comunidades autónomas y mogollón de ayuntamientos.
Cuéntales tú, sin ir más lejos, a los 27 altos cargos de la Junta, empezando por el vicepresidente García-Gallardo Frings, que, habida cuenta de que el patriotismo está por encima de la billetera, hay que renunciar al momio y dejar que Fernández Mañueco y el PP se las compongan como puedan. (Los cinco “liberados” de las Cortes —los dos miembros de la Mesa y los tres portavoces del grupo parlamentario— se salvarían de la quema, pero no por mucho tiempo, ya que el taimado Mañueco dispondría automáticamente del plácet de Núñez Feijóo para adelantar otra vez las elecciones autonómicas tan pronto se produzca una convocatoria electoral, que a lo más tardar sería con ocasión de las europeas de junio, si es que no se anticipan las gallegas y/o las vascas).
Dile tú a la jefa de Vox en el ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal Crusat, que hay que dejar la primera tenencia de alcaldía y la concejalía de Cultura, esta última descaradamente pasada por el “mueco” para mayor lustre de la espigada riosecana del grupo popular que se ocupa, con idéntica retribución de 85.534 euros, del Turismo, los Eventos y la “Marca Ciudad”. (Si los sobrevenidos taurinistas de Vox no saben lo que es el “mueco” que se lo pregunten al consejero de Cultura, Gonzalo Santonja Gómez-Agero, erudito en materia de tauromaquia desde los tiempos donostiarras en los que compartía ideología con su admirado José Bergamín, el intelectual republicano autor de “La música callada del toreo”.
O que se lo digan al vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acítores (en Vox el apellido compuesto puntúa para optar a cargos), quien, después de tener que renunciar a su puesto ejecutivo en una promotora inmobiliaria, percibe del ayuntamiento 72.440 euros anuales, retribución ciertamente módica comparada con la de la alcaldesa, Cristina Ayala, quien se ha puesto un sueldo de 92.701 euros, el más alto de todos los ediles de Castilla y León.
El derroche salarial del Senado
Pese a haberse incrementado el sueldo un 17% sobre el que percibía el anterior alcalde, el socialista Daniel de la Rosa, Ayala puede justificarse argumentando que sigue cobrando mucho menos que en su anterior puesto político, la secretaría cuarta de la Mesa del Senado. Y tiene razón porque lo del Senado es el mayor dispendio político desde la restauración democrática. Y bien que se benefician de ello los senadores del PP de Castilla y León, que integran el grupo territorial más numeroso en la Cámara Alta. A la cabeza, eso sí, un “castellano-leonés” un tanto postizo, el “segoviano” Javier Maroto, quien como vicepresidente primero se levanta nada menos que la friolera de 136.100 euros anuales.
Al ex alcalde de Vitoria le sigue, y no de lejos, el leonés Antonio Silván, portavoz adjunto del grupo popular y presidente de una comisión, funciones que le reportan 129.136 euros. Ambos cobran más que la flamante portavoz del PP, la abulense Alicia Rodríguez, retribuida con 115.711 del ala, cantidad esta a la que no obstante hay que sumar, en tanto no renuncie, la correspondiente a su condición de portavoz del grupo popular en el consistorio de la ciudad amurallada.
Otros siete senadores del PP han pillado presidencia de comisión, lo que se traduce en una remuneración de 96.020 euros brutos al año. Es el caso de Jesús Julio Carnero, quien de esa forma incrementa ligeramente el salario de 89.347 euros que le correspondería como alcalde de Valladolid, Javier Lacalle, José Ángel Alonso, Jorge Domingo Martínez, Paloma Sanz Jerónimo, Gonzalo Robles y Fernando Martínez-Maíllo. Este último, “compadre” por excelencia del presidente Mañueco, tiene autorizado el ejercicio de la abogacía, labor que desempeña como socio “off counsel” del despacho Fuster-Fabra. Otros cinco senadores del PP, Juan José Sanz Vitorio, María José Ortega, José María Barrios, Juan Pablo Martín y Vidal García Jaramillo, están retribuidos con 89.913 y otros cuatro, Bienvenido de Arriba, Natalia Ucero, Jorge García Vega y Piedad Sánchez, 84.378. (Tampoco van mal servidos los diez senadores socialistas, ocho de los cuales están en el nivel de los 89.913).
El Senado ha sido precisamente el motivo de discordia que ha originado el “brindis al sol” de Vox, que reprocha al PP que no utilice suficientemente su mayoría absoluta en la Cámara Alta “para parar el golpe de Estado” protagonizado por el “felón” que “okupa” La Moncloa. Los ultramontanos no se conforman con que el PP haya modificado el Reglamento para dilatar de forma presumiblemente inconstitucional la tramitación de la ley de la amnistía que dejará impune a Puigdemont y demás “criminales” que perpetraron el anterior golpe en Cataluña.
Para los nostálgicos del franquismo, el Senado debería erigirse en una suerte de Alcázar de Toledo en defensa de la democracia a cuya llegada tanto han contribuido, junto a Abascal, los Ortega-Smith, Jorge Buxadé, Kiko Méndez-Monasterio, Julio Ariza, Víctor González Coello de Portugal y otros abnegados compañeros “mártires” demócratas de toda la vida.