El PP de Salamanca vuelve a estar bajo sospecha. Cuando se va a celebrar un congreso provincial un año y medio tarde y por orden de un juzgado, se han denunciado más de 2.000 afiliaciones nuevas en cuestión de dos meses. La situación recuerda a la que se dio en 2017 en la semana previa a las primarias que acabaría ganando el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Entonces, mediante lo que el partido denominó “donaciones altruistas” de cargos del PP, se pagaron cuotas atrasadas para que militantes que no estaban al corriente del pago pudiesen votar a favor de Mañueco. Para el fiscal, es un caso de presunta financiación ilegal del partido, pero la última palabra la tendrá el juez.
Ahora, a tres días de que se cierren las nuevas afiliaciones que permitirán votar en unas primarias provinciales el 3 de marzo, han aparecido más de 2.000 militantes nuevos. Para entender lo inédito de la cifra, un ejemplo: en las primarias celebradas en 2017 para elegir a Mañueco líder regional votaron en Salamanca 1.235 personas de las 1.474 personas que podían hacerlo. De las primarias para el día 3 y del congreso del día 11 pende el futuro del partido en la provincia de la que es oriundo el presidente regional. Un grupo de afiliados, liderado por Chabela de la Torre, pugna por un cambio en el PP salmantino, pero tuvieron que acudir al juzgado para que se pusiese fecha al congreso. Poco antes se había producido la dimisión el presidente provincial del partido, Javier Iglesias, imputado por el caso de las primarias de Mañueco. Ahora es una gestora quien dirige la formación provincial.
En medio de este proceso, según ha podido saber elDiario.es, desde la dirección regional del PP se ha puesto en marcha una campaña en la que se acude a los pueblos en un “puerta a puerta” para dejar los impresos de afiliación. El objetivo, dicen algunos de los contactados es que las primarias provinciales las gane el candidato oficialista, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. Para algunos militantes es una “secuela” de la situación de 2017.
El equipo de De la Torre acudió de nuevo a la Justicia para que acordase una medida cautelar de suspensión de las afiliaciones. La primera tanda, de algo más de 1.800 se coló en un comité directivo de diciembre que llevaba más de un año sin convocarse, cuando debería ser mensual y este punto ni siquiera figuraba su aprobación en el orden del día. De hecho, ni siquiera se informó del número de nuevas afiliaciones que se aprobaron. El pasado 9 de febrero ocurrió algo parecido. Entonces se dio luz verde a un número indeterminado de nuevas afiliaciones, si bien posteriormente se ha sabido que fueron 284. El número de afiliaciones se ha conocido al pedirlo De la Torre por escrito. El juzgado no ha estimado la petición. “Al margen de las meras manifestaciones de la parte solicitante, entendemos que no se han aportado medios probatorios suficientes que sirvan para fundar un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión”, dice el juez. Argumenta que, aunque en el caso de la convocatoria de diciembre “sí es cierto que no consta referencia alguna sobre la aprobación de nuevas afiliaciones” y que se acabaron aprobando, “este solo elemento no se considera a estos efectos indicio suficiente en relación a la medida que se solicita, mayormente cuando incluso los estatutos del partido prevén en la página 91, en el punto 6, la posibilidad de excepcionar los requisitos de las convocatorias en los casos de urgencia”.
Los demandantes, en un comunicado explican que es “lógico” que no hayan podido aportar pruebas suficientes “porque los documentos acreditativos de las afiliaciones nunca fueron presentados” y “obviamente” nunca pudieron tenerlos. “Aún aceptando el criterio del Juzgado, como no podría ser de otra manera, nos preguntamos qué más pruebas son necesarias para anular una votación que se efectuó sin constar en el orden del día de la reunión de la gestora, y tras la negativa de su presidente a facilitar información alguna previa a la votación”, añaden. Por ello, instan al comité organizador del congreso provincial y a su presidente a “ejemplificar la transparencia y la legalidad de un proceso democrático de tanta relevancia para nuestro partido, y suspender las afiliaciones denunciadas”. Indican que la situación “solo genera desamparo, desconfianza e inseguridad en los militantes del Partido Popular de Salamanca. Y es obligación tanto del Presidente del Comité organizador del Congreso como del Presidente de la actual gestora acabar con esta deriva a la que están sometiendo a toda la militancia”.
Además, ante la “indefensión”, pedirán amparo a la dirección nacional del Partido Popular y lo harán tirando de Estatutos. El articulo 4.5 de los estatutos de la formación establecen que la condición plena de afiliado se adquiere únicamente tras el reflejo de su alta en el Censo Nacional del Partido.