Castilla y León elabora un único plan de calidad del aire y no varios específicos como pedía el Tribunal Supremo. En junio de 2020, el Alto Tribunal desestimó el recurso de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente -dirigida por el juez Juan Carlos Suárez Quiñones- en contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. El TSJ daba la razón a Ecologistas en Acción en 2018 y obligaba al gobierno autonómico a elaborar y aprobar Planes de Calidad del Aire para las zonas de Salamanca, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, Sur y Este de Castilla y León, una petición de 2016.
En esas seis zonas se superaron los objetivos legales establecidos por la normativa europea y española de calidad del aire para el ozono troposférico desde 2010 hasta 2016. Con el paso de los años y la detección de estos picos de contaminación, se incorporaron a la lista hasta los ocho. Sin embargo, Castilla y León se ha limitado a elaborar un solo plan con medidas generales que resume en unos párrafos las características de cada zona: población, el relieve, la vegetación y el clima, principalmente.
Las zonas en concreto de las que habla son cinco -Duero Norte, Duero Sur, Montañas del Sur, Valle del Tiétar y el Alberche y Aglomeración de Valladolid- y no ocho como aparece en las peticiones de Ecologistas, asociación que ya ha anunciado que alegará en el proceso de información pública y en el Tribunal Supremo en el procedimiento de la ejecución de sentencia.
Se incluyen las zonas en las que se registra una superación del Valor Objetivo Diario del ozono (más de 25 días al año) que elimina a Salamanca por no superarlo y divide dos estaciones (El Maíllo y Muriel de la Fuente) en dos zonas diferentes (montaña Sur y Soria-Demanda), aunque ambas pertenecen a la zona Sur y Este de Castilla y León. Además, cabe destacar que en la tabla general de todas las estaciones, faltan tres estaciones en las que se superaron los niveles máximos y a las que posteriormente se hace referencia en varias ocasiones: Peñausende, El Maíllo y San Martín de Valdeiglesias.
Este plan se ha elaborado en base a los datos de las estaciones que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene repartidas por toda la comunidad. En Castilla y León hay 54 estaciones de control de calidad del aire, de las cuales solo 30 miden el ozono.
La Junta de Castilla y León apuesta por un plan único en lugar de uno específico para cada zona, como hacen otras comunidades autónomas como la Comunitat Valenciana, Euskadi o Andalucía. “Aparentemente es una chapuza completa. La Ley exige que se elaboren esos planes zonales, con un diagnóstico específico porque la situación no es la misma en Valladolid que en el Norte de Castilla y León. Presentan unas medidas que sirven igual para Castilla y León que para el norte de Alemania”, afea Miguel Ángel Ceballos desde Ecologistas en Acción, que reconoce que parte del ozono procede de fuera de Castilla y León, pero cree que “se puede identificar” e implantar “medidas eficaces y específicas”. “Solo es para aparentar ante el Tribunal Supremo que ejecutan la sentencia”, rechaza.
Ni una mención al Tribunal Supremo
Además, en este plan no se hace ni una mención al motivo real de la elaboración de este plan: las dos sentencias en contra. La Junta establece este otro argumento, en el que alude a la responsabilidad del gobierno autonómico, aunque menciona el mismo artículo al que tanto TSJ como el Supremo aluden para obligarles a elaborar el plan: “Visto que desde el ministerio (sic no se va a desarrollar el plan nacional para la reducción de la contaminación por ozono troposférico en un breve plazo y que la obligación legal recae sobre esta administración autonómica según, se ha procedido a la elaboración del presente PMCAOT”.
La Junta se ha visto obligada a elaborar este plan, puesto que para el Tribunal Supremo la elaboración de los planes y programas para la protección de la atmósfera corresponde a las autonomías y “no está vinculada a la previa elaboración por el Estado de los Planes respectivos”.
Desde el principio los técnicos de la Consejería advierten que este plan tendrá “deficiencias” porque ven “necesario” que el Gobierno de España elabore un plan “que marque las pautas del contenido de los planes regionales”. “Se hace necesaria y fundamental la elaboración e implantación de un plan de ámbito suprarregional o a escala superior a la región de Castilla y León”, defiende en la introducción la Consejería.
Las medidas del plan son generales
La Junta de Castilla y León ha presupuestado un coste anual de este plan de calidad del aire en 1,4 millones de euros (parte cofinanciados por Europa) que irán destinados a talleres de formación en municipios, el apoyo económico a proyectos de movilidad sostenible en los municipios, análisis de emisiones de Óxidos de Nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles no metanos (COVNM) procedentes del transporte por carretera y de las fuentes industriales. También se pretende hacer campañas de comunicación sobre el consumo en los hogares y de educación ambiental sobre el ozono, un estudio piloto para plantación de especies arbóreas y un estudio que cuantifique el metano, entre otros.
Además, en este plan -al que se puede alegar hasta el 16 de abril- prevé elaborar un inventario con las principales actividades emisoras de precursores del ozono o un estudio que permita conocer si hay o no un aumento de las consultas de las personas sensibles en las zonas donde los niveles de ozono son más elevados y durante los periodos en que se produzca esa elevación.