La trama rusa del procés, una de las causas que podían quedar excluidas de la amnistía, ha quedado tocada –está por ver si hundida– este martes. La Audiencia de Barcelona ha frenado al juez instructor Joaquín Aguirre, y le ha impedido seguir investigando tanto la pieza de la macrocausa Voloh que indagaba la posible conexión rusa con el Govern de Carles Puigdemont, así como otras piezas separadas del caso.
Los magistrados, en un auto, revocan la prórroga de las pesquisas que ordenó el juez en agosto de 2023. La decisión de los magistrados implica que el juez debe decidir ahora si envía el caso a juicio o lo archiva. Pero lo relevante es que el juez, que había señalado en varios autos a Puigdemont en la trama rusa pese a que el expresident era aforado al ser eurodiputado, pierde el control de los tempos de la causa en vísperas de resolver si la excluye o no de la amnistía, y no puede recabar más indicios contra el expresident.
Según argumentan los magistrados, ni el juez que sustituía a Aguirre durante sus vacaciones ni después el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona justificaron de forma adecuada por qué mantener abierta una causa abierta en 2020. Es más, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona afea al instructor haber mantenido el caso en “seis meses de completa inactividad”.
La pieza separada que investiga la trama rusa se ha convertido, en palabras del tribunal que revisa las decisiones del juez Aguirre, en “un repositorio de informes policiales” que, a su vez, sirven para abrir nuevas piezas separadas, sin que la investigación “haya avanzado sustancialmente” respecto a los hechos inicialmente investigados en 2020: la famosa conversación del exconvergente Víctor Terradellas que esbozaba un supuesto plan de 10.000 soldados rusos para facilitar la independencia de Catalunya, a la que el juez dio credibilidad.
El auto de la Audiencia de Barcelona desmonta los argumentos que expuso el juez Aguirre para prorrogar el caso. Apuntó el instructor a la necesidad de “practicar más diligencias” y a la “complejidad” de la causa para prorrogar la investigación, pero los magistrados vetan ese argumento al resultar demasiado “genérico”. Es más, los togados resaltan que el juez “no explicitó los motivos que han impedido la finalización de la instrucción en el plazo legalmente establecido”.
“No vale escudarse en un planteamiento genérico ni en una extraordinaria complejidad de la causa salvo supuestos excepcionales y sobrevenidos debidamente justificados, lo que no es el caso”, zanja el auto. Incluso precisa el auto que la causa no ocupa “decenas de miles” de folios, como sostuvo Aguirre, sino 8.583. También afean los magistrados al juez que prorrogara otras piezas separadas con los mismos argumentos genéricos, lo que, en palabras de los togados, “denota su carácter estereotipado”.
En lo que supone una crítica inusual de un tribunal a un juez instructor, los magistrados también consideran que Aguirre “había dispuesto del tiempo suficiente” para estudiar los últimos informes policiales que llegaron a la causa en enero de 2023 y para poder decidir qué diligencias nuevas tomar a partir de los informes, pero que no lo hizo.
Cabe destacar además que la misma sección de la Audiencia de Barcelona sí había respaldado al instructor en anteriores fases del caso. Los jueces, por ejemplo, avalaron los pinchazos telefónicos que el juez acordó contra miembros del denominados 'Estado mayor' del procés, como los empresarios David Madí y Xavier Vendrell.
Este mismo martes, en otro auto, los jueces han a descartado apartar del caso Voloh al juez Aguirre, que fue recusado por Gonzalo Boye (abogado de Puigdemont y de su asesor Josep Lluís Alay) por una entrevista con una televisión alemana en la que el juez hablaba de la supuesta injerencia rusa en el procés. En suma, la Audiencia de Barcelona deja al juez Aguirre al frente del caso, pero solo para poner fin a su investigación.