El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la primera compra de vivienda protegida sobre plano, de acuerdo con la normativa urbanística que obliga a que las nuevas promociones destinen el 30% de los pisos a Viviendas de Protección Oficial (VPO).
El consistorio adquirirá ocho pisos de entre 71 y 89 metros cuadrados, con respectivas plazas de aparcamiento y un trastero, que estarán disponibles a partir de 2024.
Estas viviendas, por las cuales el Ayuntamiento pagará 2,1 millones de euros, están en el distrito de Sant Andreu, concretamente en el barrio de Congrés i els Indians, en el que no hay ni vivienda pública ni solares disponibles para la construcción. Estas VPO, pues, proceden de un edificio que se encuentra en proceso de rehabilitación.
Según el Ayuntamiento, esta compra permite diseminar la vivienda pública en zonas “especialmente necesitadas” y establecerá un precio por metro cuadrado de 2.549 euros, una cifra marcada por ley y “más asequible que la compra a precios de mercado”.
Desde que Ada Colau llegó al consistorio en 2015, Barcelona ha comprado 1.361 pisos diseminados por toda la ciudad, para los que ha destinado 152,6 millones de euros. De estas viviendas, 296 son VPO. Con esto, el parque público de la ciudad supera las 11.500 viviendas y hace de Barcelona la ciudad de España con más VPO por habitante.
Destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda social
El Ayuntamiento de Barcelona decretó en 2018 una normativa que obligaba a que las nuevas promociones o aquellas que estuvieran en procesos de reforma integral reservaran el 30% de la obra a pisos de alquiler social.
El consistorio detectó el pasado verano que al menos 17 obras han esquivado esta obligación, a las que se incoarán sanciones de entre 90.000 y 900.000 euros, al considerar que había “voluntad de estafa”, según declaró la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz.
Igualmente, el Ayuntamiento exigirá a estas promociones los pisos que deberían haber dedicado a vivienda protegida que, según se calcula, deberían ser unos 70.
Estas infracciones se detectaron en el marco de una campaña de inspección en que se investigaron 1.368 fincas con permisos de obra entre enero de 2019 y abril de 2022.