Daniela vuelve un día más a casa. A la entrada de su edificio, en la calle Leiva 37 del barrio de Sants de Barcelona, un vigilante de seguridad mira de un lado a otro de la calle. Vela por la preservación de las doce viviendas del bloque. La empresa Vauras Investment, con sede en la capital catalana y dedicada a la promoción inmobiliaria, ha comprado todos los pisos y ha comunicado a los inquilinos que no renovará sus contratos de alquiler.
Los alquileres de Daniela y del resto de inquilinos finalizan entre junio y noviembre. Hay cinco familias bajo prórroga de un año en su contrato y otras cuatro con uno de renta antigua, una de ellas con más de dos décadas en Leiva 37. El BBVA, anterior propietario del edificio, les anunció a principios de año que les dejaba de cobrar los alquileres y a lo largo del pasado mes de febrero fueron recibiendo cartas de Vauras Investment, en la que se les decía que sus contratos no serían renovados.
Ante este hecho, Daniela y su pareja buscaron un alquiler similar al de su ático de 75 metros cuadrados en el barrio de Sants. Incluso preguntaron a la empresa sobre la adquisición o la renovación del alquiler de sus actuales casas, a lo que aseguran que Vauras contestó: “Los pisos ahora ya no estarían a su alcance”. Este medio no ha obtenido respuesta de los correos y llamadas realizadas a Vauras Investment.
El caso de Daniela y los vecinos de la calle Leiva no es único en Barcelona: la historia se repite, como mínimo y con otras empresas, en fincas de las calles Lancaster, Lleida o Bartomeu. Promotoras inmobiliarias están comprando inmuebles enteros en la ciudad, con inquilinos con contrato de alquiler vigente, a la espera de que caduquen para poder volver a alquilar o revenderlos a precios más elevados.
La mecánica de estas compañías se repite en la mayoría de fincas: los vecinos, por lo general, no tienen la menor idea de la operación hasta que esta ya está muy avanzada, pese a que las empresas adquieren los bloques enteros con los inquilinos residiendo todavía en ellos. El destino de los pisos, aunque estén situados en barrios trabajadores, como el caso de Leiva, es un comprador o inquilinos de mayor poder adquisitivo, tanto del estado como del extranjero.
Cuando Daniela y sus vecinos fueron a buscar otro piso se encontraron con la burbuja del alquiler que vive Barcelona Al no encontrar nada por debajo de los 1.200 euros –el alquiler medio en Leiva 37 rondaba los 800 euros–, los inquilinos del bloque de Leiva se unieron y decidieron acudir a la PAH de Barcelona con sede, casualmente, en la acera de enfrente del inmueble de Leiva.
“Hace unos meses que llegan casos a la plataforma como el de Leiva, pero ahora se están intensificando. Por suerte, los vecinos se están organizando”, valora el portavoz de la PAH, Carlos Macías. El activista señala al Gobierno central. “Lo que abre la puerta a todas las situaciones que se viven ahora mismo en la ciudad es la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos [LAU]”, asegura.
Macías explica que el cambio legislativo permite al comprador de una propiedad entera rescindir los contratos de alquiler dando solo tres meses de prórroga si los contratos de no están formalizados en el registro de la propiedad –una práctica que no siempre se da. “La LAU aprobada por el PP hace muy barata la compra de bloques enteros”, añade. Macías alerta además del peligro que prácticas como la de los fondos y promotores en Barcelona se extiendan a otras grandes ciudades.
Igual que los vecinos de Leiva, el portavoz de la PAH considera que el Ayuntamiento tiene varias opciones: revocar la compra y hacer cálculos para adquirir el bloque o intentar una mediación con el nuevo propietario. Por su lado, la concejala de Ciutat Vella (donde hay dos inmuebles adquiridos por fondos de inversión), Gala Pin, se muestra poco optimista de los resultados de los encuentros. “No quieren negociar”, aqueja Pin. El Ayuntamiento ha denunciado los métodos de algunas de estas firmas y el mensaje es que “no se permitirá” ninguna situación de 'mobbing' en los inmuebles de la ciudad.
Para muestra de la situación, un botón: Pin se enzarzó hace unos días en una tensa discusión en directo en TV3 con uno de los responsables de una de las empresas inversoras en Barcelona, MK Premium. El trabajador citaba como “infundadas” las acusaciones –vertidas desde la PAH y también desde el Ayuntamiento– de coacción a los vecinos en sus operaciones.
Las coacciones, mediante la presencia de vigilancia privada o mediante el ofrecimiento de sumas de dinero “dependiendo del perfil del inquilino” –aseveró Gala Pin en su cara a cara con MK Premium– para abandonar contratos de alquiler vigentes, las reconocen los vecinos consultados por este medio en el bloque de Leiva.
“No pensábamos que todo esto, un proceso de gentrificación así, nos afectaría, viviendo tan lejos del centro”, comenta ahora Daniela, que valora como la experiencia en las propias carnes de la compra vertical ha servido a los vecinos de Leiva para articular una lucha comunitaria. “Por suerte gracias a esto nos hemos unido, pese a ser gente muy diversa: mayores, pequeños, de aquí de allí. Y vamos a dar guerra”, zanja Daniela.