Blanca, la anciana que será desahuciada por una deuda de 88 euros: “Quería morirme en mi casa”
Blanca Espinosa tiene 78 años y es vecina del barrio Gótico de Barcelona desde hace casi medio siglo. “Llegué a esta casa vestida de novia”, recuerda mientras repasa todos los rincones de su hogar. Toda una vida de recuerdos con sus dos hijos y su marido, fallecido hace tres años. “Yo quería morirme en mi casa”, dice la anciana, que rompe a llorar. Sabe que su deseo puede no cumplirse por culpa de una deuda de 88 euros contraída con la propietaria por unas obras que se realizaron en su casa en 2017.
El desahucio está fechado para este miércoles por la mañana. Pocas horas antes, Blanca confiesa estar desesperada. “No he hecho nada y quieren que me vaya”, se lamenta. Explica que sobrevive a base de “tres bolsas de manzanilla en cada taza” y de “rezar incansablemente” a San Judas Tadeo, patrón de las causas perdidas.
Su causa particular empezó una primavera de hace seis años, cuando descubrió que tenía una fuga de agua y pidió a la propietaria –una mujer que posee diversos pisos en Barcelona– que se hiciera cargo de las obras.
Se reformaron varios desagües y se levantaron suelos. Según la casera, Blanca habría aprovechado para solicitar algunas mejoras como “modificar las instalaciones de agua, electricidad y gas, así como el cambio de algunos muebles y electrodomésticos”, según figura en la demanda de desahucio, a la que ha tenido acceso elDiario.es.
La propietaria aceptó las peticiones de Blanca y pagó los gastos, tal como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Hasta ahí, todo normal. Pero acordó una “contraprestación”, que suponía que Blanca debía pagar 88,80 euros más al mes, con lo que su renta pasaría de 191 euros a 280 durante seis meses (hasta pagar un total de 532 euros).
La propietaria del piso, al ser preguntada sobre por qué hicieron pagar a su inquilina por unas obras cuando la LAU estipula que es la propietaria la que debe correr con los costos, ha respondido a este medio: “¿Es que no tienen ustedes asesores jurídicos?”.
José Martínez, abogado de la propietaria, se ampara en la LAU, “pero no la actual [de 1994], la anterior [de 1964]”. El texto antiguo estipula que el arrendador puede exigir el 8% del capital invertido en unas obras en concepto de “compensación parcial”. Pero el texto actual –y en vigor– deja claro que es el arrendador quien está “obligado, sin derecho a elevar por ello la renta” a sufragar todas las obras -siempre y cuando no se deban a desperfectos causados por el inquilino.
El abogado asegura que las obras fueron “pactadas por ambas partes” y que la inquilina “acordó una compensación para la propietaria”. Pero Blanca asegura no haber accedido a eso. “No sería la primera vez que me hacen firmar algo engañada”, asegura. Aún así, explica que aceptó el pago, pero se comprometió a realizarlo cuando “arreglaran el estropicio”, cuenta.
“Mira cómo nos dejaron la casa. Un desastre. Los cajones no cierran, las baldosas se mueven...”, explica la mujer. Por eso, decidió que no pagaría esos 88 euros de más hasta no ver resultados. Durante tres meses, se limitó a abonar su renta normal y corriente, pero la primera amenaza de desahucio por parte de la propietaria no se hizo esperar.
Desde Servicios Sociales recomendaron a Blanca que no se la jugara y que pagara lo que debía. Abonó la cantidad de más que pedía la propietaria menos en una de las mensualidades. Pero antes de que pudiera acabar de sufragar la deuda y, cuando sólo le quedaba una cuota por pagar, llegó la demanda de desahucio. Blanca asegura que esa deuda ya está pagada, un extremo que la propietaria se ha negado a confirmar a preguntas de esta redacción. Lo que sí hizo la dueña del piso fue seguir adelante con el proceso de desahucio de la anciana.
Un barrio sin vecinos
La demanda de desahucio fue desestimada por el juzgado de primera instancia, que sentenció que esos 88 euros mensuales extras eran en concepto de “compensación” y que, por tanto, no se podían entender como parte del alquiler de Blanca. Y como ella en todo momento pagó los 190 euros que figuraban en su contrato, no se la podía desahuciar por impago del alquiler. Igualmente, la jueza decretó que debía ser otro juzgado el que decidiera sobre si dicha “compensación” se acogía a la LAU o no.
Pero la propietaria recurrió la sentencia a la Audiencia de Barcelona, que consideró que esa compensación sí pasaba a engrosar la renta que la anciana debía pagar por su casa, por lo que la sentenció a ser desahuciada por una deuda de 88,80 euros.
Diversos colectivos de activistas por la vivienda han convocado una concentración a las puertas de casa de Blanca para evitar el desahucio. Ella confía y no tiene más que palabras de agradecimiento para sus vecinos y también para las asistentas de Servicios Sociales, que ya le están buscando un piso al que trasladarse si, finalmente, la echan de su casa.
“Dios sabe a dónde me van a mandar”, se lamenta la mujer. Tiene un contrato vitalicio, por lo que la propietaria no puede rescindirlo hasta que muera. “Me dirás si no se podían esperar, para lo que me queda...”. Pero tanto Blanca como el grupo de vivienda 'Resistim al Gòtic' acusan a la propietaria de querer echar la anciana para convertir el piso en un apartamento turístico, algo que la propietaria no ha querido desmentir ni confirmar.
“Yo pago poquísimo, pero los turistas pagan unos 1.000 euros al mes. Mi piso es un caramelito”, dice esta vecina del Gòtic, uno de los barrios más gentrificados de Barcelona. En el edificio en el que vive Blanca sólo quedan dos vecinas de la ciudad. El resto, son turistas o 'expats'. “Era cuestión de tiempo que intentaran echarnos, porque ya no queda nadie del barrio. Pero no sabes lo que estoy rezando para intentar evitarlo”, asegura Blanca.
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