Las diferencias entre los acuerdos de ERC y Junts: catalán en Europa, investigación del 17A y desjudicialización

El independentismo catalán ha tenido este jueves la llave de la mayoría progresista del Congreso. El PSOE ha conseguido situar a Francina Armengol como presidenta tras suscribir sendos pactos con ERC y Junts, que se han negociado in extremis. Los textos de los acuerdos, que se han cerrado en paralelo, guardan enormes similitudes entre sí y versan sobre la defensa de la lengua catalana, el reimpulso de comisiones de investigación o que la Mesa facilite las vías legales necesarias para continuar con la desjudicialización. Pero, ¿cuáles son las diferencias?

Los matices de cada acuerdo indican en qué hace más hincapié cada partido. Para empezar, el acuerdo de ERC engloba sus conquistas en tres puntos: que se permita el uso de lenguas oficiales diferentes al castellano en el Congreso, que haya una comisión de investigación sobre el uso del programa Pegasus para espiar a independentistas y un tercer epígrafe, más ambiguo, en el que se incluye un compromiso para continuar la desjudicialización por las “vías legales necesarias”. ERC entiende que esto último incluye una ley de amnistía, aunque no figure así en el acuerdo.

El papel suscrito en el caso de Junts tiene diferencias importantes. Por un lado, no aparece nada sobre la desjudicialización, ni mucho menos sobre la amnistía, ni siquiera como compromiso de que la Mesa no bloquee una iniciativa de este tipo. Sí se amplía, en cambio, el supuesto sobre el catalán. Además de insistir en que se permita su uso en el Congreso, Junts ha conseguido también que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, haya enviado este jueves una comunicación oficial a la Presidencia del Consejo de la Unión para reclamar que las lenguas catalana, gallega y vasca sean incluidas en el régimen lingüístico de la UE.

La petición, sellada este mismo jueves y que supuso una prueba de peso en la negociación con Puigdemont, no menciona en ningún momento la oficialidad de catalán en la UE. Sin embargo, Junts considera que se trata de un paso tangible y enormemente relevante para el reconocimiento de la lengua en el marco internacional.

Otro de los puntos en los que coinciden ERC y Junts es en reclamar la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre el caso Pegasus, el programa espía con el que se realizaron escuchas a decenas de cargos y activistas independentistas por parte, supuestamente, del Gobierno. “En esta comisión también se ha pactado que no se vetarán comparecencias de personas que tengan que ver o puedan aportar información sobre los hechos”, indica Junts.

En cambio, los de Carles Puigdemont también exigen una comisión de investigación que no aparece en el documento firmado con ERC: la del atentado del 17 de agosto de 2017, en la Rambla de Barcelona y Cambrils. A este episodio siempre le ha acompañado una teoría de la conspiración involucrando a servicios secretos del Estado, una versión que la sentencia descartó, pero que ha tenido cierto predicamento entre sectores de Junts.

“Junts ha acordado la creación de esta comisión por el derecho a saber la verdad. Hay muchos interrogantes que resolver todavía y Junts quiere llegar hasta el final. Es necesario aclarar la vinculación del CNI con el imán Es-Saty, si los aparatos del estado tenían información sobre el atentado y es necesario aclarar por qué no se pudieron evitar. El acuerdo incluye que no habrá veto de comparecencias de personas que tengan que ver o puedan aportar información sobre los hechos”, apunta el comunicado de Junts.

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