El conflicto que mantienen grandes empresas privadas con las administraciones públicas catalanas por la gestión del agua tiene dos grandes frentes en los ámbitos autonómico y metropolitano: el que afecta a Aigües Ter Llobregat (ATLL) y a la empresa mixta del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ambos pendientes de una sentencia definitiva del Tribunal Supremo. Sin embargo, en los últimos meses la guerra del agua ha cobrado intensidad a nivel local. El Ayuntamiento de Terrassa, la cuarta ciudad más poblada de Catalunya, quiere recuperar la gestión del agua en el municipio, que lleva 75 años en manos de Mina, grupo liderado por Agbar.
Todas las miradas están centradas en la manifestación convocada para este domingo por parte de casi un centenar de partidos y entidades. Bajo el lema “Se escribe agua y se lee democracia”, la marcha quiere mostrar su apoyo al consistorio que encabeza Jordi Ballart (PSC) en su plan para recuperar la gestión pública del servicio. Ada Colau o Gabriel Rufián han animado públicamente a participar en la manifestación.
El conflicto entre el Ayuntamiento y Mina está enquistado y judicializado. Ambas partes reconocen que el diálogo está roto actualmente y no esconden que serán los tribunales los que tendrán la última palabra sobre la municipalización del servicio, algo por otro lado habitual en estos casos. Mientras el Ayuntamiento apuesta por una gestión 100% pública, la empresa quiere seguir prestando el suministro, por ejemplo a través de una empresa mixta con participación municipal.
El contrato de concesión del suministro de aguas de Mina con el Ayuntamiento de Terrassa se firmó en 1941 y terminó el pasado mes de diciembre. El pleno municipal aprobó entonces revertir los bienes de Mina al consistorio y aplicar a la empresa una prórroga forzosa del servicio hasta junio de este año. Las medidas recibieron el visto bueno de 20 de los 27 ediles del consistorio (PSC, Terrassa en Comú, ERC-MES y CUP).
La empresa recurrió los dos acuerdos, como ya había hecho con la designación del experto en gestión pública Joan Gaya como comisionado del agua al entender que su trayectoria denotaba falta de objetividad e imparcialidad a favor del modelo público. El TSJC todavía tiene que pronunciarse sobre todos los recursos.
¿En qué estado se encuentra concretamente la municipalización? El primer teniente de alcalde, Alfredo Vega (PSC), explica que la liquidación de la concesión con Mina está aprobada “formalmente” pero no se ha conseguido “materialmente”. “El Ayuntamiento ya tendría que estar llevando la dirección de la empresa y esto no se está produciendo”, reconoce. El motivo, denuncia Vega, es que Mina no tiene una “actitud colaboradora” y no entrega toda la información que le ha requerido el consistorio, como por ejemplo el detalle de las nóminas de cada uno de los 125 trabajadores de la empresa.
Desde Mina rechazan que pongan trabas al Ayuntamiento. El director general de Mina, Josep Lluís Armenter, explica que la empresa podría incurrir en una infracción si entregase directamente al consistorio (en vez de a una empresa municipal) datos “privados” sobre el know-how de la empresa o “sensibles” como el detalle de las nóminas o las domiciliaciones bancarias de los clientes. El posicionamiento de la empresa cuenta con el respaldo de la Agencia Catalana de Protección de Datos. “Hemos entregado todos los datos de forma agregada”, añade.
El coste de liquidar la concesión
Vega explica que la compañía tiene que proporcionar datos para que el Ayuntamiento pueda calcular el coste final de liquidar la concesión. En este sentido, Vega contempla tres escenarios posibles: que la liquidación no tenga coste alguno para las dos partes o que, por contra, Mina o el consistorio tengan que pagar.
“En los números finales seguramente habrá discrepancias y el asunto terminará en manos de un juez”, asevera Vega, que, con todo, niega que el consistorio tenga que afrontar una indemnización millonaria. “No contemplamos un escenario como el que dice Mina en el que el Ayuntamiento tenga que pagar 60 millones para gestionar el servicio”, asegura. En cualquier caso, Vega da por descontado que el Ayuntamiento ampliará otros seis meses más la prórroga forzosa del servicio, por la que municipalización no se consumaría hasta, como mínimo, el año que viene.
Armenter, por su lado, todavía ve margen para llegar a un acuerdo y pide al Ayuntamiento que estudie su propuesta de crear una empresa mixta con una “participación equilibrada” entre consistorio y empresa. “El Ayuntamiento no va ni contra Mina ni contra nadie. Sólo reclamamos la libertad y la autonomía de los poderes públicos para decidir cómo gestionar los servicios básicos, y en este caso creemos en la gestión pública del agua”, responde Vega.
Vega reconoce que el caso de Terrassa, la cuarta ciudad catalana, con 215.000 habitantes, puede marcar un precedente en la tendencia a la municipalización que se ha instalado en los ayuntamientos. Mina, la empresa más antigua del Registro Mercantil, presta el servicio desde hace más de un siglo. Se constituyó en 1842 y en 1941 logró la concesión que finalizó el año pasado y que ha abierto la caja de los truenos. Agbar es el socio industrial de la empresa con un 35% de su capital, mientras que el resto se lo reparten los miembros del consejo de administración y unos 500 accionistas minoritarios. Mientras Ayuntamiento y Mina mantienen su conflicto, la ciudadanía dirá la suya este domingo en las calles de Terrassa.