La tesis de defensa del Gobierno en relación al espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los independentistas corre el riesgo de ser desmentida. El juez que investiga el espionaje al president de la Generalitat mediante el programa Pegasus sospecha que el CNI pudo infiltrarse en el móvil del dirigente de ERC sin pedir el permiso al Tribunal Supremo, tal y como le obliga la ley.
Según informan a elDiario.es fuentes jurídicas, la necesidad de investigar más y corroborar si el CNI espió a Aragonès sin aval del Supremo ha hecho que el magistrado Santiago García prorrogue la instrucción del caso y rechace la última petición para archivar la causa de la exdirectora del CNI Paz Esteban, único cargo gubernamental imputado por el espionaje.
El juez instructor tiene sobre la mesa dos tesis opuestas: la defensa de Esteban, que ejerce la Abogacía del Estado –dependiente del Gobierno– sostiene que no hay delito alguno toda vez que el espionaje a Aragonès estuvo autorizado por el Tribunal Supremo.
Por contra, Aragonès mantiene que, aunque cuente con el aval del Supremo, el espionaje del CNI –reconocido por el propio centro en sede parlamentaria– es ilegal al basarse en motivaciones políticas, algo que prohíbe la ley. La excusa del centro para pedir intervenir todas las comunicaciones de Aragonès fue que era un supuesto líder de los Comités de Defensa de la República (CDR), un papel que el dirigente independentista nunca ejerció.
Además, ahora Aragonès, al que representa el penalista Andreu Van den Eynde, ha encontrado una nueva baza para lograr sentar a Paz Esteban en el banquillo: a través de un informe pericial, la defensa del president ha detectado que su teléfono móvil fue espiado incluso antes del periodo –julio de 2019 a marzo de 2020–que autorizó el juez del Tribunal Supremo encargado de avalar las peticiones del CNI para vulnerar derechos fundamentales.
En concreto, según el análisis pericial de un laboratorio privado encargado por Aragonès, una de las infiltraciones del programa Pegasus en el móvil del dirigente de ERC se produjo en julio de 2018, esto es, un año antes de los ataques autorizados por el Tribunal Supremo.
La hipótesis de que el CNI también estaría detrás de este espionaje sin permiso judicial estriba en que el SMS a través del que se ejecutó el primer espionaje del año 2018 –Aragonès abrió un link malicioso incluido en el mensaje que contenía el programa Pegasus– está vinculado a un servidor idéntico al que terminaron los datos del móvil del president obtenidos mediante el espionaje avalado por el Supremo un año después.
Para corroborar la tesis del informe pericial aportado por Aragonès, el juez previsiblemente requerirá a los Mossos d'Esquadra un dictamen pericial como Policía Judicial imparcial sobre el móvil del president, tal y como han hecho otros jueces que investigan las infiltraciones con Pegasus en los dispositivos de otros dirigentes independentistas.
En su informe del pasado mes de enero, los peritos informáticos de los Mossos concluyeron que los terminales móviles de los dirigentes de ERC Diana Riba y Josep Maria Jové fueron infectados por un programa malicioso que Pegasus. Debido a la magnitud del ataque, los informáticos de la policía catalana no pudieron descartar que el programa espía hubiera estado activo en días posteriores a las infecciones, producidas en 2019 y 2020.
En suma, el informe pericial será la prueba del algodón a una causa que encara su recta final de la investigación después de una desclasificación inédita pero incompleta por parte del Gobierno a los autos del Supremo que, a petición del CNI, autorizaron el uso de Pegasus en el móvil de Aragonès.
El instructor quería saber si el CNI dispone de licencia de uso del programa, si fue el centro u otro organismo el que lo compró a la empresa israelí NSO Group y qué “concretas personas” del organismo y de la firma participaron en la compraventa.
También solicitó al centro que aportara los documentos relativos al encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte del uso de Pegasus, así como que el CNI remitiera los registros de empleo del programa espía en el móvil de Aragonès. Pero el Gobierno rechazó proporcionar al magistrado toda esta información ya que, según argumentó el Ejecutivo, “supondría generar un riesgo y amenaza grave, cierta y actual para la vida e integridad de las fuentes y colaboradores del CNI”.