“No vamos a especular con elecciones, si quieren, que gobiernen en minoría”, afirmó el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, la semana pasada. Una insinuación que han consolidado en los últimos días primero la portavoz del partido, Elsa Artadi, y después la presidenta del Parlament, Laura Borràs. “Estamos más lejos de entrar al Govern que de no estar”, afirmó la jefa de la Cámara. El mensaje de Junts carga la responsabilidad del acuerdo a ERC, a la vez que evita una repetición electoral que ya prometieron no forzar. El paso a la oposición es además una vía que ven con buenos ojos algunos sectores del partido.
Pero hay una razón de peso para que esta no sea la opción prioritaria: en la oposición Junts perdería el control sobre cerca de 200 altos cargos y asesores entre puestos directos y entidades vinculadas, además de otros nombramientos indirectos a lo largo de la legislatura.
De entrada, el primer día en el que se formase un Govern sin Junts, la formación perdería de sopetón 156 puestos, con una media salarial de 78.324 euros anuales. Se trata de los altos cargos que están directamente vinculados a los departamentos que en este momento controla la formación: Cultura, Empresa, Interior, Politiques Digitals, Presidencia y Territori. De las anteriores, la cartera más nutrida de personal es Presidencia, que cuenta con 20 altos cargos y 44 asesores eventuales. Empresa o Territorio son otras dos consellerias bien dotadas, sobre todo en lo que respecta a altos cargos, al tener varias secretarías y más de media docena de direcciones generales cada una. Todos estos puestos de trabajo, hasta 156, cesan automáticamente con el conseller, es decir, el día que nombren uno nuevo.
Pero a estos puestos hay que sumarles el de la llamadas entidades del Sector Público, es decir, organismos con diferentes grados de vinculación con la Generalitat y que, en muchos casos, tienen direcciones nombradas directamente o indirectamente por los consellers. De estos en la actualidad hay medio centenar que tienen relación con departamentos de Junts, como la agencia del Patrimonio Cultural, la Agència Catalana del Consum, el Servei Català de Trànsit, Circuits de Catalunya SL, el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el Institut Català de les Dones, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o Aeroports Públics de Catalunya SL, por citar algunos ejemplos.
Algunas de estas entidades tienen mecanismos complejos para relevar a sus direcciones, ya que en algunos casos no dependen únicamente del Govern, sino que son mixtos con otras instituciones, patronatos o empresas privadas. Sin embargo en la mayoría de casos basta con la voluntad del conseller para promover cambios en el organigrama de las entidades, sobre todo cuando estas están constituidas como institutos, agencias, empresas públicas. Incluso en buena parte de los consorcios el departamento puede imponer una nueva dirección, cuando la Generalitat sea mayoritaria.
El control de la maquinaria de la administración no solo es suculento por la cantidad de personal, sino también por sus buenos sueldos. De entre las 156 personas que ahora mismo cobran sueldos en departamentos de Junts, todos los consellers, el secretario general de la presidencia, el secretario del Govern, el jefe del gabinete jurídico, el responsable de autogobierno y los dos responsables de las oficinas de Quim Torra y Carles Puigdemont cobran más de 100.000 euros. Por debajo hay 18 titulares de secretaría con sueldos de 91.000 euros, y cerca de 40 directores generales o de servicios con sueldos de 87.000 euros. A partir de aquí se cuenta jefes de gabinete y de oficinas, adjuntos, asesores y coordinadores, la mayoría de ellos por encima de los 50.000 euros y, en la parte baja de la tabla, y secretarios y responsables técnicos, que cobran a partir de 30.000 euros.
Todos los citados anteriormente son cargos vinculados a Junts pero, en el conjunto de la Generalitat, hay que sumar los que están bajo el control de ERC. De hecho en la legislatura pasada los republicanos controlaron más departamentos en número –siete contra los seis de Junts–, y además las carteras más grandes, con más gasto y con más altos cargos y eventuales asociados. Según el último recuento, 186 personas dependen directamente de departamentos de ERC, a los que de nuevo hay que sumarle los directivos de las entidades del sector público, en este caso de nuevo más de una cincuentena de control directo por sus consellers.
Todos estos son los que Junts reclama ahora en la negociación para formar Govern, en la que aspira a hacer un intercambio de carteras y obtener todas las que hasta ahora han liderado los republicanos. Una pretensión que no coincide con los deseos de ERC, que aspira a rediseñar una parte de la estructura de la administración catalana y a reorganizar las áreas incluyendo tres nuevas carteras: Feminismos, Acción por el Clima y Universidades e Investigación. Con todo, ambos partidos aceptan que, como ya ocurrió en la legislatura anterior, el reparto de carteras entre ambos sea muy igualado, ya que en las elecciones quedaron a solo un escaño de distancia.
Ligado a las pérdidas en altos cargos y asesores, hay otra área del Govern que es especialmente cotizada tanto por ERC como por Junts, y a la que estos últimos renunciarían si se quedan en la oposición: el área de Comunicación y, más en concreto, la dirección general de difusión. Esta oficina es la encargada de establecer las directrices para el reparto de publicidad y todo tipo de campañas de comunicación en los medios, lo que supone una importante influencia mediática que todos los partidos desean. Durante la legislatura de Carles Puigdemont este área estuvo bajo el departamento de la Presidència pero, mediante el acuerdo alcanzado en 2017, Difusión pasó a depender de la Vicepresidència de Aragonès. Ahora, con el cambio de carteras, tanto ERC como Junts vuelven a pugnar por controlarla.
Junto a las áreas de Comunicación y Difusión, la otra gran joya de la corona que siempre tiene un lugar destacado en las negociaciones entre partidos es el reparto de cargos en la Corporación de Medios Audiovisuales (CCMA), la entidad pública que controla TV3, Catalunya Ràdio y la agencia ACN. El órgano de gobierno de la CCMA se elige por el Parlament y mediante mayorías cualificadas –que han sido imposibles de reunir durante los últimos 6 años–, pero un importante número de cargos forman parte de las negociaciones entre partidos, como son las direcciones de los tres medios o la jefatura de informativos de la televisión y la radio públicas. Unos puestos que, sobre el papel, los nombra el consejo de la corporación, pero en los que Junts perdería mucha influencia si no formase parte del Govern de la Generalitat.
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