Cuatro euros al día para circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona. Esta es la propuesta de peaje urbano que han lanzado ocho entidades ecologistas y de promoción del transporte público para reducir la contaminación en la ciudad, la siniestralidad y el ruido, a la vez que para recuperar espacio público para los viandantes.
Los impulsores de la campaña Barcelona'22, que afectaría tanto a residentes como personas de fuera de la ciudad, aseguran que se trata de una medida “de bajo coste y gran impacto para poder conseguir cambios estructurales en dos años”. Concretamente, apuntan que si se aplicara el peaje, se reduciría un 30% el tráfico interno y un 17% el de conexión. Esto supondría una reducción del 25,1% del tráfico en Barcelona. Además, se traduciría en 370 millones de ingresos netos que deberían servir, según la propuesta, para “mejorar el transporte público y el sistema público de salud”.
¿Cómo funcionaría el peaje?
Las entidades promotoras de la propuesta plantean un peaje de cuatro euros al día que permitiría circular entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche y aplicaría a la ZBE, delimitada por las rondas, por lo que también quedarían incluidos Hospitalet de Llobregat, Esplugues, Cornellà y Sant Adrià del Besós.
Se trata de un peaje que no dispondría de barreras ni casetas, sino que se controlaría mediante las cámaras que ya hay instaladas en las ZBE y se propone, o bien hacer un pago diario, o bien pagar cada día que se vaya a usar. También se plantean multas de entre 200 y 600 euros para los infractores.
Ahora bien, se librarían del peaje aquellos coches que contengan tres o más ocupantes, aquellos en los que viajen personas con movilidad reducida y aquellos conductores con ingresos inferiores al doble del IPREM vigente y que necesiten el vehículo para su actividad profesional. También quedan exentos los servicios de emergencias y los transportes públicos y colectivos.
Un plan de mejora del transporte público
Barcelona es la ciudad europea con más densidad de vehículos y la sexta más contaminada. Así, aunque el vehículo privado represente sólo el 25% de los desplazamientos, ocupa más del 65% del espacio público, a pesar de que el 69% de los desplazamientos se podrían realizar en transporte público. Es por eso que las entidades promotoras de la medida plantean aprovechar los ingresos conseguidos con el peaje para mejorar la red de transporte público.
Entre las propuestas, plantean incrementar la oferta en aquellas zonas menos conectadas y mejorar el acceso desde fuera de la capital. También proponen crear más carriles bus, transformando las autovías urbanas (como Aragón, Diagonal, Vía Augusta o Gran Vía) para introducir ejes de prioridad para viandantes, ciclistas y carriles VAO. Además, plantean extender el sistema tarifario a toda Catalunya, a la vez que demandan crear un abono anual de transporte.
Un 51% de apoyo ciudadano al peaje
Según han afirmado las entidades promotoras, el peaje urbano es una medida que “de inicio es poco popular, como lo fue la Ley del Tabaco, pero que gana apoyo social al ejecutarse”. Esto, según han declarado, ha sucedido en las 19 ciudades de 8 países europeos donde se han aplicado medidas similares. Así, en urbes como Londres, Milán y Estocolmo se ha pasado de un apoyo menor al 10% a uno que casi llega al 40%. Para conocer el grado de apoyo con el que contaría esta medida en Barcelona, las entidades precursoras han encargado una encuesta al Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP), que muestra una posición de partida favorable al peaje urbano del 51%.
Las entidades promotoras han trasladado la propuesta a las administraciones competentes (Ayuntamiento, Área Metropolitana de Barcelona y Generalitat) para que “consideren la implantación del proyecto y no se queden en falsas soluciones o medidas parciales”, han anunciado. Y es que, desde el consistorio, ya se ha comunicado que se está estudiando un cambio en el modelo de circulación para reducir el tráfico rodado y la contaminación, pero todavía no se ha concretado en ninguna medida.
El proyecto, elaborado por la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, Promoció del Transport Públic, Ecologistes en Acció, Eixample Respira, el Bicicleta Club de Catalunya, la Xarxa per la Justícia Climàtica y la Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit, ha contado con el asesoramiento de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para realizar los modelos de cálculo de costes y beneficios.