Montoro contradice al juez y a la Guardia Civil e insiste en que el 1-O no se pagó “con dinero público”
“Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”. Así se ha expresado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro en una entrevista en el diario El Mundo, en la que ha negado el uso de fondos públicos para la votación, uno de los objetos de la investigación sobre el 1-O. En agosto, en una comparecencia en el Congreso, Montoro ya aseguró que el control de Hacienda permitía que la Generalitat no destinase “ni un euro” a la votación.
Las declaraciones del titular de Hacienda, paradójicamente, se sitúan en la línea de defensa de los dirigentes independentistas. Exconsellers y altos cargos han negado tanto en el Tribunal Supremo como en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona –las dos instancias que investigan un supuesto delito de malversación en relación al 1-O– el uso de dinero público para el referéndum. La Interventora de la Generalitat, asimismo, ha certificado hasta en tres ocasiones –la última vez ya bajo el 155 y el visto bueno de Hacienda– que no se usaron partidas de los presupuestos para el 1-O.
Por contra, la Guardia Civil, en sus informes aportados a ambas causas, eleva el gasto de dinero público para el 1-O a más de un millón y medio de euros. En concreto, el Instituto Armado cifra en medio millón de euros lo presuntamente gastado por el Govern en publicidad del 1-O: 277.804 euros para el anuncio de campaña del 1-O que los grandes medios rechazaron y sólo fue emitido por TV3 y 224.835,25 euros del anuncio sobre el censo de residentes en el extranjero. Otros 979.661,96 euros corresponderían al gasto para el suministro de papeletas; y 119.700 se habrían destinado a los observadores internacionales de la votación.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha avalado la investigación de la Guardia Civil sobre el delito de malversació. En el auto por el que procesó a los dirigentes independentistas por rebelión y malversación, Llarena sostuvo que los gastos públicos “que necesariamente habían de realizarse o comprometerse para la realización del referéndum” ascendían a 1,6 millones de euros.
Montoro ha considerado que el uso de dinero público para el 1-O sólo hubiera sido posible mediante el acuerdo entre un funcionario y uno de los proveedores de la votación. Con todo, el ministro no ha descartado la comisión de la malversación, ya que ha asegurado que este delito “no requiere solo desvío de fondos” sino que “es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo”.
Además, cabe recordar que por el delito de malveración también está reclamado el expresident Carles Puigdemont. En este sentido, la Justicia alemana ha pedido al Supremo más información sobre este delito ya que, apuntaron, la orden de detención enviada por España “no contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjeron los hechos”. Los tres jueces alemanes apuntan a que no hay pruebas por ahora de que se hiciese el gasto de 1,6 millones de euros, aunque se contrajese el compromiso de hacerlo.
