Los vídeos de la actuación policial del 1-O dieron la vuelta el mundo. Cinco entidades catalanas de defensa de los derechos humanos han anunciado que las aportarán a las causas judiciales abiertas que investigan a la Policía y la Guardia Civil por el 1-O. Las imágenes, que forman parte de un extenso informe presentado este jueves en Barcelona, también se trasladarán a organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización y la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
El informe lo firman los abogados del centro para la defensa de los derechos humanos Irídia, Novact, Institut de Drets Humans de Catalunya, Lafede.cat y el Grup de Periodistes Ramon Barnils, constituidas en la entidad #SomDefensores. Su conclusión es contundente: consideran que la actuación policial el 1-O sobrepasó la orden judicial para retirar urnas y cerrar colegios y que derivó en “violaciones de derechos civiles”, agresiones“ que atentaron contra la integridad física y moral de los ciudadanos y que incluyeron ”tratos inhumanos y degradantes“.
El documento relata cinco tipos de “agresiones policiales”: porrazos “sin mediar palabra contra personas sentadas de forma pacífica”, golpes con las manos y las botas, algunos de ellos “deliberados en la cara” así como en “partes vitales y patadas en órganos sexuales”, disparos de balas de goma y el uso de gases lacrimógenos en Aiguaviva (Girona). También recoge “agresiones de naturaleza psíquica” que comportaron “numerosos” ataques de pánico y ansiedad.
Sobre presuntas agresiones sexuales cometidas por agentes durante su actuación el 1-O, la letrada Anaïs Franquesa ha asegurado que su entidad es conocedora de dos casos, pero ha pedido “mucha prudencia” a la hora de valorarlas “porque son casos especialmente humillantes y vejatorias”.Las entidades han explicado que plantearán a los relatores especiales de la ONU que visiten “de oficio” al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges para investigar la actuación policial.
Más allá de porrazos y patadas concretas, las entidades consideran que la actuación policial en su conjunto vulneraron de forma directa “a derechos civiles como el de la libertad de expresión, de reunión, de manifestación y de participación en asuntos públicos”.
Asimismo, el informe sitúa a la actuación policial en un contexto de “utilización extralegal, indebida, extralimitada o abusiva de recursos jurídicos para finalidades de persecución política”, así como de obviar los principios penales de intervención mínima, intervención mínima y proporcionalidad.
Por todo ello las entidades concluyen que la Policía y la Guardia Civil actuaron el 1-O de forma “contraria al derecho penal internacional y nacional y contra los principios propios del derecho penal moderno de una sociedad democrática”.