El expresident de la Generalitat, Artur Mas, y los exconsellers condenados por el 9-N darán este viernes por garantizada la fianza de 5,2 millones de euros que les impuso el Tribunal de Cuentas por el gasto público en la consulta del 9-N de 2014. Lo harán poniendo a disposición del Tribunal, de forma voluntaria, varios inmuebles como garantía.
Mas y los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs y el exsecretario general de Presidencia Jordi Vilajoana presentarán este viernes un escrito al Tribunal de Cuentas acreditando que ya han depositado 2,9 millones de euros y han puesto como garantía varios inmuebles de su propiedad, con los que entienden que cubren la totalidad de la fianza impuesta.
Con esta operación, Mas, Ortega, Homs, Rigau y Vilajoana han querido preservar el patrimonio de los otros seis exaltos cargos y asesores de la Generalitat afectados por la multa del Tribunal de Cuentas, que se impuso tras una denuncia de la entidad contraria a la independencia Sociedad Civil Catalana (SCC).
Los exaltos cargos han ingresado este mismo jueves en la caja de depósitos del Tribunal de Cuentas otros 144.588 euros en efectivo, que se suman a los 2,8 millones ya presentados hasta ahora.
Con todo, las defensas de Mas, Ortega y Rigau seguirán manteniendo que en ningún caso se produjo infracción contable alguna ni perjuicio para la Generalitat de Catalunya y ya han advertido en varias ocasiones que lo defenderán en los diversos procedimientos e instancias que se desarrollen en el futuro.
De los 5,2 millones de multa, casi tres millones corresponden a 7.000 ordenadores que la Generalitat adquirió para las escuelas catalanas y que una vez usados en la votación se distribuyeron en decenas de centros educativos para los alumnos.
Mas, Rigau y Ortega –y Homs por el Supremo– fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por desobediencia por la consulta del 9-N. Sin embargo, fueron absueltos del delito de prevaricación del que estaban acusados, y no llegaron ni a ser juzgados por malversación de fondos públicos al descartarse este delito durante la fase de instrucción.