El debate sobre el régimen de aislamiento penitenciario llegará al Parlament de Catalunya este mes de enero. Después de que varias entidades en defensa de los derechos humanos expusieran en la Comissió de Justícia del pasado julio las deficiencias del sistema de aislamiento penitenciario de las prisiones catalanas, finalmente se iniciará el grupo de trabajo sobre el Régimen de Aislamiento de los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT).
Uno de los factores claves que puede hacer decantar la balanza es una auditoría interna sobre los DERT encargada por Amand Calderó cuando entró como nuevo director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, en enero del 2016, para “asegurarse estar trabajando desde una perspectiva del tratamiento”. Tanto la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) cómo Irídia Centro para la Defensa de Derechos Humanos piden que se presenten los resultados de la auditoría y las propuestas de mejora en el debate del grupo de trabajo. Con los resultados obtenidos a través de la auditoría, el Departament de Justícia está preparando un nuevo modelo que está previsto que se aplique a partir de abril.
El aislamiento es un régimen en el que los presos pasan más de 21 horas cerrados y en soledad, con sólo dos horas de patio o actividades, en celdas aisladas en un departamento especial conocido como DERT.
“Queremos hacer visible la realidad especialmente opaca y oculta del régimen de aislamiento, poner sobre la mesa y en la agenda política y mediática la invisibilitzación de los DERT” explica Iñaki Rivera, miembro de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT). Para Carmina Castellví, del grupo parlamentario de Junts Pel Sí y que presidirá el grupo de trabajo, el objetivo es “analizar desde los diferentes puntos de vista el aislamiento, sobre todo desde el respeto de los derechos humanos, y sacar un informe y unas conclusiones”. No obstante, dice, desde Junts Pel Sí todavía no se han posicionado en relación a los DERT: “Primero queremos escuchar todas las comparecencias”.
Si bien Catalunya no tiene competencias legales para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria, sí que podría decidir –y es uno de los objetivos de las entidades en defensa de los derechos humanos– no aplicar esta ley. “No hay ninguna necesidad de utilizar este régimen vejatorio y violador de derechos humanos; es un régimen inhumano”, opina Rivera. Una opinión que coincide con la del abogado Andrés García Berrio, miembro de Irídia: “El aislamiento es la forma más dura de confinamiento, esto tiene que cesar”. Es por esto que piden que se tengan en cuenta y se apliquen otros tipos de mecanismos de resolución de conflictos. “Hay un uso excesivo del aislamiento como forma de sanción”, asegura García Berrio, que valora el aislamiento como el régimen “más punitivo”.
Al grupo de trabajo también se aportarán casos concretos de presos que han pasado por un DERT, como el de Raquel E.F., interna en la prisión de Brians I, y que se suicidó el 11 de abril del 2015 después de denunciar incomunicación continuada y agresiones de las funcionarias. En este caso, la Generalitat no intervino a pesar de saber que ya había intentado suicidarse antes. El Departament de Justícia desestimó la reparación patrimonial en este caso.
“Queremos denunciar casos concretos donde ha habido violaciones de derechos humanos, afectaciones psicosociales, torturas y maltratos”, asegura Rivera. Tanto para él cómo para García Berrio, el caso de Raquel E.F. no es un caso aislado. Por eso han propuesto que un preso que actualmente se encuentra en régimen de aislamiento en el centro penitenciario de Brians I participe en el grupo de trabajo del Parlament como testigo. También aportarán otro caso, el de Yolanda, una interna que también se suicidó estando en régimen de aislamiento en Brians I en 2016, un año más tarde que Raquel E.F.
Adecuar la legislación a las recomendaciones internacionales
Las entidades para la defensa de los derechos humanos, como la Coordinadora para la Prevención de la Tortura o Irídia, también pondrán énfasis en el hecho que la legislación española no se adecua a la legislación internacional en cuanto a las Reglas Mandela sobre el tratamiento de presos, la aplicación del Protocolo de Estambul o las Reglas Penitenciarias Europeas del Consejo Europeo. Aplicar las recomendaciones internacionales implicaría, por ejemplo, que cuando el médico visite el interno en la celda “haga un reconocimiento exhaustivo del preso para mirar como se encuentra en todos los sentidos y no sea una visita rutinaria”, matiza Rivera.
Asegura que las leyes internacionales fijan en 14 días el tiempo máximo para estar en régimen de aislamiento continuado, pero que “en España los presos pueden estar hasta dos años”. “Esto va en contra de la legislación y se tiene que denunciar”, añade.
De momento está confirmada la asistencia del Relator Especial Contra la Tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, y también del expresidente del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, Mauro Palma. También está previsto que comparezcan como testigos expresos que han pasado por aislamiento y familiares de expresos, miembros de entidades defensoras de los derechos humanos como la CPDT, Irídia, el Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura, el Grupo de Acción Comunitaria o el Síndic de Greuges de Catalunya, entre otros. También participarán el Director General de Servicios Penitenciarios, Amand Calderó, y miembros de los sindicatos penitenciarios.
Tortura y suicidio en centros penitenciarios catalanes
Según fuentes del Departament de Justícia, en 2015 se suicidaron ocho personas en los centros penitenciarios de Catalunya y en 2016 -a fecha de septiembre-, cinco. Cada año se suicidan una media de entre siete y ocho internos, según datos de la última década. Según estadísticas del Departament de Justicía, en Catalunya el régimen cerrado representa el 2% del sistema penitenciario.
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura cifra en 642 las personas que pasaron por el régimen cerrado en 2015. En su informe del 2015, recogió 128 situaciones en las que se produjeron agresiones, torturas y/o maltratos en un total de 232 personas bajo custodia de funcionarios. También les consta, durante el 2015, la muerte de 30 personas mientras se encontraban bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.