Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han acordado este lunes que, para “completar la desconexión” con el Estado, habrá “un mecanismo unilateral de ejercicio democrático” aplicado tras la aprobación de las 'leyes de desconexión', que servirá “para activar la convocatoria de la Asamblea Constituyente”.
Este acuerdo queda plasmado en uno de los puntos de las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente que se aprueban este lunes en el Parlament, después de que ambos grupos independentistas –que cuentan con mayoría absoluta– hayan “transaccionado” sus respectivas propuestas en un sólo documento de once puntos.
El texto del punto 7 indica textualmente que “después de la fase de participación ciudadana se completará la desconexión con la legalidad del Estado español a través de la aprobación de las leyes de desconexión por parte del Parlament de Catalunya, un mecanismo unilateral de ejercicio democrático que servirá para activar la convocatoria de la Asamblea Constituyente (AC)”.
Este mismo punto finaliza su redactado con una declaración de carácter preventivo ante la posibilidad de posibles suspensiones por parte del Tribunal Constitucional, al indicar que “las leyes de desconexión no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal”.
JxSí y la CUP hacen valer su mayoría
Las conclusiones que aprobará la comisión, con los votos favorables de JxSí y la CUP, indican que “actualmente no hay ningún margen de acción para el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán en el interior del marco jurídico constitucional y legal español”, por lo que “la única forma posible de ejercer este derecho es por la vía de la desconexión y la activación de un proceso constituyente propio”.
“El pueblo catalán –añaden las conclusiones– tiene la legitimidad para comenzar un proceso constituyente propio, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante, con el reconocimiento, el apoyo y el aval de las instituciones catalanas”.
La comisión de estudio considera que “las experiencias comparadas de otros países avalan el camino emprendido por Cataluña para ir construyendo un modelo singular de proceso constituyente, dadas las circunstancias sociales, culturales, políticas y económicas que nos son propias”.
Expresa, en cualquier caso, la voluntad de que el proceso constituyente “sea consensuado” con toda la sociedad y las instituciones que lo avalan, a fin de que dentro de él tengan cabida “todas las sensibilidades ideológicas y sociales desde el primer momento, también a la hora de fijar los indicadores, el calendario y todas aquellas cuestiones que afecten al método para avanzar”.
En las conclusiones, se definen tres fases que componen el proceso constituyente: una primera de proceso participativo, una segunda de desconexión con el Estado y convocatoria de unas elecciones constituyentes “que conformarán una Asamblea Constituyente que redactará un proyecto de Constitución”, y una tercera de ratificación mediante un referéndum.
Se preconiza, en este sentido, que el órgano principal mediante el cual vehicular el proceso participativo sea un Foro Social Constituyente (FSC) formado por representantes de la sociedad civil organizada y de los partidos políticos.