El grupo de trabajo sobre detención arbitraria del consejo de derechos humanos de la ONU ha pedido dejar en libertad Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión provisional desde hace año y medio. En sus conclusiones, adelantadas por El País, el organismo da la razón a los tres líderes independentistas, que llevaron su encarcelamiento ante este organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al considerarlo arbitrario y contrario a los principios de la declaración universal de derechos humanos.
Asimismo, el organismo también cree que los tres líderes soberanistas podrían ser indemnizados y solicita una investigación “exhaustiva” e “independiente” sobre los hechos que mantienen a Sànchez, Cuixart y Junqueras en prisión, precisamente cuando el Tribunal Supremo está a punto de cerrar cuatro meses de juicio en los que se ha repasado todo lo acontecido en Catalunya durante la fase final del proceso soberanista.
En el grupo de trabajo sobre detención arbitraria del consejo de derechos humanos de la ONU, un grupo de expertos investiga arrestos que puedan atentar contra los principios establecidos en los tratados internacionales y la carta de los derechos humanos. La decisión del comité no es vinculante para España, aunque desde las defensas de los líderes soberanistas creen que sirve para presionar al Tribunal Supremo para que deje en libertad provisional a Junqueras, Sànchez y Cuixart.
El informe del grupo –consultable al final de esta información– acoge en su totalidad las tesis de los políticos y activistas encarcelados. Considera el grupo de trabajo que la violencia es “inexistente” en el caso de Junqueras, Sànchez y Cuixart, y cree que la información proporcionada por el Gobierno en defensa de la causa por rebelión no es “convincente”.
“Las acusaciones penales tienen por objeto coaccionar a Sànchez, Cuixart y Junqueras por sus opiniones políticas en torno a la independencia de Catalunya e inhibirlos de continuar con esa pretensión en el ámbito político”, señala el grupo para fundamentar que la detención de los tres líderes políticos es “arbitraria”. En este sentido, el grupo apunta a que la prisión provisional responde al mero ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y opinión. “No se ha podido constatar que los jueces hayan concluido que existan bases legítimas y necesarias para restringir esos derechos humanos”, agrega.
El dictamen también considera que los políticos que han dado por condenados a los acusados y los han acusado de rebeldes y de dar un golpe de estado han vulnerado la presunción de inocencia de los líderes soberanistas. En concreto, los expertos de la ONU censuran las declaraciones en diciembre de 2017 de la por entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en las que alardeó de haber “descabezado” a los líderes independentistas. Asimismo, los expertos consideran, tal y como sostienen los acusados, que el tribunal competente para juzgarlos es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en vez del Supremo.
La decisión de la ONU, que tiene un valor simbólico, llega un día después del contundente revés que recibió el independentismo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). El tribunal, en contra del recurso de Puigdemont, Forcadell y otros diputados independentistas, avaló la suspensión de un pleno posterior al 1-O por parte del Constitucional y negó que con ello se vulneraran los derechos políticos de JxSí y la CUP. De hecho, recordó que tanto el pleno como la votación del 1-O se convocaron en base a una ley que resultó suspendida y después anulada por el Constitucional.
El abogado británico Ben Emmerson, letrado de líderes independentistas catalanes, ha dicho este miércoles que España puede afrontar una “corriente de condena de la comunidad internacional” si no libera a los políticos. No hacerlo, ha agregado Emmerson, supondrá “una violación del derecho internacional”. “La marea de condena de la comunidad internacional aumentará muy rápidamente si España no cumple ahora con sus obligaciones en materia de Derecho Internacional. Esta no es una cuestión de elección sino una cuestión de obligaciones legales”, ha señalado en declaraciones a EFE.
Por contra, en declaraciones a este diario, la profesora de derecho internacional público de la Universidad de Barcelona, Helena Torroja, ha considerado “arbitrario” y “carente de rigor” la conclusión del grupo de expertos de la ONU. Y ha puesto como ejemplo el hecho de que el grupo presenta el referéndum como “permitido”, cuando la propia ONU limita los procesos de autodeterminación a los países surgidos de antiguas colonias.
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