Carles Puigdemont sigue decidido a ser el candidato a la investidura pese a que el informe de los letrados del Parlament rechaza que el reglamento de la Cámara contemple esta opción. La última palabra la tendrá la Mesa, un organismo que, según el reparto inicial, corresponde presidir a ERC. Los republicanos se limitan a asegurar que quieren examinar con detalle los argumentos de los juristas para decidir qué posición adoptar.
Tras el informe jurídico, que no es vinculante, está en juego tanto la investidura de Puigdemont como la mayoría parlamentaria que la puede hacer posible (a no ser que renuncien seis de los ocho diputados que ahora están o en prisión o en Bruselas).
ERC ha evitado cualquier pronunciamiento oficial. Sin embargo, los republicanos habían dejado en manos de los letrados la decisión sobre la investidura a distancia de Puigdemont y habían pedido “realismo” a sus socios para arrancar la legislatura. “Hay aspectos técnico-jurídicos que no corresponde a ERC valorarlos. Corresponde a los letrados definir como se interpreta el reglamento del Parlament”, aseguró el pasado 8 de enero el dirigente republicano Roger Torrent.
Posibles opciones
Una de las posibilidades es que la Mesa de edad, que se constituirá este miércoles, antes de que se configure la Mesa definitiva, acuerde que los diputados que están presos puedan delegar el voto. Pero será más complicado de justificar que se avenga a aceptar que sea Puigdemont el candidato a la investidura. El plan del president cesado es entrar en el registro del Parlament el texto de su discurso y que otro diputado de su grupo sea el encargado de leerlo en el hemiciclo.
Pero los letrados se han mostrado contundentes a la hora de cerrar el paso a la investidura no presencial del candidato de Junts per Catalunya. En su informe han recordado que es “imprescindible” la asistencia al pleno de los protagonistas del debate no sólo por el respeto a todos los grupos parlamentarios, sino también para garantizar las condiciones adecuadas del mismo.
A criterio de los juristas, cualquier candidato que no esté en el hemiciclo del Parlament para ser investido no podrá cumplir con “lo que caracteriza el debate parlamentario, es decir, la oralidad, la contradicción directa y la garantía del principio de inmediatez para que todos los actores puedan ver, oír y entender en persona el desarrollo del debate”.
En Junts per Catalunya se recuerda que estos mismos letrados fueron los que rechazaron la reforma del reglamento del Parlament que después fue avalada por el Tribunal Constitucional. Ahora, con el informe sobre la investidura de Puigdemont, la pelota está en el tejado de ERC.