Son 581 personas, todas ellas Directivos y Técnicos con contratos fuera de convenio en TMB y sus nombres son el secreto mejor guardado de la empresa pública catalana. La compañía Transportes Municipales de Barcelona, que está presidida por la concejala de Transportes de Barcelona y depende del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), se niega a cumplir la ley de Transparencia para dar acceso a los nombres de estos trabajadores ante una petición formal realizada por Catalunya Plural en febrero.
Pese a la voluntad de transparencia manifestada por el nuevo gobierno del AMB desde la entrada de Barcelona en Comú, algunas de las estructuras tradicionalmente más opacas continúan resistiéndose a los propósitos de la dirección política. Desde la recién creada dirección de Transparencia del Área Metropólitana de Barcelona, Gemma Calvet, asegura que “se está llevando a cabo un proceso de implementación de la ley de Transparencia muy ambicioso pero que es progresivo”. De momento, han puesto en marcha un portal de la transparencia y han comenzado a aplicar la ley, en vigor desde 2014. Pero la negativa de TMB de dar acceso a una de sus informaciones más básicas, como es quiénes son sus directivos, sigue siendo una carencia básica en esta materia.
Catalunya Plural introdujo el pasado 29 de febrero tres peticiones de acceso a la información pública a las tres principales empresas del conglomerado público de transportes, TMB, TB y FMB. En ellas se reclamaban dos cosas: por un lado, la plantilla, la relación de puestos de trabajo y el régimen retributivo de cada uno de ellos. Por otro, el acceso al nombre de cada uno de los puestos de trabajo en la empresa, y la relación de altas y bajas desde el 1 de enero de 2007. Ambas peticiones están observadas como información a la que se debe dar acceso por la ley de Transparencia, en su artículo 24.1.
La empresa respondió el pasado 18 de marzo dando respuesta únicamente a la primera de las peticiones de Catalunya Plural. Asunción Santolaria, directora del Área de Administración y Finanzas, firma un documento en el que explicaba que el sistema de clasificación laboral y retributiva, por ser TMB no una administración sino una empresa pública, se reduce a una tabla en la que se dan cuenta de los grupos y categorías profesionales. Remitiéndose a lo ya publicado en el portal de la transparencia que la empresa tiene en marcha desde marzo, se adjuntaba esta tabla, en la que se explica el marco retributivo del personal laboral y de los de fuera de convenio.
La respuesta enviada incurre en tres carencias. La primera es que hace una interpretación libre –y a la baja– del equivalente a una relación de puestos de trabajo en una empresa pública. La segunda es que olvida facilitar la evolución retributiva de las categorías y grupos desde 2007, algo que se reclamaba. En tercer lugar, ni siquiera se da por enterada de la segunda de las consultas realizadas, la relación de nombres de sus trabajadores.
Apertura de una reclamación administrativa
Considerando que la respuesta dada por la empresa no había sido completa, Catalunya Plural interpuso una reclamación ante el GAIP (Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública), que fue admitida a trámite por el pleno del 13 de abril. A partir de entonces, durante el último mes TMB se ha continuado negando a facilitar la información pública requerida. En sus alegaciones aducen la ley de protección de datos que, según entienden, les impediría desvelar nombres propios de sus trabajadores.
Sin embargo, diversos organismos competentes sobre protección de datos han emitido informes contrarios al parecer de la empresa, algunos de ellos introducidos como anexos en la primera petición de Catalunya Plural. Sin ir más lejos, la Agencia de Protección de Datos en su informe 13/2016, en el que asegura: “Los datos de la relación o catálogo de puestos de trabajo que consistan únicamente en los datos que deban figurar en dicha relación o catálogo junto con el nombre y apellidos de la persona que ocupa dicho puesto de trabajo no son más que datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano”. Por ello, la Agencia considera que la regla general es favorable a la publicación de dichos nombres.
No es la única. La Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en su dictamen 13/2016 llega a las mismas conclusiones. “No parece que pueda haber ningún obstáculo, desde el punto de vista del derecho a la protección de datos, para que cualquier ciudadano pueda solicitar a la Administración si un determinado lugar se ha provisto de forma definitiva, mediante qué procedimiento y la identidad de la persona que ha sido nombrada”, considera el organismo.
El procedimiento abierto continúa en tramites y la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública resolverá en los próximos días, pero durante los últimos dos meses y medio la mayor empresa pública del AMB ha intentado ocultar por todos los medios el nombre de unos directivos contratados a dedo y que cobran del erario público.
La ocultación de estos nombres ya fue noticia en febrero pasado, cuando se convirtió en una de las razones aducidas por los sindicatos para convocar la huelga de transportes coincidiendo con el Mobile World Congress.
Explicaciones de los responsables de transparencia
La exdiputada de ERC, Gemma Calvet, fue fichada por Colau como Directora de Transparencia del AMB en octubre pasado, con el objetivo de que el AMB y las empresas que dependen de ella comenzasen a cumplir con la ley de Transparencia, algo que hasta el momento no hacían. Sobre la negativa de dar acceso a la información pública relativa a los directivos de TMB, Calvet rechaza hacer declaraciones, por considerar que se trata de un proceso administrativo que está en marcha.
Calvet sin embargo destaca los “avances que la empresa pública está llevando a cabo”, entre los que sitúa haber designado un enlace de transparencia o haber puesto en marcha la web de transparencia, al mismo tiempo que la del AMB. La directora, que reconoce que el portal “no incorpora todas los datos que requiere la ley”, recuerda que “ningún organismo cumple la ley de Transparencia al 100%”. “Para nosotros la transparencia es el camino y el derecho de acceso es prioritario”, remarca.