La investigación realizada por el instituto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, el Citizen Lab concluye que personas situadas en la órbita del independentismo catalán fueron objetivo de un intento de espionaje a través de Pegasus, un programa espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group y que solo está a disposición de gobiernos y fuerzas de seguridad. El País y The Guardian fueron los primeros medios en informar de este caso y de que uno de los espiados era el presidente del Parlament, Roger Torrent. No es el único. Por ejemplo, un asesor de la máxima confianza de Carles Puigdemont, Sergi Miquel, también fue víctima de la operación, tal como avanzó eldiario.es. Esto implica que se habría ciberatacado tanto a políticos de alto nivel como a personas con un perfil mucho más discreto, y no solo de un partido puesto que hay afectados de ERC, de JxCat y de la CUP, como es el caso de Anna Gabriel.
La primera pregunta, obvia, es quién está detrás de este intento de espionaje masivo, si es que lo fue, porque de momento no hay ningún indicio de que sea parte de una investigación tutelada por un juez. La empresa afirma que solo trabaja con gobiernos y un extrabajador ha confirmado que España es cliente suyo desde 2015. Pero eso por sí solo no es una prueba y el Gobierno, tanto a través del Ministerio del Interior, que es de quien dependen Policía Nacional y Guardia Civil, como de Defensa, que controla el CNI, asegura que no tienen nada que ver. “El CNI no ha tenido absolutamente nada que ver con el tema. Actúa siempre con arreglo a la legalidad y tenemos plena confianza en que la Administración de Justicia, si se denunciaran los hechos, llegará hasta al final”, contestan de forma contundente en el Ministerio que dirige Margarita Robles.
Habrá quien pueda pensar que su respuesta no puede ser otra porque ningún espía reconoce que lo sea. En todo caso, lo que sí puede apuntarse como una certeza es que la única manera de intentar aclarar la autoría de los ciberataques es que se abra una investigación judicial, tal y como reclama el propio Ministerio de Defensa. No es garantía de que se consiga llegar hasta el final pero no parece que haya ninguna otra vía. Para ello es necesario que las víctimas del intento de espionaje presenten una denuncia. Los abogados de Roger Torrent ya lo están estudiando y aún no está decidido si sería a título personal o como presidente del Parlament.
Otro de los interrogantes que debería despejarse es si estas actuaciones estuvieron amparadas por algún tipo de orden judicial. En dos de los casos, el de Anna Gabriel y de Sergi Miquel, la cosa se complicaría un poco más porque la primera vive en Ginebra mientras que el segundo trabaja entre Bruselas y Barcelona y su tarjeta era belga. El abogado de la exdirigente de la CUP ha advertido de que en lo que afecta a su clienta, hubiese o no orden judicial de un magistrado español, si tal operación no ha sido autorizada también por la justicia suiza constituiría una violación del artículo 271 del Código Penal de ese país.
Hay que añadir un elemento que siempre debe tenerse presente a la hora de analizar cualquier cuestión que afecte al independentismo: la desconfianza entre ERC y JxCat. Los primeros nombres conocidos eran dirigentes republicanos, pero en la misma lista consta también el citado asesor de Puigdemont. Además, el conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, destacado dirigente de JxCat, asegura que en su caso consiguió parar el ataque antes de que el teléfono fuese infectado. El diputado del PP, Santi Rodríguez, escribió el martes el siguiente tuit: “La luchas cainitas entre separatistas no tienen límites. Esta aplicación la tiene el CESICAT, y se usó. Pero la culpa será de España!”. Formulada la pregunta al Departamento de Políticas Digitales, de quien depende el Centro de Seguridad de la Información al que se refiere el diputado popular, la respuesta ha sido tajante: “Nunca hemos comprado ni utilizado esta aplicación. Lo negamos rotundamente. El PP miente”.
El presidente del Parlament y otros dirigentes secesionistas aseguran estar convencidos de que los servicios secretos del Gobierno son los que están detrás de este macroespionaje. “Todos los datos hacen pensar a los investigadores que quien nos ha espiado es el Estado español”, ha afirmado Torrent este lunes en una entrevista en RAC1. De confirmarse, sería muy grave, pero hoy por hoy no hay ninguna prueba que lo sustente y de ahí la necesidad de que se abra un proceso judicial. Los antecedentes en la guerra sucia contra el independentismo y otros rivales políticos durante la etapa del PP contribuyen a que se hayan encendido todas las alarmas solo con los indicios que se van conociendo, pese a que de momento no haya pruebas concluyentes del espionaje.
Oficialmente el uso de este tipo de software tan controvertido está restringido a investigaciones de crimen organizado y terrorismo. Pero está documentado su uso contra periodistas, activistas y miembros de ONG en países como Arabia Saudí, México o Marruecos. Ahora, sea quien sea quien lo haya utilizado aquí, parece que también se ha saltado las líneas rojas.