La productora Triacom, que se encuentra en el epicentro de una investigación en la Audiencia Nacional sobre el 3% y la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), abonó 420.000 euros entre 2011 y 2013 a empresas vinculadas a David Madí, histórico colaborador de Artur Mas. El administrador de esta productora, Oriol Carbó, asumió además, a través de una de sus sociedades particulares, todos los costes de abrir el despacho privado de Madí en el Passeig de Gràcia de Barcelona, así como los gastos corrientes durante seis meses. Pagó no solo los electrodomésticos, el teléfono y la luz sino también bolígrafos, lápices y hasta las cápsulas de café.
A principios de la década de 2010, Triacom se convirtió en una de las principales proveedoras externas de programas de TV3, como ‘El Gran Dictat’ y ‘Fish & Chips’, a pesar de no contar con infraestructura ni apenas asalariados. Entre 2008 y 2016, Triacom facturó 31,3 millones de euros a TV3, la televisión pública catalana, que aportó durante este periodo el 80% de su facturación total y en algún ejercicio, durante la presidencia de Mas, llegó incluso al 92%.
La investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, que ejercen de policía judicial en la causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz, ha revelado que Triacom facturaba a TV3 con un sobreprecio superior al 50%, puesto que todos sus programas los hacía en realidad íntegramente Mediapro, que tenía el 10% de Triacom, a un precio sensiblemente inferior al que pagaba la televisión pública catalana. El excedente, según revela la investigación policial, se dedicaba sobre todo a pagar facturas falsas que encubrían otras actividades, como gastos electorales de la campaña de Mas en 2010, pagos relacionados con la trama del 3% en Lleida o supuestamente también a dirigentes de CDC.
La defensa de Madí sostiene que todas las facturas que sus empresas emitieron a Triacom “responden a servicios realmente prestados y perfectamente acreditados”. Además, sus letrados han recurrido la decisión del juzgado de Barcelona que iba a juzgar el supuesto fraude fiscal cometido por Triacom, causa en la que está acusado Madí, de enviar el expediente a Madrid para que se una a la investigación sobre el 3% que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado Santiago Pedraz, que pone el foco también sobre Triacom. El recurso está aún pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial.
David Madí es el gran poder en la sombra del mundo convergente desde que a principios de la década de 2000 se convirtiera en la mano derecha de Artur Mas, entonces conseller en cap y finalmente presidente de la Generalitat entre diciembre de 2010 y enero de 2016. Tras dirigir la campaña electoral que Mas ganó en 2010 –financiada en parte por Triacom, según la investigación–, Madí abrió un despacho privado en el Passeig de Gràcia, pero mantuvo intacta su influencia sobre Mas y el mundo convergente: su despacho se convirtió en el punto neurálgico de acceso al Gobierno catalán y a las cuestiones que dependían de CDC.
Una de sus personas de máxima confianza es Brauli Duart, al que Convergència aupó primero a la presidencia de la corporación de medios públicos (2012-2016) y luego a la secretaría general de Interior (2018-2020) en el periodo en que se promovió como comisario jefe de los Mossos a Eduard Sallent, quien ahora acaba de regresar a la cúpula del cuerpo tras la destitución de Josep Lluís Trapero como mayor y de Toni Rodríguez como responsable de Anticorrupción, precisamente la unidad que investiga a Triacom. Junto a Duart estuvo siempre también Andreu Martínez, primero como director estratégico de la corporación y luego como director de los Mossos.
La información aportada por la Agencia Tributaria a la causa Triacom revela que la actividad empresarial emprendida por Madí tras dejar a Mas instalado en la presidencia de la Generalitat fue muy lucrativa: las consultoras que creó ingresaron 4,5 millones de euros solo entre 2011 y 2013, la mayoría de grandes empresas que aspiraban a adjudicaciones de la Generalitat, que tras la llegada de Mas al gobierno puso en marcha un ambicioso plan de privatizaciones. Varios de estos clientes son multinacionales del Ibex con sede en Madrid, como Telefónica e Indra, lo que no impidió que Madí se convirtiera en un puntal del llamado “Estado mayor independentista”, que tuteló el proceso que culminó en el referéndum de 2017.
La productora Triacom, a la que los investigadores atribuyen una “importancia capital” en la “trama de facturas falsas” creada para la financiación ilegal de la extinta Convergència, el partido de Jordi Pujol y Artur Mas, pagó entre 2011 y 2013 al menos 412.000 euros a tres de las consultoras vinculadas a Madí, según revela la causa de la Audiencia Nacional.
Nubul Consulting, 97% propiedad de Madí y 3% de su esposa, Sandra Buenvaron, emitió facturas a Triacom por valor de 71.000 euros en 2011, 84.000 euros en 2012 y 54.000 en 2013. ICAT Desenvolupament, de la que Madí controlaba en torno al 70% de las acciones a través de las sociedades Comtria, Sloop y Batten, facturó 79.000 euros a Triacom en 2012. Finalmente, IKI Cat XXI, administrada por Madí y en un 50% en manos de ICAT Desenvolupament, se embolsó 124.000 euros procedentes de Triacom en 2011. Todo ello consta en el extenso informe de la Agencia Tributaria de la causa penal de Barcelona.
Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil sostienen que las facturas emitidas por las sociedades de Madí a Triacom son siempre “por conceptos muy genéricos, hecho que genera dudas acerca de la veracidad de los servicios facturados”, y advierten de una mecánica general de “fragmentación de facturas” entre las tres empresas distintas sin justificación aparente.
Además, los informes policiales subrayan supuestas incoherencias técnicas: en el caso de IKI Cat XXI, se señala que la factura es por un presunto encargo anterior incluso a la fundación misma de la empresa, con lo que los investigadores concluyen: “Esta incoherencia temporal evidencia que esta factura únicamente sirvió para reducir los ingresos de Triacom a final de ejercicio, al tiempo que se desviaban fondos hacia IKI CAT”.
En los casos de Nubul, se indica que se factura siempre por “conceptos muy genéricos” y que Triacom solía pagar incluso “antes de la emisión de las facturas”.
Las dudas con respecto a ICAT Desenvolupament alcanzan no solo a las facturas sino también a la estructura societaria misma. Esta empresa estaba participada en un 25% por Comtria Inversions, de la que tenía un 25% Josep Lluís Vilaseca, exjefe jurídico de TV3 y después de Mediapro, multinacional que a su vez controlaba el 10% de Triacom. Otro 25% de ICAT Desenvolupament estaba bajo control de Ifluocat, sociedad conectada con el entramado de facturas falsas de la Diputación de Lleida relacionada con CDC.
“Se comprueba que en 2012 existe una correlación entre las facturas emitidas por ICAT Desenvolupament a Triacom (en las que el pago se efectuó incluso antes de la emisión de la factura) y otras emitidas por Triacom a Benito Arnó [de la trama de la Diputación de Lleida] posteriormente y prácticamente por los mismos importes”, sostiene el informe policial, que añade: “A través de este circuito, el dinero circulaba desde Benito Arnó a ICAT Desenvolupament, pasando por Triacom”. Benito Arnó es una importante constructora leridana.
ICAT Desenvolupament tenía su sede en el mismo local del Passeig de Gràcia que albergó toda la red de consultoras vinculadas a Madí tras dejar a Mas instalado en la presidencia de la Generalitat. El sumario del caso Triacom revela también que todos los gastos de reforma y equipación de dicho despacho, así como los gastos ordinarios durante los primeros seis meses, corrieron supuestamente a cargo del administrador de Triacom, Oriol Carbó, a través de su sociedad personal Orieu.
Los gastos pagados por Orieu para habilitar el despacho de ICAT Desenvolupament ascendieron a casi 9.000 euros e incluían electrodomésticos y mobiliario, como cafetera, microondas, nevera, colgadores, paragüero, tazas, ceniceros, papeleras y lámparas, pero también el gasto ordinario de teléfono (1.423,54 euros entre marzo y junio de 2011), de cápsulas de café (159,6 euros) y hasta el material de escritorio más elemental: 50 bolígrafos, 24 rotuladores, 12 lápices, 12 gomas, 12 post-its, una cinta adhesiva…
Preguntado por los investigadores sobre por qué abonó estos pagos para el despacho privado de Madí, Carbó se limitó a contestar que era su “amigo” y que en aquel momento “no debía tener la estructura necesaria y le ayudó”.
La defensa de Madí subraya en cambio que todos los gastos respondían en realidad a un “contrato de préstamo” y que todos acabaron siendo reintegrados, de acuerdo con dicho contrato. Carbó no mencionó la existencia de este contrato en su declaración, pero los letrados de Madí afirman haber aportado a la causa toda la documentación que acredita su existencia, así como su cumplimiento y reintegro. La defensa de Carbó no ha respondido a la petición de este diario para recabar su versión, que le fue trasladada el miércoles de la semana pasada.
En años anteriores, las empresas personales del administrador de Triacom y exgerente de TV3 ya habían tenido como proveedora a la esposa de Madí, Sandra Buenvaron. En 2008 Orieu e Inversiones OCS le pagaron facturas por valor de 56.000 euros, mientras que en 2009 le abonaron otros 50.000 euros.