El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont afronta la próxima semana una vista crucial ante la Justicia europea en la que se abordará su inmunidad como europarlamentario. Este caso, junto a las prejudiciales que envió el Tribunal Supremo, marcará si los jueces belgas pueden volver a estudiar su extradición a España. En medio del escenario judicial de Luxemburgo se ha colado la reforma del Código Penal en España sobre el delito de sedición, que Puigdemont prevé alegar ante los magistrados europeos como ejemplo de la “persecución política” que, a su juicio, sufre por parte del Estado.
Ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) con sede en Luxemburgo se celebrarán el próximo jueves y viernes dos vistas que afectan a la inmunidad como europarlamentarios de Puigdemont y los otros representantes de Junts, Toni Comín y Clara Ponsatí. La sesión más importante para el futuro de los políticos independentistas será el viernes, cuando el TGUE examine si el procedimiento por el que el Parlamento Europeo aceptó el suplicatorio del Tribunal Supremo y retiró la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí se ajustó a la legalidad.
Los tres eurodiputados tienen a día de hoy inmunidad porque así lo estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de forma cautelar. Pero la vista ante el TGUE es decisiva porque, en función de lo que decidan los jueces, el suplicatorio puede volver a tener que tramitarse desde cero, lo que en la práctica supondría que Puigdemont podría conservar la inmunidad hasta prácticamente el final de la legislatura (inicios de 2024).
El equipo legal del expresident, liderado por Gonzalo Boye, ha puesto toda la carne en el asador del TGUE. Los argumentos para anular el suplicatorio empiezan por la falta de imparcialidad del presidente del comité que lo tramitó, Adrián Vázquez (Ciudadanos) y del ponente, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki (ECR, el grupo de Vox), quien participó en marzo de 2019 en la primera visita de dirigentes de la extrema derecha española al Parlamento Europeo. Fue el día en que el secretario general del partido de extrema derecha, Javier Ortega Smith, gritó en sede parlamentaria: “Puigdemont, a prisión”.
Según la defensa del expresident, la falta de imparcialidad de Vázquez provocó que hiciera una suerte de traje a medida de Puigdemont, apartándose de los términos en los que la Eurocámara había retirado la inmunidad a decenas de europarlamentarios en el pasado. La defensa pone varios ejemplos: no traducir y darse por instruido en 24 horas de 10.000 páginas de documentación en distintos idiomas europeos, no dar una respuesta fundada (aunque sea negativa) a las alegaciones del expresident o no valorar la competencia del juez del Supremo Pablo Llarena para enviar el suplicatorio.
Frente a las tesis de Puigdemont, el Parlamento Europeo y España defienden el aval del suplicatorio. La sentencia del TGUE se espera para principios de año, pero tanto la Eurocámara como los políticos de Junts podrán recurrirla ante el TJUE.
Además de las cuestiones relativas a la imparcialidad de Vázquez y Dzhambazki, el expresident también alegará cuestiones de fondo sobre derechos fundamentales que viene reiterando en los respectivos intentos –hasta ahora fallidos– del Supremo para extraditarle. En primer lugar, que el juez Llarena no es el competente para investigar la causa del procés, argumento que todas las defensas independentistas comparten y que los ya condenados e indultados han alegado también en sus demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Los recientes anuncios de cambios en el Código Penal también han dado munición al expresident para alegar que sufre “persecución política”. Según la defensa, la derogación de la sedición y la modificación de los desórdenes públicos suponen un cambio legislativo para intentar por todas las vías una extradición del expresident, toda vez que Alemania ya dejó claro al Supremo que no iba a extraditar a Puigdemont ni por rebelión, ni sedición ni cualquier delito contra el orden público (sí por malversación, pero el juez Llarena rechazó la entrega por este delito).
En cualquier caso, según fuentes jurídicas, el cambio en el Código Penal sí comportará que el juez Llarena tenga que analizar de nuevo si debe cursar una nueva petición de extradición ya que el delito de sedición por el que la emitió en 2019 tras la sentencia del procés ha sido derogado. Una nueva vuelta de tuerca que ralentizaría todavía más la decisión de la Justicia belga sobre la entrega a España de los independentistas.
Antes de que los jueces belgas puedan volver a abrir esa carpeta será necesario que finalicen tanto el pleito sobre la inmunidad como el de las cuestiones prejudiciales que el juez Llarena envió al TJUE, cuya resolución se prevé para finales de este año. En cambio en el relativo a la inmunidad, al caber recurso, la decisión definitiva de la Justicia europea podría demorarse hasta finales de 2023.