Titulitis o la mercantilización de la formación superior

Hemos visto en las últimas semanas un gran trasiego de títulos universitarios en los medios de comunicación, con el máster irregular de Cristina Cifuentes, que ha terminado empujando a la dimisión de todos sus cargos políticos, ocupando una gran atención. Hemos asistido a la perplejidad de la expresidenta de la Comunidad de Madrid por el mero hecho de hacerse público que hubiera comprado un título de máster. La perplejidad ha sido probablemente genuina ya que nadie se escandaliza si compra una lubina o un solomillo. Cierto que la compra del título involucró en este caso la falsificación de documentos públicos y esas cosillas, pero al fin y al cabo eso es como cuando le quitan la grasa sobrante al solomillo en la carnicería o las escamas y tripas a la lubina en la pescadería, ¿sabe usted?

Para entender la sorpresa de Cifuentes es necesario comprender el contexto político y social en el que se desarrolla la obtención fraudulenta de su título. Y ese contexto incluye, en primera página, la mercantilización de la “formación”. Hace unos días, El País publicaba un artículo explicando que la empresa privada cada vez se fija menos en los títulos universitarios a la hora de contratar personal. Si en los años 70 del pasado siglo un título universitario poco menos que garantizaba un buen empleo de por vida (sobre todo en determinadas profesiones), hoy en día miles de jóvenes en paro acumulan títulos universitarios como el que colecciona cromos y con similares efectos sobre su futuro laboral.

Como explica el artículo de El País, esto no significa que la formación no ayude a conseguir empleo, o que la empresa privada no busque personal cualificado. Lo que significa es que, de cara a reclutar personal, en lugar de fijarse en los títulos universitarios listados en el currículum, los departamentos de recursos humanos se centran en la capacidad de los candidatos de resolver problemas prácticos reales a los que se enfrentan durante las entrevistas. Un poco como en esas asignaturas, de corte analítico, en las que se permite usar todos los libros que se quiera en los exámenes, ya que lo que se evalúa es nuestra capacidad para resolver problemas.

Para un departamento de recursos humanos sería más rápido y barato seleccionar personal tirando de currículum. Aunque siempre habría un pequeño grupo de candidatos preseleccionados a los que entrevistar, ¿por qué no utilizar básicamente los currículums como elemento de selección? Sencillamente, porque ha dejado de haber una correlación importante entre la titulación de un candidato y su preparación para realizar un trabajo. Y aunque probablemente son muchos los factores que han conducido a este escenario, una parte no despreciable de la responsabilidad recae sobre la administración pública y los mecanismos de acceso a la función pública o a personal laboral de las administraciones.

Cada año, el CSIC gestiona miles de contratos temporales a través de su bolsa de trabajo. Los candidatos que se dan de alta son evaluados en base a ciertos criterios generales sugeridos por el propio CSIC, y cuando se convoca un puesto al que pueden presentarse, una comisión técnica los evalúa de nuevo. Se suman las dos puntuaciones (la general y la específica para el contrato en cuestión) y el candidato con más puntuación total obtiene el puesto. La comisión técnica da a cada candidato una puntuación entre 0 y 50, diez puntos de los cuales corresponden a titulación complementaria (“Doctor, Máster, otras titulaciones, cursos de especialización, participación en seminarios, etc., siempre con una duración superior a 15 horas y cuyo contenido esté relacionado con el objeto del contrato ofertado”). Suponiendo que el contenido del curso “esté relacionado con el objeto del contrato ofertado”, la puntuación se hace sencillamente por horas.

¿Una aberración del CSIC? Desgraciadamente, no. Tomemos, por ejemplo, unas oposiciones para docentes en Extremadura. Por un lado está la nota del examen (los exámenes), por otro los “méritos”. Sobre un total de 10 puntos, se pueden obtener hasta un máximo de 5 puntos por la “formación académica”, que incluye (entre otras cosas) un punto por máster o doctorado, así como un punto por cada titulación universitaria de carácter oficial adicional (es decir, otras que no sean la requerida para presentarse a las oposiciones) de primer o segundo ciclo. Además, en el apartado de otros méritos se puede obtener un máximo de dos puntos por “formación permanente” (a 0,05 puntos por crédito si el curso o lo que sea está relacionado con las oposiciones, y 0,03 puntos por crédito si el curso trata del sexo de los ángeles). Con pequeñas modificaciones, es el sistema al que se enfrentan todos los que intentan sacar una plaza de funcionario mediante un concurso-oposición.

La mayoría de los miles de españoles que anualmente concurren a estas oposiciones sabe que sus escasas probabilidades de éxito para obtener una plaza pasan por tener el máximo de puntos en el apartado de méritos, lo cual le obliga a matricularse en todo tipo de cursos a su alcance para sumar créditos. Afortunadamente para estos miles de candidatos, al menos para aquellos con unos recursos económicos mínimos, las universidades públicas y privadas y los sindicatos se han dado cuenta de su necesidad y no han tardado en ofertar un amplio abanico de cursos “homologados”, muchos de ellos online. Por ejemplo, según la publicidad disponible online, un curso de 110 horas, que sorprendentemente se saca en tan solo una tarde, otorga 0,5 puntos para el baremo de las oposiciones para Maestros y profesores de Secundaria, FP y EOI; y 2 puntos en el baremo se traducen en 0,66 puntos en la nota final. Unas décimas que pueden significar la diferencia entre conseguir plaza o no, y determinan la posición en la lista de interinos. Muchos de estos cursos son ofrecidos por universidades privadas, y cuestan entre 100 y 150€, aunque algunos más especializados ofrecidos por universidades públicas pueden llegar a costar el doble300€. Es decir, para conseguir los dos puntos del apartado de “formación permanente” hacen falta entre 400 y 1200€, y en muchos casos tan solo uno o dos fines de semana de dedicación. Obviamente, en muchos casos la formación real que proporcionan es poca o ninguna. Cursos equivalentes de 150 horas (0,75 puntos en el baremo) en la UNED exigen 6 meses de dedicación a tiempo parcial y entregar un trabajo, por un coste de 180€ (es decir 540€ por los dos puntos antes referidos).

Los cinco puntos de formación académica salen más caros. El doctorado se puede cursar con beca (aunque primero hay que conseguirla), pero por lo que sabemos ninguna universidad española vende (todavía) títulos de doctor. Y un doctorado de verdad lleva tiempo (raras veces menos de cuatro años, con frecuencia más), energía, sinsabores y alguna lágrima. Las titulaciones universitarias de carácter oficial llevan tiempo. Pero no desesperen, que por unos 3,000 € puede usted comprar un máster. Tendrá que presentar unos trabajos, claro, pero si elige bien el máster y la universidad no le va a llevar mucho tiempo. O también puede “externalizar” la escritura de estos trabajos… total, ya puestos. Tampoco le van a formar, pero ¿para qué quiere formarse si el objetivo es otro?

Pensábamos, probablemente de forma inocente, que en el entorno de la universidad pública eso no era posible ya que ahí se garantizaba la igualdad de oportunidades. No es raro escuchar historias de universidades tipo taller, donde por un módico precio y en este marco neoliberal tan en auge, se pueden comprar títulos. Lo ocurrido con la expresidenta Cifuentes y la deslealtad de algunos catedráticos como Alvárez Conde pone en tela de juicio a todo el sistema.

Afortunadamente, quedan muchos programas de calidad en las universidades españolas. De primer y segundo ciclo, másteres y doctorados, en todas las áreas. De hecho, son la grandísima mayoría. Títulos que no se venden, sino que se obtienen con trabajo y esfuerzo. Pero en el proceso de mercantilización que sufre la universidad en la actualidad como denuncia Lina Gálvez, uno no puede menos que preguntarse ¿por cuánto tiempo?

Hemos visto en las últimas semanas un gran trasiego de títulos universitarios en los medios de comunicación, con el máster irregular de Cristina Cifuentes, que ha terminado empujando a la dimisión de todos sus cargos políticos, ocupando una gran atención. Hemos asistido a la perplejidad de la expresidenta de la Comunidad de Madrid por el mero hecho de hacerse público que hubiera comprado un título de máster. La perplejidad ha sido probablemente genuina ya que nadie se escandaliza si compra una lubina o un solomillo. Cierto que la compra del título involucró en este caso la falsificación de documentos públicos y esas cosillas, pero al fin y al cabo eso es como cuando le quitan la grasa sobrante al solomillo en la carnicería o las escamas y tripas a la lubina en la pescadería, ¿sabe usted?

Para entender la sorpresa de Cifuentes es necesario comprender el contexto político y social en el que se desarrolla la obtención fraudulenta de su título. Y ese contexto incluye, en primera página, la mercantilización de la “formación”. Hace unos días, El País publicaba un artículo explicando que la empresa privada cada vez se fija menos en los títulos universitarios a la hora de contratar personal. Si en los años 70 del pasado siglo un título universitario poco menos que garantizaba un buen empleo de por vida (sobre todo en determinadas profesiones), hoy en día miles de jóvenes en paro acumulan títulos universitarios como el que colecciona cromos y con similares efectos sobre su futuro laboral.