El reto demográfico se incluirá en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión
El Gobierno de Castilla-La Mancha abordará en la presente legislatura la elaboración de una Ley contra el Despoblamiento que permita luchar contra la pérdida demográfica que sufren numerosas zonas de nuestra región, garantizando la prestación de los servicios básicos para la población que reside en estos núcleos relacionados con la sanidad, la educación o los servicios sociales, servicios bancarios y financieros o garantizar la plena conectividad territorial.
El vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, lo explicó así durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha recordado que lo que se ha “avanzado” en la lucha contra el despoblamiento y los efectos del envejecimiento demográfico, como con la reciente creación del Comisionado para el Reto Demográfico. Además, ha incidido en que otros temas como la “transparencia en la actuación del Ejecutivo y el fomento de la participación ciudadana” y “la búsqueda del consenso para la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía”, centrarán la acción de la Vicepresidencia en esta legislatura.
En cuanto al reto demográfico, ha señalado que se trata de una “cuestión de igualdad de oportunidades, no discriminación y libertad para elegir”, y por eso, se buscará un Pacto regional contra la despoblación que culmine en la elaboración de una Estrategia frente al Reto Demográfico en Castilla-La Mancha “de naturaleza global y trasversal”.
El vicepresidente ha recordado que la lucha contra la despoblación comenzó durante la pasada legislatura con la reapertura de escuelas rurales, el “refuerzo” en la atención sanitaria, o la aprobación de la Inversión Territorial Integrada (ITI). El vicepresidente ha recordado que se han movilizado recursos de los fondos estructurales dando prioridad a las iniciativas de desarrollo en las áreas más deprimidas a través de casi un centenar de líneas de ayuda con criterios de discriminación positiva por importe superior a los 678 millones de euros.
La perspectiva demográfica se incorporará también en el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, para poder “favorecer la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social”.
Financiación autonómica
Martínez Guijarro también ha afirmado que la Junta insistirá en su planteamiento al nuevo Gobierno de España sobre la “necesidad urgente” de reformar del actual modelo de financiación autonómica, para que se incluya el coste de la prestación de los servicios que permita corregir el desequilibrio de suficiencia por la dispersión de la población, la despoblación y el envejecimiento de la misma, cumpliendo los principios de solidaridad y suficiencia financiera, y para lo que ha apelado al compromiso del resto de grupos políticos de las Cortes regionales.
El vicepresidente también ha señalado que la Ley de Participación, a secas, se aprobará en el actual período de sesiones. El texto, recalcó, se aprobará en el actual período de sesiones y que dota de nuevos mecanismos para que los ciudadanos puedan disponer de su interés de una forma clara y abierta, por medio de la Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación.
“Las nuevas tecnologías y las nuevas demandas sociales aconsejan nuevos procedimientos de participación más directos, que desarrollará la nueva ley, y que vienen a profundizar en el derecho de los ciudadanos a participar directamente, sin mediación de asociaciones, en las decisiones importantes que afectan a su futuro”, señaló Martínez Guijarro.
En cuanto a los instrumentos de participación, el más importante será el ‘Portal de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha’ para informar a la ciudadanía de las políticas públicas y concederle la posibilidad de intervenir activamente en las mismas.
Los procedimientos a instancias de la Administración se articularán en torno al denominado ‘Plan anual de participación ciudadana’, un documento estratégico que contendrá los proyectos normativos, planes o programas derivados de las políticas públicas que han de ser objeto de los instrumentos o procedimientos de participación previstos en la presente ley.
Aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía
Respecto a la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, Martínez Guijarro ha subrayado la apuesta del Gobierno del presidente García-Page por abrir un diálogo institucional con las distintas formaciones políticas, no sólo con los partidos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha, sino también con otras fuerzas políticas que están presentes en otras instituciones.
“Ese consenso debe permitirnos eliminar para siempre la tentación de reducir derechos y servicios públicos esenciales como solución a situaciones de crisis o tentación de favorecer intereses del sector privado, con el que podemos y debemos colaborar, y encontrar fórmulas para que la representación parlamentaria se ajuste mucho más estrechamente al voto de los ciudadanos”, ha apostillado.
El objetivo es elaborar un nuevo Estatuto de Autonomía que recoja asuntos como la protección del estado del bienestar de la comunidad autónoma, el establecimiento de una arquitectura institucional y unas reglas del juego que mejoren la representatividad en el Parlamento autonómico.
