La ultraderecha extraparlamentaria, además de Vox, se cobró una pieza de caza mayor con la dimisión de Mónica Oltra a consecuencia de su imputación en la causa que investigaba la gestión de la Conselleria de Igualdad en relación a la denuncia por abusos sexuales del exmarido de la dirigente de Compromís. Se trata de la más importante victoria política en las últimas décadas de la galaxia ultra más extremista.
El abogado José Luis Roberto, dirigente del grupúsculo neofascista España 2000 y propietario de la empresa Levantina de Seguridad, detectó una ventana de oportunidad y se ofreció a representar gratuitamente, según ha destacado en varias ocasiones, a Teresa T., la menor que denunció al educador Luis R. I., finalmente condenado a cinco años de prisión por abuso sexual en una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo.
Roberto, un veterano de la ultraderecha valenciana, vino a justificar su papel de letrado de la acusación particular en la defensa de una víctima española blanca en contraste con el supuesto abuso generalizado de los menores no acompañados, que en el discurso de la extrema derecha aparecen retratados como chupópteros de las ayudas públicas.
La metáfora era tan simple como efectista: mientras la izquierda ayuda a los bárbaros que se cuelan por la frontera sur de la Unión Europea, la extrema derecha rescata a la población oriunda desamparada por el sistema. A pesar de que se trata de menores pobres y desamparados, independientemente de su origen, color de piel o religión, la ultraderecha pinta un cuadro de brocha gorda, burdo pero muy eficaz en ciertos periodos históricos.
Las acusaciones populares: Vox y Cristina Seguí
La sentencia de la Audiencia Provincial de València que condenó al educador, tras la repetición parcial del primer juicio, incluyó severas críticas a la gestión de la Conselleria de Igualdad, en manos de Mónica Oltra, de Compromís. La denuncia de Roberto propició el nacimiento de una instrucción que se saldó con la dimisión de Oltra de todos sus cargos.
A la investigación, en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València, se sumó como acusación popular Vox —una formación que gobierna actualmente en la Generalitat Valenciana en alianza con el PP 'zaplanista' de Carlos Mazón— y la asociación Gobierna-te, de la agitadora ultra Cristina Seguí.
Seguí fue una de las fundadoras de Vox en València. Con cierta proyección inicial, acabó rompiendo con el partido de Santiago Abascal debido a las disensiones internas. Prácticamente en solitario, la agitadora ultra se centró más tarde en pilotar la acusación popular en el caso que acabó con la imputación y posterior dimisión de Oltra.
El letrado que ejerce la representación jurídica de la asociación es Pablo Delgado, abogado de Francisco Camps en las últimas causas que han afectado al expresidente valenciano. De hecho, Oltra reseñó en las Corts Valencianes una supuesta alianza de Camps, Seguí y el empresario Alberto de Rosa contra ella.
En un segundo plano, Vox ha ejercido la otra acusación popular, aunque con un papel más secundario. Roberto, junto con Manuel Salazar (otro letrado de la ultraderecha) también ha mantenido un perfil bajo en la causa, sin estorbar demasiado la labor del juez instructor y del fiscal en las pesquisas.
Ni el magistrado ni el representante del Ministerio Público se enmarcan en esas latitudes ideológicas. Se trata de dos juristas serios y técnicamente solventes. El juez, Vicente Ríos, se encargó de la investigación del 'caso Emarsa', una trama de corrupción vinculada al PP que ocasionó un descomunal saqueo al erario y que se saldó con severas condenas de prisión. En definitiva, un incuestionable éxito judicial que avala su trayectoria como instructor.
El papel y la adscripción ideológica de las acusaciones han distorsionado irremediablemente el proceso judicial desde el inicio. La principal investigada, dirigente de Compromís, siempre ha criticado la persecución ideológica que, a su juicio, propició la estrategia de la ultraderecha en el caso. Oltra y el espacio político a la izquierda del PSOE, tanto en el ámbito valenciano de Compromís como en el estatal, han alegado que la causa encaja en una estrategia de 'lawfare' (la utilización de la justicia con fines políticos).
El supuesto 'lawfare'
Sin embargo, el hecho de que ni el juez instructor ni el fiscal compartan esa tendencia ideológica, debilita de raíz el argumentario argüido en materia de 'lawfare'. A diferencia del emblemático caso de Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente brasileño de izquierdas encarcelado —pasó 580 días entre rejas— por un supuesto caso de corrupción cuya sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo, en la causa de Oltra el papel del instructor y del fiscal no tiene nada que ver con aquella acusación viciada.
El juez Sérgio Moro, posterior ministro de Justicia con el ultra Jair Bolsonaro, conspiró con el fiscal para armar una acusación contra Lula, según reveló The Intercept. La condena a Lula, un dirigente de la izquierda latinoamericana que se convirtió en objetivo prioritario de la derecha al otro lado del Atlántico, fue anulada y su penitencia se erigió en símbolo indiscutible de un 'lawfare' de manual. Nada más lejos del caso valenciano.
De hecho, la propia Oltra —jurista de profesión— expresó su confianza en el sistema español de justicia tras su declaración, de casi ocho horas, ante el juez instructor.
Los letrados que representan a las acusaciones —la particular y las dos populares— están directamente vinculados a la ultraderecha y no forman parte de la tribu de penalistas habituales en València, a excepción de Pablo Delgado, abogado de Gobierna-te.
Algunas maniobras de la acusación popular de Cristina Seguí tuvieron el paradójico efecto de dar un balón de oxígeno a la defensa de Oltra. El juez, a petición de Gobierna-te, abrió una pieza separada secreta para analizar decenas de miles de correos electrónicos de Oltra y su gabinete. Las conclusiones del informe policial descartaban que la entonces vicepresidenta y consellera de Igualdad maniobrara para tapar los abusos de su exmarido o para beneficiar su situación procesal. Tampoco hubo intento alguno de borrar correos, tal como especulaba la acusación popular en plan conspiracionista.
Roberto: “A ver si me dan una medalla”
Tras la imputación de Mónica Oltra, entonces aforada, por parte de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), la situación de la dirigente de Compromís se hizo insostenible hasta tal punto que tuvo que dimitir. En la contundente rueda de prensa que dio para anunciar su dimisión, además de otros asuntos, Oltra se refirió al papel de la extrema derecha en la causa.
La relación entre las acusaciones no ha sido pacífica. José Luis Roberto y su entorno del grupúsculo España 2000 mantuvieron sonados enfrentamientos en redes sociales con Cristina Seguí, con el trasfondo del 'trofeo' de la posible imputación de Oltra. La víctima del exmarido, menor tutelada por la Generalitat Valenciana cuando se produjeron los abusos sexuales, llegó a denunciar que había sido utilizada con fines estrictamente políticos, ajenos a su delicada situación personal.
Además, Roberto publicó una serie de mensajes en redes sociales de tono más que indecoroso: “Me la voy a follar sin tocarle un pelo”, escribió en Twitter el 4 de junio de 2022 en referencia a Oltra. “A ver si me dan una medalla”, apostilló. (En otro orden de cosas, el jefe de la comisaría de Paterna premió unos meses después a José Luis Roberto, un galardón posteriormente anulado por el Ministerio del Interior, que abrió una investigación al inspector jefe que tuvo la inoportuna ocurrencia).
Tras ese mensaje, al parecer borrado, reformuló su anhelo en un tuit publicado el 16 de junio, con ocasión de la imputación de Oltra por parte del TSJ-CV: “Al final te llevé al huerto sin tocarte un pelo”, matizó el empresario neofascista, antiguo artífice de una suerte de patronal de la prostitución en España.
La ultraderecha extraparlamentaria que representan Roberto y Seguí jamás había logrado una victoria política de tal calibre. El 'trofeo' es un hito histórico para ambos personajes. Y es que la dimisión de Oltra descabezó a la izquierda valenciana de uno de sus principales activos políticos y dejó a Compromís en una situación anímica más que delicada.
El Pacte del Botànic, formado por Compromís, el PSPV-PSOE y Unides Podem, perdió las últimas elecciones autonómicas tras dos legislaturas gobernando. El popular Carlos Mazón pactó con Vox, que ejerce la acusación popular en la causa, para gobernar las instituciones autonómicas. Si bien no es fácil concluir que la dimisión de Oltra fuera determinante para el resultado de los comicios, sin duda desestabilizó profundamente a la izquierda valenciana.
Un recorrido limitado
Sin embargo, el logro ha tenido un recorrido limitado. El juez instructor ha decidido, sorpresivamente, dictar el sobreseimiento provisional para Oltra y el resto de investigados en un auto que destaca la falta de indicios y que encuadra las acusaciones contra la exvicepresidenta, después de su declaración como investigada, en la categoría de “meras sospechas, conjeturas o elucubraciones” pero, en todo caso, no en indicios de ilícitos penales.
El auto del juez instructor, sólido en su argumentación y robusto jurídicamente, no es firme. Las acusaciones tienen hasta el próximo martes para interponer un recurso de apelación. Ya han anunciado su intención de recurrir la decisión del magistrado.
La resolución, de momento, deniega varias diligencias solicitadas tanto por Vox como por la acusación particular que ejerce José Luis Roberto en relación, respectivamente, al tráfico de llamadas de Mónica Oltra y su equipo y a los informes de la Abogacía de la Generalitat Valenciana en la causa de los abusos sexuales. Las diligencias no “contribuirían en nada al esclarecimiento de los hechos”, considera el auto del juez Ríos.
La resolución ha dejado noqueadas a las acusaciones, que han mantenido un perfil bajo desde que se dictó el sobreseimiento el pasado martes. Sin embargo, la última palabra la tiene la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, encargada de resolver los recursos de apelación en el marco de esta instrucción.