La Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) procedió en pleno inicio de la crisis sanitaria de la COVID-19 a la compra de mascarillas a la desesperada, dada la grave situación de pandemia mundial. La sociedad mercantil de carácter público de la Generalitat Valenciana adquirió entre marzo y mayo del 2020 un total de 554.000 mascarillas FFP2 con un coste total en origen de 935.592 euros en tres contrato diferentes. La empresa proveedora obtuvo un beneficio de 128.687 euros, con un margen de beneficio del 13,75% sobre el coste de adquisición en origen.
La Agencia Valenciana Antifraude (AVA), el organismo que dirige Joan Llinares, recibió una denuncia en su buzón anónimo a raíz de un informe de la Intervención de la Generalitat en el que alertaba sobre el posible fraccionamiento de contratos para adquisición de mascarillas.
Antifraude ha analizado la documentación aportada por la SGISE y reprocha en un informe que desconoce por qué se realizaron “tres contrataciones consecutivas en el tiempo y no una única contratación global para la totalidad del suministro”. También se desconoce si se procedió a la comprobación de si las mascarillas cumplían las especificaciones técnicas.
Además, el objeto social de la empresa “no está relacionado con el objeto del contrato”. “Se ha procedido a contratar los suministros con empresas cuya capacidad y solvencia no ha sido acreditada con los expedientes analizados” por la AVA.
El informe concluye que la mercantil no era el fabricante de las mascarillas sino que actuaba en “su condición de exportadora desde el mercado chino”. La AVA, por otra parte, considera que no se cumplieron los “principios generales de la contratación pública” (publicidad, concurrencia y no discriminación) ya que sólo se ha acreditado la solicitud de oferta a tres proveedores para el periodo comprendido entre febrero y mayo del 2020.
Tras la contratación inicial “no se ha acreditado que se haya seguido realizando consultas o estudios de mercado” para los siguientes dos contratos. En definitiva, concluye Antifraude, “no se ha justificado adecuadamente la partición o división del objeto contractual” de la adquisición de mascarillas en los tres contratos consecutivos. Por otra parte, en materia de fiscalización de la entrega material de los bienes, la ausencia de elementos como fotografías “no permite afirmar, con una certeza indiscutible si el contrato fue cumplido en su integridad”, más allá de los certificados de conformidad.
Sin embargo, la AVA no dispone de pruebas ni indicios de la posible existencia de fraude o corrupción. Simplemente, detalla el informe, “se han producido déficits en el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y sus principios generales reguladores de la actuación administrativa en materia de contratación pública”. A pesar de ello no se trata de “irregularidades invalidantes”. Antifraude si que considera un “vicio de nulidad de pleno derecho” la contratación de una empresa que carecía de capacidad y solvencia.
El informe recomienda a la SGISE que dicte instrucciones internas “precisas” para que la entidad deje constancia formal por escrito de que las contrataciones se ajustan a precios de mercado“. Además, agrega la AVA, ”resultaría aconsejable que los órganos de contratación solicitasen ofertas de diferentes licitadores y, en su caso, negociasen los términos del contrato susceptibles de ello, procurando proveerse, en los supuestos en que ello resultase posible, de referencias de precios habituales de mercado de los bienes y servicios objeto de contratación“.
Una “situación de desabastecimiento generalizado”
La SGISE, a través de un escrito de su director ejecutivo, Baltasar Ortiz, alegaba el contexto de pandemia mundial en el que se produjo la adquisición de mascarillas y recuerda que “desde el minuto uno”, el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana realizó tareas de entrega de materiales en residencias de la tercera edad. “La adquisición del material sanitario necesario fue muy complicada” en una “situación de desabastecimiento generalizado”.
“En los primeros momentos conseguimos algunas pequeñas cantidades de material, a través de distintos proveedores, pero claramente insuficientes para atender nuestras necesidades”, relata el director ejecutivo de la entidad.
Por otro lado, “los distintos proveedores que conseguíamos contactar nos establecían precios altos a nuestro entender y tampoco garantizaban una entrega inmediata y la cantidad que necesitábamos, y nos exigían entregas a cuenta, algo que nosotros no contemplábamos”, relata. La principal preocupación de la SGISE era “conseguir el mayor número de material sanitario”.
Además, la empresa pública se encontraba en aquella época “en construcción” y “no tenía la estructura suficiente administrativa para hacer frente a dicha situación” por lo que dio prioridad a la intervención en apoyo de la población y el establecimiento de todos los controles posibles “y en cumplimiento de la legalidad, con el fin de lograr la mayor transparencia en la gestión administrativa y la eficiencia en el desarrollo de las funciones y tareas que nos encomendaban”, explica el director ejecutivo de la SGISE.