El Ayuntamiento de Bétera, gobernado por la popular Elia Verdevío, ha encargado los pliegos del mayor contrato municipal, por 22,5 millones de euros, a un ingeniero condenado por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental a un año y seis meses de cárcel y a devolver 35.000 euros en concepto de responsabilidad civil en el marco del 'caso Blasco'.
Se trata de la contratación del servicio de la gestión de residuos y limpieza del municipio de la comarca del Camp de Túria. “El compromiso de este equipo de Gobierno siempre ha sido dar solución a este problema endémico que arrastramos desde hace años y que ahora, por fin, va a permitir disfrutar de una Bétera más limpia”, destacó la alcaldesa sobre el contrato millonario, que también incluye la recogida de enseres y la limpieza viaria.
El encargado de elaborar los pliegos es el ingeniero industrial Jesús Urquiza Delgado, antiguo técnico de la consultora Caaz-Expande, que alcanzó un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en el juicio por el fraude de las ONG.
Urquiza Delgado reconoció que falseó informes para que las supuestas ONG de la red corrupta tuvieran la mayor puntuación y se llevaran varios millones de euros de dinero público. El ingeniero está casado con la exedil de Urbanismo en Llíria Remedios Mazzolari, también asesora del PP en la Diputación de Valencia.
Mazzolari fue presidenta de la empresa que dirige su marido, Entornos Naturales y Rutas Consolidadas SL, en la que también era administrador Luis Castel Aznar, propietario a su vez de la consultora Caaz, una de las piezas clave del engranaje de la trama del exconseller popular Rafael Blasco.
La dirigente del PP de Llíria, miembro de la gestora del PP provincial de Valencia nombrada por Pablo Casado, estuvo imputada y fue posteriormente absuelta de adjudicar dos contratos que sumaban casi 60.000 euros a la consultora Caaz, justo en 2008 cuando colaboraba ya en el entramado del exconseller condenado por corrupción.
El contrato millonario del Ayuntamiento de Bétera pretende implantar, por primera vez, los nuevos contenedores marrones de orgánico en todo el término y la instalación de los contenedores de todas las fracciones (resto, orgánico, envases y papel y cartón).
Con un presupuesto anual de 2,8 millones de euros, el contrato se dispara a un valor estimado de 22,5 millones en ocho años.