397 británicos que viven en la Comunidad Valenciana en una especie de limbo legal al no poder acceder a la sanidad pública se han acogido, a fecha 1 de enero de 2020, al convenio especial de prestación de asistencia sanitaria suscrito con la Generalitat. De esta forma tienen garantizadas mediante un pago mensual las prestaciones sanitarias de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud dentro del territorio valenciano. No obstante, esta modalidad no cubre la prestación farmacéutica, ortoprotésica, de productos dietéticos o el transporte sanitario no urgente.
En concreto, 353 personas de nacionalidad británica menores de 65 años están abonando la cuota de 60 euros mensuales y 44 británicos mayores de 65 están pagando la cuantía de 157 euros al mes para sortear la condición de no asegurados ni beneficiarios del Sistema Nacional de Salud por, en la práctica, no estar cotizando a la Seguridad Social como trabajadores ni tener regularizada su situación como pensionistas.
Los datos de los que dispone la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, a los que ha podido acceder este diario, sitúan a los británicos residentes en la Comunitat como la nacionalidad que más ha suscrito este convenio promovido por el Ministerio de Sanidad mediante real decreto en 2013, cuando Ana Mato era ministra, y al que se han ido adhiriendo las comunidades autónomas.
Así, desde el inicio de este 2020, el 47% de las personas que han suscrito el convenio especial con la Generalitat son británicos del total de 849 ciudadanos correspondientes a todas las nacionalidades. Con la celebración del referéndum, que determinó la salida del Reino Unido de la Unión Europea en junio de 2016, fueron muy pocos los británicos que dieron el paso.
A fecha 1 de enero de 2017, es decir, medio año después, 163 británicos (94 menores de 65 años y 69 mayores de 65) firmaron este convenio. Un año después, la cifra descendió a 151 para volver a subir en 2019 hasta 256. Entre 2019 y 2020 se ha producido el mayor incremento en contrataciones de este servicio, 141 nuevas altas, en un periodo en el que estaba inicialmente prevista la salida del Reino Unido de la UE para marzo de 2019, pospuesto para abril, posteriormente para octubre y prorrogado finalmente hasta el pasado 31 de enero de 2020.
Sin embargo, y como recuerdan fuentes de Conselleria, “únicamente el 0,6% de los británicos tienen suscrito el convenio especial en la Comunidad Valenciana”, donde residían a fecha de 2019 78.890 británicos, según el Instituto Nacional de Estadística. La mayoría de ellos viven en la provincia de Alicante, la primera colonia de España, seguida de Málaga e Islas Baleares.
“La gran mayoría de ellos han trasladado su pensión a nuestro país, tienen la tarjeta sanitaria europea o se encuentran asegurados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social”, señalan estas mismas fuentes. A este respecto, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha mantenido durante todo el proceso del Brexit que “ningún británico va a perder la ciudadanía (valenciana) en cuanto al derecho básico de la salud”.
Condiciones
Para acceder a este convenio especial los requisitos son, básicamente, estar empadronado en un municipio de la Comunitat Valenciana y acreditar la residencia efectiva en España durante un periodo continuado mínimo de un año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud del convenio especial.
Se da la circunstancia de que la asistencia sanitaria es, en teoría, universal. Pero en la práctica, no todas las personas tienen garantizado este derecho ni en España ni en la Comunidad Valenciana, como se ha visto con las 849 personas que han optado por suscribir el convenio especial con la Generalitat, en lugar de un seguro privado que, según fuentes del sector, ronda un precio similar, unos 60 euros mensuales, para la misma cartera de servicios.
Esa cuota que pagan los menores de 65 años (que representan el 89% de la población británica que ha firmado este convenio, frente al 11% de mayores de 65) equivale a 720 euros anuales, una cantidad por otro lado similar a la fijada por la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad para las concesionarias de los hospitales del modelo Alzira, que en 2016 percibía 737 euros per cápita.