Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana durante la era de la corrupción del PP, sigue prodigándose en los medios de comunicación, donde se postula como improbable candidato a la alcaldía de Valencia. Sin embargo, los meses previos a las próximas elecciones municipales, Camps deberá hacer un abultado hueco en su agenda para sentarse en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional (AN) en el último juicio por los contratos de la trama Gürtel. El tribunal ha fijado el calendario del juicio, en 60 sesiones que empezarán el 17 de enero del 2023 y que se alargarán hasta el mes de mayo, en pleno periodo preelectoral.
El expresidente del Ejecutivo valenciano, que ha salido airoso de numerosas causas de corrupción, se ha resistido por activa y por pasiva a que la AN lo juzgue. Su defensa incluso solicitó al tribunal que elevara hasta ocho cuestiones prejudiciales relativas a su imputación en Gürtel al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una petición que la AN rechazó.
Así, a Camps no le queda más remedio que sentarse en el banquillo de los acusados, por un presunto delito de prevaricación, tras su procesamiento por el Juzgado Central número 5 de la AN, encargado del 'caso Gürtel'.
El expresidente de la Generalitat Valenciana está acusado por supuestamente dar instrucciones a la entonces directora general de Promoción Institucional Dora Ibars para favorecer a Orange Market, empresa de la trama Gürtel en Valencia, en el montaje del expositor en Fitur, cuyo coste ascendió a 366.529 euros mediante contratos menores.
La causa nació tras la confesión de su antigua mano derecha, el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, y de Álvaro Pérez El Bigotes, responsable de la empresa Orange Market. La Fiscalía Anticorrupción pide dos años y seis meses de cárcel e inhabilitación para cargo público durante 10 años para el expresidente por delitos de prevaricación y fraude.
En el banquillo también se sentarán los exconsellers Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera, además de 17 directivos y técnicos de la Administración autonómica.
“Estamos ante una situación de ilegalidad manifiesta que Camps Ortiz conocía, en cuanto fueron plenamente conscientes de la arbitariedad de todas las resoluciones, es decir, que estaba resolviéndose al margen de la ley, dando cobertura a una situación creada más allá de todo procedimiento legal y que provocaba un resultado injusto”, señalaba el auto de procesamiento del juez José de la Mata.
En su contra cuenta la “declaración directa y contundente”, según la expresión del juez instructor, de su antiguo “amiguito del alma”, Álvaro Pérez El Bigotes. Y también la confesión de Ricardo Costa, ambos arrepentidos que no dudaron en traicionar al expresidente valenciano.
Aunque Camps ha salido ileso judicialmente de numerosas causas (especialmente del caso de los trajes, cuya defensa pilotó el reconocido penalista valenciano Javier Boix), su presencia en el banquillo de la AN complica el panorama que ha ido planeando para una eventual salida sin condenas de la avalancha de casos de corrupción surgidos durante su mandato. Francisco Camps incluso contrató a una firma de comunicación para intentar limpiar su imagen pública. Una tarea complicada encomendada a una empresa propiedad de un procesado del PP por estafa, tal como reveló elDiario.es.
Su insistencia en ofrecerse como candidato a la alcaldía de Valencia la ven disparatada en su partido, al haber quedado la imagen del expresidente vinculada para siempre a los numerosos casos de corrupción que asolaron su etapa al frente de la Generalitat Valenciana. Los meses previos a la campaña electoral, Camps los vivirá desde el banquillo de la Audiencia Nacional. Un mal lugar para cualquier político.