Un periodista que formaba parte de la Ejecutiva del PP valenciano publicó en el medio digital del que es redactor una noticia falsa suministrada por la misma formación a la que pertenece y que ni siquiera fue contrastada con el afectado, que sufrió ansiedad por ello. La titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Llíria (València) ha estimado la demanda contra el antiguo cargo del PP de Carlos Mazón y periodista del digital 'Esdiario' por acusar falsamente a un profesor de la Pobla de Vallbona de colarse en el primer proceso de vacunación de la Covid-19 en 2021. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, impone a El Semanal Digital SL, empresa editora del medio, y al periodista Enrique Martínez Olmos el pago de una indemnización de 4.000 euros por la comisión de una intromisión ilegítima en el honor y la intimidad personal del docente, además de la publicación del fallo íntegramente. El redactor de la 'fake news' era asimismo el responsable del área de comunicación, sector audiovisual y cine del Comité Ejecutivo Autonómico del PP valenciano que lidera Mazón. También fue miembro de la Junta Nacional del PP y de la dirección de Nuevas Generaciones, además de concejal del equipo de gobierno en Gaibiel (Castelló) entre 2011 y 2015 y candidato en lista electoral de los populares en Zarra (València).
El periódico digital publicó el 23 de marzo de 2021 una supuesta información bajo el titular 'Pillado un dirigente de Compromís en La Pobla de Vallbona saltándose el turno de vacunación'. Sin embargo, el aludido ni era dirigente de Compromís ni se coló en el proceso de vacunación. Se trataba de información falsa suministrada por el PP de la localidad en una nota de prensa. El profesor simplemente colaboraba con la formación valencianista, de la cual su mujer era concejal, y fue de suplente en alguna lista electoral.
La noticia “no fue veraz”, concluye la magistrada. “El demandado no contrastó la información recibida desde el PP, ni con el Centro de Salud ni con el partido político Compromís en cuanto a su relación con el mismo”, agrega el fallo. Tampoco contrastó con el docente señalado, que sufrió un estado de ansiedad y estuvo de baja dos meses tras la publicación de la noticia, a consecuencia de la “repercusión social” del invento, difundido en redes sociales y en WhatsApp en la localidad de la comarca del Camp de Túria y en el centro escolar en el que trabaja.
El redactor de la noticia, destaca la sentencia, confirmó que formaba parte del Comité Ejecutivo del PP valenciano, “con varios cargos” en la formación de Carlos Mazón, tal como acredita un certificado del 28 de junio de 2023, firmado por la gerente autonómica del partido, Montserrat Tello, que consta en el procedimiento. También reconoció que la información falsa provenía de un comunicado del PP de la Pobla de Vallbona y que ni siquiera llamó al centro de salud para contrastar los datos.
El periodista “únicamente” comprobó en redes sociales y en el “Registro Mercantil” para “ver si aparecía” el docente en las listas de Compromís, “lo que resulta insuficiente para atribuirle la condición de dirigente”, apostilla el fallo.
“Falacias” para “sacar rédito político”, según la demanda
La publicación tenía la “finalidad de sacar rédito político vertiendo falacias”, según la demanda. El periodista y dirigente del PP valenciano, por su parte, alegó la “personalidad política y pública” del docente y defendió la “veracidad de la información publicada”, actualmente retirada de la red.
Sin embargo, la magistrada considera que “no ha quedado acreditado” que el afectado realizara una “actuación expresa dirigida a saltarse el turno de vacunación”, tal como sostenía 'ESdiario'. La directora del centro escolar, que compareció como testigo, confirmó que los docentes fueron llamados a vacunarse por el ambulatorio de la localidad.
La información falsa fue “replicada en otros medios de comunicación”, recuerda la magistrada. La directora y la jefa de estudios del centro escolar confirmaron que al profesor la noticia falsa “le afectó mucho” y “le hizo mucho daño a nivel psicológico”.
La sentencia, que no es firme, estima “proporcionada” una indemnización de 4.000 euros a pagar, conjunta y solidariamente por parte del redactor y del medio, al afectado. Preguntado por este diario, el periodista afirma que el equipo jurídico del medio digital estudia la posibilidad de recurrir la sentencia y defiende la veracidad de la información publicada.
“Lo que pone en entredicho [el fallo] es si era o no militante de Compromís, nosotros consideramos que sí y que queda demostrado por la multitud de fotos que aportamos de la lista electoral”, afirma. También sostiene que el diario digital no contrastó la noticia con el centro de salud porque “nunca van a facilitar información por un tema de protección de datos”.
Enrique Martínez asegura que ya no forma parte de la Ejecutiva autonómica del PP (en el organigrama oficial sigue figurando como responsable de comunicación). “En política no estoy desde hace años. En el juicio me preguntan y sí que admito haber estado, no me escondo de eso”, afirma.