El cuñado de la fallecida alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el abogado José María Corbín, era el letrado contratado por una filial del grupo Laterne (un entramado opaco supuestamente dedicado a la financiación ilegal del PP valenciano) que cobraba 150.000 euros como 'peaje'.
Así, previo pago de esa cantidad, las mercantiles que quisieran optar a contratos públicos del Ayuntamiento de Valencia podían incorporarse a la sociedad Product Management Council SL (PMC), filial de Laterne, la empresa matriz del fallecido empresario Vicente Sáez.
Con una finalidad puramente instrumental, PMC fue creada “para concurrir conjuntamente con otras empresas a licitaciones públicas de obras y servicios y así intentar repartirse el mercado”, según declaró el asesor del PP Jesús Gordillo ante los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de las pesquisas del 'caso Taula'.
El abogado José María Corbín, histórico militante de Fuerza Nueva, es uno de los principales investigados del 'caso Azud', aún bajo secreto de sumario, que destapó todo un presunto sistema corrupto del urbanismo en Valencia. Corbín está casado con Asunción Barberá, la hermana de la alcaldesa fallecida y su jefa de gabinete en la alcaldía.
El auto de procesamiento de los 49 exconcejales y asesores de la formación conservadora desvela la declaración de Gordillo, que asegura que hubo reuniones a las que acudieron Vicente Sáez, responsable del entramado de Laterne, el letrado de PMC José María Corbín y, según cree recordar, también el entonces vicealclade Alfonso Grau.
“Como requisito para entrar en este grupo [PMC] se les exigía que realizaran una aportación de 150.000 euros”, declaró Jesús Gordillo ante los agentes del instituto armado. Todo se gestionaba desde Laterne ya que su filial ni siquiera tenía trabajadores. Mal negocio para las empresas que pagaron el peaje: PMC no llegó a concurrir a ninguna licitación.
Las empresas de Laterne se erigieron como una “pantalla” para los gastos en B del PP de Valencia. Sólo en la campaña electoral del 2007, un grupo de grandes contratistas realizaron aportaciones opacas por valor de 2,6 millones de euros al entramado de Laterne, según la documentación aportada por Gordillo.
350.000 euros en billetes de 500 para pagar deudas
Jesus Gordillo trabajaba en Laterne durante la campaña electoral del 2007. Tras las elecciones, las empresas a las que Laterne había subcontratado y que no habían cobrado, llamaban por teléfono al ayuntamiento reclamando los importes adeudados. “Desde la alcaldía les decían que llaman a Laterne”, reza el auto.
Para solucionar el problema, se organizó una reunión a la que asistieron el empresario Vicente Sáez, Alfonso Grau y Gordillo, entre otros. La conclusión de aquella reunión fue que Jesús Gordillo se encargaría de abonar los gastos pendientes. Así, Alfonso Grau le entregó un sobre con 350.000 euros en efectivo (en billetes de 500). También recibió instrucciones para recoger un cheque por importe de 150.000 euros de la empresa Secopsa.
“Por orden de Alfonso Grau”, según desveló Gordillo a los agentes de la UCO, “desde el departamento de administración se giraron facturas a las empresas que habían aportado 500.000 euros para dar soporte a dicha entrada de dinero y de esa forma ocultar que tan distintas empresas las que asumían el coste de determinados gastos electorales en los que había incurrido el partido”.
Gordillo declaró que consideraba a Grau una “persona honrada” en la que confiaba. “Era un mandado”, se excusó el hombre.