“La Fiscalía se ha limitado a establecer una sospecha en orden a conjeturas no solo sin pruebas, sin indicios”. El letrado de Alfonso Rus, expresidente popular de la Diputación de Valencia y uno de los principales acusados del 'caso Taula', ha expuesto sus conclusiones en el juicio relativo a la pieza separada D. La defensa de Rus ha pedido la nulidad de toda la causa escudándose en la supuesta nulidad de las cintas secretas grabadas por Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', entregadas por su exsuegro, el empresario Mariano López, a la Fiscalía Anticorrupción.
Anticorrupción “nos ha vendido que Rus era el 'capo di tutti capi' [el jefe de todos los jefes]”, ha dicho la defensa de Rus en referencia a la expresión italiana que designa a la jerarquía de los organizaciones criminales mafiosas. Así, ha negado que el acusado fuera el “Al Capone de Xàtiva”, la localidad de la que fue alcalde entre 1995 y 2015.
El letrado de Alfonso Rus, en una breve exposición de conclusiones en el juicio, ha refutado que el expresidente de la institución provincial sea “agente activo o autor intelectual de un contubernio para enriquecerse él o aportar dinero al PP”.
La defensa de Rus pide la nulidad de toda la causa, de la que el expolítico del PP es uno de los principales acusados en varias piezas separadas, por la “o atención ilícita de la prueba” por parte del Ministerio Fiscal. El letrado, en la misma línea del resto de acusados, ha cuestionado la cadena de custodia de las grabaciones que entregó el exsuegro del 'yonqui del dinero' a la entonces diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, y a Anticorrupción.
Alfonso Rus, Mariano López y Marcos Benavent se sientan en el banquillo de los acusados en el tercer juicio de la causa del 'caso Taula', relativo al supuesto amaño del contrato del 'call center' de la empresa pública Imelsa, de la que el 'yonqui del dinero' era gerente. Su exsuegro, el empresario Mariano López, cobró casi 200.000 euros a través de una empresa pantalla a nombre de su cuñada, acusada por un presunto delito de blanqueo de capitales, de la firma adjudicataria.