En estos momentos los detenidos o investigados por la Guardia Civil son diez y todos están vinculados de una manera íntima con Eduardo Zaplana, que se encuentra en la cúspide de la presunta red de blanqueo de capitales que habrían sido desviados por el político cuando fue presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002). La familia Cotino habría sido beneficiada por el plan eólico, pero estaría fuera de la red principal.
Eduardo Zaplana (detenido): Expresidente de la Generalitat, exministro y ya exdirectivo de Telefónica, sería el cabecilla de la red de blanqueo de las comisiones ilegales recaudadas de contratistas públicos.
Joaquín Barceló Llorens y Felisa López (detenidos): El matrimonio de Benidorm considerados los testaferros de Zaplana, tienen una decena de empresas, entre ellas tres constructoras y cuatro inmobiliarias. Barceló fue su número tres en el PP valenciano y a quien situó como directivo del parque de atracciones Terra Mítica.
Rosa Barceló Martorell (solo investigada): Esposa de Zaplana. Casados en régimen de gananciales. Es hija del que fuera senador del PP Miguel Barceló. Recientemente compraron al contado un piso de dos millones en Madrid. Tienen otra residencia en Benidorm y un piso en la Castellana de Madrid.
Mitsuko Henríquez (solo investigada): Secretaria personal de Zaplana desde que la fichara para la presidencia de la Generalitat. Le ha acompañado en todos sus destinos políticos y económicos.
Francisco Grau Jornet (detenido): Es el asesor fiscal de Zaplana. El expresidente lo situó como secretario del Consejo de Administración de la CAM, el brazo armado de los megaproyectos que impulsó el expresidente de la Generalitat.
Juan Francisco García (detenido): Fue el jefe de gabinete de Zaplana cuando fue presidente de la Generalitat. Se le considera uno de los ideólogos de la política de privatizaciones de Zaplana, entre ellas las de las ITV en 1997 y que ahora están en el centro de la investigación.
Vicente y José Cotino (detenidos): Sobrinos del exdirector general de la policía y gestores de la empresa Sedesa -ahora Inicia Energy SL-, que participaba en un 20% en la investigada Proyectos Eólicos Valencianos SA, sociedad que obtuvo una gran adjudicación en el plan eólico que impulsó Zaplana.
Juan Cotino (investigado): Miembro de los gobiernos valencianos de Francisco Camps y director general de la policía con Aznar. En la trama Gürtel lo han acusado de ser uno de los recaudadores del partido. Grabaciones del caso Brugal evidencian que habría intercedido en el Gobierno valenciano para facilitar las adjudicaciones a Sedesa, la empresa de la familia.
Entre los delitos investigados están los más graves vinculados a la corrupción:
Blanqueo de capitales: Aflorar dinero de comisiones o negocios ilícitos y ocultos al fisco.
Cohecho: Recibir regalos o dinero a cambio de contratos públicos. Popularmente conocidos como sobornos.
Malversación de caudales públicos: Se habría cometido en la adjudicación de las ITV y el plan eólico y podría estar prescrita.
Prevaricación: Tomar una decisión administrativa a sabiendas de que incumple la ley.
Fraude en la contratación: Supuesto amaño en la concesión de servicios públicos.
Tráfico de influencias: Mediar para que se realicen adjudicaciones a los contratistas señalados.
Asociación ilícita: Unión de personas de manera coordinada para cometer delitos.