El grupo de élite de trabajadoras sociales en la DANA: “La vulnerabilidad no puede convertirse en exclusión”

El jueves 31 de octubre, dos días después de la DANA que ha dejado más de 200 víctimas, el Consejo General del Trabajo Social activó su grupo para grandes catástrofes y movilizó a 350 trabajadoras con experiencia en emergencias para desplazarse a Valencia. El mismo viernes comenzaron los movimientos de los grupos de élite, el llamado 'GEIES' (Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales) con trabajadoras de las comunidades vecinas destinadas a prestar apoyo.

Las trabajadoras sociales actúan con un planeamiento cuasi militar: una segmentación de los municipios para crear un mapa de necesidades e ir calle a calle, puerta a puerta, tratando de localizar a los vecinos más vulnerables y atender sus necesidades. Se trata de personas dependientes, ancianos, personas con problemas de salud mental o quienes requieren de una atención domiciliaria, pero las trabajadoras sociales han terminado por prestar ayuda a quien la solicitara. La administración municipal ha sido clave por el conocimiento del terreno, destaca Emiliana Vicente, presidenta del Consejo, además de contar con la colaboración vecinal. Los primeros días, el contacto entre las redes personales fue clave para encontrar a la población en riesgo.

Este es, precisamente, uno de los objetivos del trabajo social, destaca Vicente: “Siempre hay situaciones de vulnerabilidad y con las catástrofes se genera más. Tenemos que trabajar para que no se convierta en exclusión”, explica la presidenta del Consejo, que viajó a Valencia con las compañeras a coordinar sus efectivos. Movilizaron equipo humano, técnico, seguros de accidentes y coberturas de alojamiento para las empleadas, todo a disposición de los centros de servicios sociales municipales. El grupo ha operado principalmente en l'Horta Sud, pero la red de trabajadoras está a disposición de todas los municipios.

Además del puerta a puerta, las trabajadoras se coordinaron desde el principio con el personal de los ayuntamientos, que apenas cuentan con medios para reforzar este área. De la Generalitat Valenciana, comentan, no han sabido nada. Las trabajadoras del grupo de élite mantienen contacto con los centros de servicios sociales municipales, tratan de hacer control telefónico de quienes tienen infraestructura y en los primeros días, una suerte de triaje social para determinar las prioridades de la intervención. El equipo de Vicente se ha encontrado con un panorama inédito para un país occidental, apunta. La responsable estatal se pregunta cómo es posible que pasados los días siguiera habiendo gente sin luz o agua. “Es difícil entender como estaba viviendo aquella gente por una falta de actuación preventiva”, comenta la experta en conversación con elDiario.es, mientras destaca que “los alcaldes se han dejado el aliento”. Los vecinos, señala, “no tenían agua ni puntos de recogida”.

La responsable pone en valor las olas de solidaridad, pero reivindica una acción coordinada: “Las olas de solidaridad están bien, pero no son la forma. Si hay un mando único, hay que poner a todos los profesionales a disposición de la emergencia”, sostiene la profesional, que reivindica que hay trabajadores con formación específica para atender estas emergencias. Son, por ejemplo, quienes tienen en cuenta las condiciones sociosanitarias de los vecinos, si necesitan medicación o ayuda específica y cómo prestarla. “Hemos puesto a nuestras trabajadoras mejor formadas”, defiende. A la responsable del colegio le preocupan los mensajes que huelen a antipolítica y reivindica el papel de los municipios: “Hemos visto a los alcaldes dejándose el aliento, a los dispositivos municipales, sus operarios... eso es Estado”, recalca.

El dolor a largo plazo

Le preocupa también que la vulnerabilidad se extienda, se cronifique, y que no se esté teniendo en cuenta el malestar que aún está por aflorar. Vicente apunta a los duelos que aún no han empezado a materializarse, a la imposibilidad de algunas personas de enterrar a sus familiares, al sufrimiento por los desaparecidos. Y a la imagen de la devastación de los pueblos, que es una constante para quienes han conservado su hogar. El lugar que conocen han desaparecido, y sobre él hay una gran montaña de barro y escombros. “Debemos acompañar en la reconstrucción de los procesos vitales de las personas, además del daño material”, recalca.

La representante sostiene que los municipios deben reforzar sus equipos para hacer frente a lo que está por venir. “Hay una cuestión de daño social y emocional que es brutal. Necesitan grupos de apoyo, reconstruir el relato de lo vivido. Hay que abordar una reconstrucción social en su conjunto”, apunta. “Todas las crisis, climáticas, económicas, sanitarias, tienen apellido y es social. Estamos antes, durante y después de la emergencia”, recalca. Vicente defiende la elaboración de protocolos que estén “perfectamente definidos”: “Tenemos que saber cuáles son las actuaciones prioritarias y donde hay que poner el foco inmediato para que el daño sea el menor posible”, señala. Por ejemplo, cita: “Sabemos que tenemos personas solas que necesitan ayuda domiciliaria y tienen que estar contemplados en los planes de emergencia. Y a esas personas o las sacas del domicilio o con la UME o el personal de emergencias les das ese servicio”.

Urge a que la Administración actúe con celeridad, también por el bienestar futuro de las personas: “Si sientes que hay agilidad te puedes sentir seguro, pero si piensas es que se podria haber evitado, es daño es irreparable. La burocracia no puede generar un dolor mayor”.

50 millones de euros para reforzar servicios sociales municipales

El grupo de emergencia fue creado en 2020 a raíz de la pandemia de COVID-19 para abordar las vulnerabilidades existentes y la pobreza sobrevenida en catástrofes, como también sucedió con la erupción del volcán de La Palma, en Canarias.

Tras conocer la situación de los municipios valencianos, y para tratar de reforzar las redes de trabajo social municipales el Gobierno aprobó un decreto el pasado 11 de noviembre en el que incluye una ayuda de 50 millones de euros a los ayuntamientos afectados para reforzar sus servicios sociales a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El ministro Pablo Bustinduy, de quien depende esta cartera llama a mantener la atención más allá de los daños materiales causados por las inundaciones: “No debemos olvidar las consecuencias que pueden desencadenarse a nivel social para muchas familias y personas vulnerables. Para que ninguna persona afectada por la DANA sea víctima también de la exclusión social, hemos impulsado importantes ayudas para servicios sociales, entidades del tercer sector y también para despliegue trabajadoras sociales especializadas en catástrofes y que resultan esenciales para proteger a quienes más lo necesitan”, apunta a elDiario.es.

Este es el segundo decreto que aprueba el Gobierno central con medidas urgentes para la DANA. El primero, aprobado el 4 de noviembre, fue validado el pasado jueves por el Congreso. El texto prevé reforzar la intervención social de emergencia a través del despliegue de prestaciones básicas de los servicios sociales de atención primaria, a través de una subvención directa a los municipios afectados.

La cuantía se canaliza a través de una subvención, ejecutable desde el 29 de octubre de 2024, día de la DANA, hasta el 31 de diciembre de 2025, para las administraciones competentes en la provisión de servicios sociales de atención primaria. Esta medida, dice el texto, posibilitará la implementación de actuaciones en materia de detección precoz e intervención de emergencia; información, orientación, asesoramiento y apoyo a la gestión; apoyo de emergencia incluyendo prestaciones y ayudas económicas directas a unidades de convivencia, familias y personas afectadas; el refuerzo de actuaciones en el ámbito domiciliario hasta la normalización de la movilidad en las zonas afectadas.