El juzgado de instrucción número 4 de Valencia investiga ya la querella presentada por el sindicato ultra Manos Límpias contra la secretaria autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Generalitat, Esther Pastor, por pagar presuntamente con cargo a la Generalitat habitaciones dobles de hotel de uso privado.
Según la denuncia, Pastor habría podido incurrir en los delitos de malversación de caudales públicos, estafa y falsedad documental al utilizar fondos públicos para usos privados. En opinión del pseudosindicato, Pastor habría cargado a la Generalitat habitaciones dobles de hotel “en las ciudades de Madrid, Altea, Alicante, Jávea, entre otras ciudades, sin que conste ningún acto institucional que justifique el desplazamiento”. La Generalitat aseguró tras la presentación de la denuncia que todos los gastos consignados en la querella corresponden a motivos laborales o coinciden con actos oficiales.
Sin embargo, el denunciante, personado en otras causas de relevancia mediática, aporta hasta ocho facturas de hotel. En todos los casos, estás superarían el importe autorizado por el gobierno valenciano para estos fines, de 65,97 euros al día. En septiembre de 2012 el presidente de la Generalitat ordenó que los altos cargos de la Generalitat viajaran en clase turista y, cuando fuera posible, en compañías aéreas de bajo coste, Todas las facturas denunciadas son anteriores a esa fecha, antes del ascenso de Pastor, que entonces era Directora General de Organización del Gabinete del Presidente de la Generalitat.
La mano derecha del President
Pastor, nacida en 1974, trabajó ocho años en el Ayuntamiento de Castellón, donde coincidió con el presidente de la Generalitat. Cuando Fabra fue nombrado presidente valenciano, fue el primer asesor nombrado por el sucesor de Camps, cuyo equipo continuó en bloque. Tras un mes como asesora, fue ascendida a directora general y, ya en junio de 2013, a secretaría autonómica. Se le atribuye un gran ascendiente sobre Fabra.
Manos Limpias, que pretende ejercer la acusación popular en el caso, denunciado ante un juzgado de Valencia, es un pseudosindicato ultra que presenta cerca de 100 denuncias al año por supuestos casos de corrupción. Está personado en causas de tanta relevancia como el caso de los EREs en Andalucía, el caso Noos, el caso Madrid Arena, el caso Bankia o la trama Gürtel.