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El juez del 'caso Taula' procesa al 'yonqui del dinero' y a cuatro empresarios por los contratos fraudulentos de Cultura

Tras su sonado cambio de estrategia de colaboración con la justicia, llega otro procesamiento (el cuarto) para Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', en el marco de la pieza E del 'caso Taula', sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos por parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia entre los años 2003 y 2007, con la fallecida edil María José Alcón al frente.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha incoado procedimiento abreviado contra Benavent y cuatro representantes legales o apoderados de las empresas adjudicatarias: Carlos Vicente Gil, Carlos Turró, responsable de Cleop, Enrique Aleixandre Chumillas y Rafael García Barat, socio del 'yonki del dinero'.

Los contratos fueron adjudicados para la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de Valencia como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad. También se refieren a la construcción del Centro Cultural de la Rambleta y a la XXVII edición de la edición del festival de cine de la Mostra.

El magistrado expone en la resolución que los hechos investigados podrían revestir indiciariamente los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos. También aprecia un posible delito continuado de cohecho por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de las adjudicaciones.

El auto, que puede ser recurrido, establece por otro lado el sobreseimiento libre de las actuaciones contra una de las principales investigadas, la que fuera concejal de Cultura de Valencia María José Alcón, al estar fallecida, y el sobreseimiento provisional y parcial de la causa respecto de otros cinco investigados, entre ellos el empresario José Adolfo Vedri, de la empresa Engloba.

El instructor da traslado a la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Valencia, para que en el plazo de 20 días soliciten el sobreseimiento de las diligencias o la apertura de juicio oral.