Uno de los compromisos del quinto seminario de Gobierno del Botànic celebrado en enero de 2018 fue la constitución del Observatorio del Agua de la Comunitat Valenciana. Esta entidad fue presentada el 8 de noviembre de 2018 en una jornada en la que participó la entonces consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, y que contó entre sus ponentes con la presidenta de 'L'Observatoire parisien de l'eau', Graciela Schneier-Madanes.
El Gobierno valenciano definió el 'Observatorio Ciudadano del Agua', en un informe datado en marzo de 2019, como un “espacio de concertación y reflexión” cuya misión es “contribuir a la definición y mejora de un modelo de gestión pública eficaz, transparente y participativa, adaptado a las nuevas condiciones climáticas, que garantice los derechos humanos fundamentales al agua y al saneamiento, respetando la integridad de los ecosistemas acuáticos”.
El objetivo del Observatorio es el análisis y diagnóstico, con la participación de la ciudadanía, de la situación actual de la gestión del agua en el territorio valenciano y de los diferentes modelos de gestión. Y desde el punto de vista operativo, es concebido como un instrumento de vinculación entre las Administraciones públicas con competencias en la gestión del agua y las organización cívicas relacionadas con el agua y sus usos urbanos.
Sin cobertura jurídica
Sin embargo, desde la Xarxa Valenciana per l'Aigua Pública denuncian que el Observatorio lleva dos años y medio años paralizado después de la celebración de dos reuniones el 8 de noviembre de 2018 y el 12 de marzo de 2019: “A día de hoy no cuenta con una cobertura jurídica y se encuentra completamente paralizado por falta de voluntad de la Conselleria”.
En la presente legislatura, la Xarxa ha mantenido diferentes reuniones con el departamento de Transición Ecológica y se han intercambiado diversos documentos para dotar de validez jurídica a este organismo: “Sin embargo, desde el pasado mes de enero en que la Xarxa facilitó su propuesta a la Conselleria, no se ha vuelto a celebrar ninguna reunión. El punto de divergencia estaba en el carácter jurídico”.
Así, mientras el departamento que dirige Mireia Mollà “proponía la creación de una especie de Consejo del Agua con representantes de distintos sectores”, la Xarxa defendía “la filosofía original del Observatorio” como un organismo consultivo, independiente y de participación, constituido por representantes de la sociedad civil “sin intereses económicos, en el que las Administraciones estén contempladas como observadoras, colaboradoras y asesoras”.
Desde la Conselleria explican a elDiario.es que este observatorio es una iniciativa de la pasada legislatura que no está creada formalmente: “El compromiso de la consellera es crearlo y darle la importancia que tiene”, ya que forma parte de los contenidos de la ley valenciana del Agua que está redactándose. De forma paralela, apuntan que se trabajó con la Xarxa para estudiar la posibilidad de crearlo por medio de un decreto, “pero la pandemia lo retrasó todo”.
Recuperación de la gestión pública del agua
La Xarxa Valenciana per l'Aigua Pública viene reclamando desde hace años la gestión pública del agua en el territorio valenciano, el reconocimiento efectivo de los derechos humanos fundamentales al agua potable y al saneamiento y la protección de los ecosistemas acuáticos como garantía de la disponibilidad del agua de calidad. “La provisión de un bien limitado, frágil y esencial para todo tipo de vida, incluyendo la humana, no puede estar sometida a los criterios del lucro privado sino que se debe guiar por principios de carácter social, como el acceso universal, la asequibilidad y la solidaridad”, apuntan.
Desde esta perspectiva, la gestión del ciclo urbano del agua “debe ser eficaz, eficiente, sostenible y disponer de mecanismos de transparencia y participación pública que garanticen la rendición de cuentas por parte de los gestores y se permita el control ciudadano”.
Este colectivo lamenta que “no se ha avanzado ni un paso” en los objetivos del Observatorio, “incumpliendo no sólo su puesta en marcha, contemplada como la medida 72 de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático, sino también el compromiso del segundo acuerdo del Botànic, en su punto 8”. Se refieren en concreto a la elaboración de la Estrategia Valenciana del Agua para recuperar el buen estado de ríos, lagos, humedales, estuarios, aguas costeras y acuíferos y garantizar su aprovechamiento sostenible, así como a la creación del Centro Valenciano del Ciclo Urbano del Agua, reforzando las estructuras y entidades públicas actuales con el objetivo de mejorar la eficiencia de las redes de suministro y saneamiento y el refuerzo de la capacidad de depuración y reutilización, además de facilitar mecanismos de transparencia y asesoramiento a los municipios sobre la gestión del ciclo integral del agua.
“A esta legislatura le queda ya poco tiempo para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos”, por lo que desde la red instan al departamento que dirige Mireia Mollà a “ponerse a trabajar sin demora para conseguir estos objetivos”.