El fallido programa de actuación urbanística (PAI) del sector R-8 Els Plans de Náquera (Valencia) le va a costar un importante agujero económico a las cuentas de la Generalitat Valenciana. Concretamente, 24 millones de euros en indemnizaciones a compartir con el Ayuntamiento de Náquera. La primera sentencia, tal como informó este diario, ha obligado al conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, a transferir crédito por un importe de cuatro millones de euros de varios programas presupuestarios al de Urbanismo, para hacer frente a las indemnizaciones.
La actuación urbanística, aprobada inicialmente por el entonces conseller de Territorio Rafael Blasco, preveía la construcción de unas 800 viviendas de lujo en una superficie de más de 300.000 metros cuadrados y un enorme campo de golf.
Una sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declaró nula la homologación modificativa y el plan parcial del sector R-8. “La adscripción de un elemento estructural como era el PDR-6 [el campo de golf] a cargo únicamente de ese sector era contraria al principio de justa distribución de beneficios y cargas, al estar dicho elemento estructural al servicio de todo el municipio y obtenerse únicamente a cargo de los propietarios del citado sector”, argumentaron los magistrados.
La Comisión Territorial de Urbanismo de València, siendo conseller del ramo el corrupto confeso Rafael Blasco, aprobó el Plan Parcial modificativo que permitía la ejecución del planeamiento propuesto en el acuerdo municipal, con lo cual se procedió por el agente urbanizador seleccionado por el Ayuntamiento a ejecutar esa actuación, previa aprobación municipal, de la reparcelación forzosa de los terrenos, iniciándose las obras de urbanización y girando a los propietarios las cargas de urbanización correspondientes.
El entonces alcalde de Náquera por el PP, Salvador Pérez Navarro, adjudicó el programa a la empresa Prosunaq SL, de la que era administrador único la firma Programación Norte SL, que a su vez estaba administrada por el aparejador municipal de Náquera, Juan Carlos Piquer Valverde, familiar próximo de la esposa del exalcalde, y por Urbe Construcciones y Obras Públicas SL, actualmente en concurso de acreedores. Esta última promotora estaba participada por la antigua Gil Garrido O. P. SL, administrada por Gil Garrido García, que también fue apoderado solidario de Sedesa Obras y Servicios, la empresa de la familia Cotino.
El ayuntamiento acordó aceptar la cesión de la condición de agente urbanizador a Urbe Consrucciones y Obras Públicas SL, librando así a Prosunaq SL de posibles indemnizaciones. La corporación municipal aprobó también un convenio para ceder durante 50 años a la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana el gigantesco campo a construir sobre suelo público a cambio de un canon anual testimonial de 3.600 euros.
La sentencia del TSJCV del 30 de marzo del 2012 que anuló el PAI concluyó que la adscripción en exclusiva a cargo de los propietarios de suelo del sector R-8 afectado por la carga de la construcción del campo de golf, dotacional público, era contraria a los principios de “justa distribución de beneficios y cargas”.
El fallo, en plena crisis del sector inmobiliario, supuso la paralización definitiva de las obras de urbanización que quedaron sin concluir a pesar de que ya se había ejecutado la práctica totalidad de los trabajos. En 2013, siendo la líder del PP valenciana Isabel Bonig consellera de Territorio, diversos propietarios del suelo afectado presentaron 19 reclamaciones de responsabilidad patrimonial que exigían el reintegro de las cuotas abonadas al agente urbanizador, así como los gastos generados por las garantías financieras y el valor de los cultivos eliminados a consecuencia de las obras.
El importe total de las indemnizaciones que, previsiblemente, deberán pagar la Generalitat y el Ayuntamiento de Náquera, asciende a casi 24 millones de euros, según fuentes solventes conocedoras de los contenciosos. El TSJCV ha estimado en varias sentencias las pretensiones de los propietarios de las parcelas, a los que considera que se debe resarcir tras la paralización del proceso de urbanización.
La primera sentencia, que impuso indemnizaciones por cuatro millones de euros, ha obligado a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad a a transferir crédito de otros programas al de Urbanismo para hacer frente a los pagos millonarios. Los fondos se han detraído del programa de Ordenación del territorio y paisaje (100.000 euros); de Infraestructuras Públicas (1,9 millones); de Planificación, transportes y logística (un millón), y de Puertos, aeropuertos y costas (un millón). El departamento que dirige Arcadi España se prepara ahora para una nueva tanda de indemnizaciones.