Así es el 'pelotazo' de Ortiz en Rabassa que el juez ha cerrado en falso

De forma sorprendente y sin terminar si quiera la instrucción, el juez César Martínez ha decidido dar carpetazo a la investigación del 'pelotazo' del constructor Enrique Ortiz en el Plan Rabassa de Alicante. La operación urbanística se convirtió durante años en la auténtica obsesión, según revelan los pinchazos policiales, del presunto cabecilla de 'Brugal' por los pingues beneficios que iba obtener. Y por ello, como hizo con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), echó mano de regalos y contactos políticos para poder llevar adelante su plan.

La actuación urbanística bajo sospecha tiene su origen en las intenciones de Ortiz de construir una macrourbanización de 12.500 viviendas cerca de las lagunas de Rabassa. Un proyecto faraónico al que pronto se sumará el interés de Ikea por instalarse allí. Y al que añadirá 1.000 viviendas más. La multinacional sueca que firma en 2007 un primer convenio de compraventa de unos terrenos en otros sector por 35 millones de euros con Ortiz pronto lo cambia por otro. Quiere instalarse en Rabassa. Y de esa querencia, surge un nuevo contrato entre el promotor y la tienda de muebles en 2008. Pero esta vez por una cantidad mayor: 67 millones de euros. Por esa operación se embolsa 31 millones de euros.

Ortiz, por esas fechas, se muestra nervioso. Teme que su proyecto no se ejecute. Y por eso, llama al entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi. Este le tranquiliza: “Ya he hablado con Sonia [en referencia a Castedo, entonces concejal de urbanismo y después alcaldesa] y le he dicho que espabile”. Castedo, de hecho, aconseja, según los informes policiales, que no se incluya la tramitación de Ikea en el PGOU, ya que a través de un plan parcial sería mucho más rápida. Es en esas fechas cuando Alperi -ya exalcalde- y Castedo -como primera edil- viajan a Oporto a reunirse con los dirigentes de Ikea, después del atasco de las negociaciones entre Ortiz y la firma de muebles.

Según la policía, Ortiz maniobró con Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino y socio en el negocio de las residencias, para fletar un jet privado para que tanto Castedo, por haber nacido allí, como Alperi -“que le apetecía ir”, según dice en los audios de 'Brugal'- pasen por Galicia a la vuelta. Todo, sin que nadie supiera nada de la predisposición del Ayuntamiento de Alicante para acoger Ikea y representado en la reunión a la ciudad. En ese encuentro, Ikea pide más suelo para desarrollar su actuación. No solo quiere instalar una tiendas de muebles, sino que proyecta un centro comercial adyacente de 120.000 metros.

Es en 2009, un año después de las vacaciones en Andorra entre Ortiz y Castedo, cuando la alcaldesa del PP expresa su interés oficial porque la multinacional se instale en Alicante. Un convenio a tres entre Ortiz, Ayuntamiento e Ikea eleva la operación a 97 millones de euros, tras aceptar el consistorio las alegaciones a la carta para incrementar el beneficio que obtendría de la operación el constructor, según se desprende de los pinchazos policiales.

Por ese contrato de compraventa entre la promotora Deproinmed (integrada por Banco de Valencia, Bancaja, la inmobiliaria de Juan Miguel Villar Mir y Ortiz), el agente urbanizador que es Ortiz e Ikea -el comprador-, el empresario se embolsa 66,3 millones de euros. Paralelamente, por la compra de Bancaja de acciones de la sociedad promotora a Ortiz obtuvo entre 2010 y 2011 241 millones de euros, según un informe de la consultora KPGM.

Con varias sentencias de los tribunales que tumban el proyecto por deficiencias medioambientales, Ortiz, según la policía, se vale de su hombre en el PSPV-PSOE, Ángel Franco, para evitar que los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) frustren el proyecto. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía nacional apunta en un informe que Ortiz regaló al exportavoz municipal socialista Blas Bernal un velero por su “apoyo constante” en el Plan Rabassa.

La investigación archivada incluía la entrega de tarjetas 'VIP' de aparcamientos propiedad de Ortiz a exconsellers como Miguel Peralta o José Ramón García (clave para aprobar la operación de Rabassa), exconcejales como Juan Seva o funcionarios del área de urbanismo como Isabel Campos. Campos le ofreció a Ortiz un sucoso negocio de 7,5 millones y este le regaló un bolso valorado en 200 euros.

Sus contactos con los dirigentes de la multinacional sueca también fueron extensos. “Te gustó tener un amigo mafioso, ¿eh?”, pronuncia Ortiz a un responsable de Ikea en una de las conversaciones interceptadas por la policía. Las grabaciones que sacaban la miseria del PP valenciano mostraban la implicación total de Ortiz en este plan, ya que en uno de los audios el dueño de la mayoría del suelo edificable de Alicante se presta a hacer de mediador entre la firma de muebles y el entonces vicepresidente del Consell, Vicente Rambla.

El promotor, ante los continuos varapalos de la justicia, sacrificó en 2013 la intención de edificar 13.500 viviendas. Lo fió todo a Ikea. A través de la mercantil Alicante Avanza, creada exprofeso para solicitar la Actuación Territorial Estratégica (ATE), una figura jurídica para acelerar varias actuaciones urbanísticas, Ortiz ha intentado llevar a cabo un proyecto en el que se juega 97 millones de euros. La Caixa (tras la absorción del Banco de Valencia) y Bankia (la antigua Bancaja) han abandonado el proyecto.

Pese a que el bipartito conformado por PSPV-PSOE y Compromís que gobierna la Generalitat Valenciana ha paralizado el ATE de Ikea, la multinacional insiste en el macrocentro de ocio en Rabassa. Una llegada salpicada por las irregularidades que el juzgado número seis de Alicante ha archivado. Sin esperar a recibir todos los informes encargados a la policía nacional. Castedo y Ortiz reducen, por ahora, sus imputaciones judiciales.