El Gobierno valenciano de PP y Vox inicia su contraofensiva a las leyes ambientales aprobadas por el Pacto del Botánico, la alianza del PSPV, Compromís y Unides Podem que gobernó entre 2015 y 2023. El Ejecutivo que lidera Carlos Mazón está dando los primeros pasos en la reforma de las leyes de protección del territorio, que afectan a los planes urbanísticos, a los proyectos de inversión y a los planes industriales.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica este viernes el decreto que modifica la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) y reducirá la transparencia en los grandes proyectos. La modificación elimina la obligatoriedad de la consulta previa en la presentación de los llamados proyectos estratégicos, aquellas grandes inversiones industriales, urbanísticas o de ocio que quieran instalarse en suelo valenciano. El Ejecutivo autonómico decidirá “caso por caso” si debe realizarse o no la consulta pública previa, en “los términos previstos” en la legislación, con el objetivo de “acortar y agilizar plazos”, según explicó la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas.
En el texto, se argumenta que “se pretende evitar una sobreexposición de proyectos que, por su propia naturaleza, requieren de un componente de confidencialidad. En este sentido, no puede obviarse la evidencia de que la competencia entre regiones, e incluso países, por atraer este tipo de inversiones es muy fuerte, pudiendo dar al traste con la implantación definitiva del proyecto en la Comunitat Valenciana, el sometimiento del mismo a consulta pública o audiencia a los municipios afectados. Recordemos que no llevar a cabo este trámite no va a eximir de los trámites de información pública y audiencia a los ayuntamientos de los instrumentos de planeamiento y gestión que lleva aparejado”. La modificación, no obstante, implica reducir la transparencia de los procesos en sus primeros pasos.
El Ejecutivo autonómico también prepara una modificación del Pativel, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral que afecta a una decena de proyectos urbanísticos y paraliza la construcción de 18.000 viviendas en zonas costeras. El plan otorgó a estos proyectos un plazo de cinco años para iniciar los obras que se cumplió el día 12 del pasado mes de mayo. De lo contrario, la normativa obliga a convertir el suelo, hasta ahora urbanizable, en rural protegido, en el que no cabría por lo tanto la construcción de inmuebles. En su comparecencia en las Corts Valencianes, la consellera de Medio Ambiente aseguró que se “redefinirá el PATIVEL, un plan que se aprobó de espaldas a una buena parte de la sociedad”. En materia de agua, ha señalado que “la Generalitat va a defender cada gota para esta Comunitat y recurrirá cada uno de los recortes del Tajo-Segura con unidad de acción” y ha iniciado los trámites para el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de l'Albufera e impulsar “de cero” el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Túria. Asimismo, Pradas aseguró reabrir los parques naturales al público o impulsar una estrategia junto a las federaciones de caza para impulsar la actividad.
Otras de las cuestiones a abordar de manera inminente es la implantación de plantas solares y parques eólicos, un asunto que genera controversia entre algunos municipios, agrupaciones ecologistas y el Gobierno autonómico. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Núria Montes, también anunció una reforma de la legislación que regula las autorizaciones a las plantas renovables para agilizar los trámites y relajar los requisitos, argumentando la lentitud en el cumplimiento de los objetivos de neutralidad climática.
La titular de Industria apuntó que en enero se aprobará un decreto y un “plan de choque” en el que, en una “primera fase de extrema urgencia”, se trabajará en los expedientes de proyectos de renovables que “caducarán en apenas unas semanas” y se deben resolver. Además, apuntó que se está llevando a cabo una reorganización administrativa para incorporar los medios suficientes al equipo que “tiene que solucionar este primer hito”. A falta de conocer los textos legales definitivos, se anticipa una reducción de los controles burocráticos y la transparencia en los procesos.