La pieza A del 'caso Taula' ha destapado un auténtico entramado del PP de Valencia, bajo el liderazgo de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, para financiar sus campañas electorales con fondos en B de grandes empresas que históricamente han recibido adjudicaciones públicas millonarias. Sólo en la campaña de 2007, un entramado de empresas pantalla vinculado al grupo Laterne recibió 2,6 millones de euros, según desvela el auto de procedimiento abreviado del titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que pone al borde del banquillo de los acusados a casi medio centenar de exconcejales y asesores de la formación conservadora.
Toda la investigación, liderada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, parte de la declaración de un topo: el asesor popular Jesús Gordillo. El hombre, mano derecha del vicealcalde Alfonso Grau, fue colocado en la firma Laterne, del fallecido empresario Vicente Sáez. Grau ya estaba en 2015 enfrentado a Barberá por la investigación en el 'caso Noós', que le salpicaba (aunque finalmente quedó en nada).
Gordillo libró a los investigadores una lista de las aportaciones de las empresas contratistas, por un valor total de 2,6 millones de euros, que sirvió a los investigadores para tirar del hilo. Los apuntes manuscritos de la contabilidad intervenidos en el registro de las dependencias del grupo municipal del PP, así como las declaraciones ante la UCO de algunos disidentes, hicieron el resto.
Así, el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia mantenía dos cuentas bancarias: una en A fiscalizada por el interventor y otra sin fiscalización alguna y “al margen de la contabilidad del Partido Popular”. En las libretas manuscritas de María del Carmen García Fuster, secretaria del grupo y persona de la máxima confianza de Rita Barberá, aparecen apuntes contables desde 1995 pero los investigadores se centran en tres campañas electorales: 2007, 2011 y 2015, cuando Rita Barberá pierde la alcaldía tras 24 años.
“Sin intervención municipal y ajena al partido, era una cuenta descontrolada y, en gran medida, opaca”, reza el auto del juez. Las anotaciones en las libretas intervenidas apuntan “con claridad” a un “gasto electoral suplementario al margen de la contabilidad del PP”, agrega.
2007: el entramado de Laterne
En las elecciones municipales del 2007, el límite máximo establecido para el PP era de 414.390 euros (ante el Tribunal de Cuentas el partido declaró 133.762 euros). La documentación aportada por Jesús Gordillo a la Fiscalía Anticorrupción desvela el presunto uso de la empresa Laterne para el pago de servicios electorales de la campaña.
Gordillo indicó que conservó la documentación “ante el abandono y la debacle” del entramado empresarial de Vicente Sáez. “Lo hizo por indicación de Alfonso Grau”, apostilla. Grau pernocta actualmente en el centro penitenciario de Picassent tras su detención en el marco del 'caso Azud', que investiga precisamente la presunta corrupción sistémica del urbanismo en la época de Rita Barberá.
El topo desveló que Grau y el empresario Vicente Sáez mantenían una “antigua y estrecha amistad”. Sáez creó una serie de firmas “con una finalidad instrumental” sin actividad económica real. Una vez colocado Gordillo en Laterne, por indicación de Grau, la empresa se convierte en una suerte de brazo extensible del PP para afrontar los gastos de la campaña electoral.
El consistorio contrataba con Laterne para trabajos “nunca realizados o con claro sobrecoste” y la sociedad se encargaba de la campaña. La cantidad real destinada a la campaña superó “con seguridad y ampliamente” el millón de euros y pudo “superar la cota” de los dos millones, según las pesquisas de la UCO. En muchos casos, ya no queda rastro de la documentación sobre los contratos de fundaciones y entidades públicas municipales que inyectaron fondos millonarios en las empresas de Laterne.
Alfonso Grau, según el testimonio de Gordillo, pasaba el cazo a las constructoras y demás empresas contratistas del ayuntamiento, canalizando los beneficios mediante “facturación falsa” de Laterne o mediante los préstamos de las firmas a Product Management Council SL, una mera “pantalla”. La sociedad fue un “señuelo” sin actividad económica de ningún tipo, señala el juez instructor.
Entre las empresas que aportaron fondos, tal como detalla una tabla aportada por Gordillo, figuran Secopsa, Agricultores de la Vega de Valencia, Lubasa, Pavasal, Luján o el Grupo Rover Alcisa. En el caso de Secopsa (sólo entre 2006 y 2008 obtuvo casi 100 millones de euros en adjudicaciones del consistorio), la firma aportaba a Laterne “todos los años cantidades redondas, sin justificación contractual alguna”, indica el juez. La edil socialista Ana Botella, tal como destaca el auto, pidió formalmente la creación de una comisión de investigación sobre los nexos entre Grau y el entramado de empresas de Vicente Sáez. La mayoría absoluta del PP lo impidió.
2011: pagos en efectivo en el despacho del PP
En las elecciones municipales del 2011, el límite del gasto electoral para el PP era de 434.227 euros. El entramado de empresas de Laterne ya había desaparecido y el partido contrató a la empresa Trasgos Comunicación SL. Distintos empresarios subcontratados, según las pesquisas de la Guardia Civil, facturaron a Trasgos un importe de 277.129 euros.
El auto revela que “el pago por parte de Trasgos a los proveedores de los servicios de campaña es muy superior al dinero recibido del grupo municipal popular con cargo a la propia cuenta”.
El empresario José Luis Suñer Generoso, responsable de una empresa que se encargó de las pegatinas y los llaveros del PP, declaró que María del Carmen García Fuster le abonó “personalmente y en efectivo” 10.000 euros en el despacho del grupo municipal popular. En definitiva, al igual que en la campaña del 2007, el PP “llevó a cabo un gasto muy superior al del partido a nivel provincial”, obviando además la normativa electoral en materia de financiación, abunda el juez instructor.
2015: el 'pitufeo'
En las elecciones municipales del 2015, cuyo resultado llevó al PP a la oposición, la formación tenía (en teoría) un límite de 430.679 euros. La alcaldesa Rita Barberá, sus concejales y el equipo de asesores ingresaron cada uno 1.000 euros, unos fondos que luego les fueron devueltos en dos billetes de 500 euros. Se trata del 'pitufeo', un método sencillo de presunto blanqueo de capitales. Rita Barberá ingresó el cheque el 1 de abril del 2015.
El entonces asesor Julio Aguado Codina realizó la aportación de 1.000 euros; menos de un minuto después ingresó en efectivo la misma cantidad en su cuenta bancaria. El hombre, funcionario municipal, declaró que se trataba de un “premio de la quiniela”. Alfonso Novo, entonces concejal, justificó el ingreso como “un dinero que tenía ahorrado en la hucha”.
La UCO intervino el teléfono móvil del asesor Pedro Aracil y localizó unas conversaciones de WhatsApp en las que, en tono de chanza, bromea con otros compañeros sobre los billetes de 500 euros para el presunto 'pitufeo'. “Estoy por enmarcarlos”, dice Juan Pedro Gómez, a lo que el conocido asesor Luis Salom contesta: “y poner en el cristal rómpase en caso de emergencia”. Su interlocutor escribe: “Si voy al banco me dirán otro tonto del PP”. En otra conversación, Juan Pedro Gómez bromea con el lema del PP: “Con-fianza”, reza el mensaje.
Los disidentes del 'pitufeo'
Algunos de los asesores (Patricia Iserte, Nuria Diego García, Jesús Gordillo y Arantxa Martín) se negaron a participar en esta mecánica al ver indicios de ilegalidad. Una de ellas, le llevó los 1.000 euros a María del Carmen García Fuster “poniéndolos encima de la mesa” y rechazando participar en el presunto 'pitufeo'. La secretaria del grupo popular “no entendía por qué se ponía así”.
Iserte, que también había trabajado en Laterne, telefoneó a María del Carmen García Fuster para pedirle explicaciones, pero la entonces mano derecha de Rita Barberá se negó a comentar el tema por teléfono. La mujer también declaró que el asesor Luis Salom le había dicho que el grupo municipal del PP “tenía fajos de dinero en efectivo”.
La periodista Patricia Iserte incluso redactó un escrito explicando lo que estaba sucediendo y consultó con un familiar, abogado de profesión, la posibilidad de acudir a un notario. Por su parte, la periodista Nuria Diego García también comentó el asunto con su marido, médico de profesión, y “ambos llegaron a la conclusión de que no parecía una operativa lícita”.
Los asesores que declinaron participar en la operativa del presunto blanqueo conformaron una suerte de grupo disidente que hablaba a diario y que se enfrentaba al “mal carácter” de la secretaria del grupo municipal. Una de las asesoras tuvo “sensación de aislamiento y vacío profesional”.
El auto de procesamiento incluye a casi medio centenar de exconcejales o exasesores (algunos, como Luis Salom, siguen en el grupo municipal). También al PP como persona jurídica. El auto explica que la defensa del partido aportó a la causa un “programa anti-corrupción”, redactado en marzo del 2015, “sin que conste su implementación o inicio de ejecución”, apunta —con sorna— el juez instructor.