“Tengo 80 años, me realizo diálisis y en cuestión de dos años me han hecho siete operaciones. Vivo con mi mujer de 75 años y me echan de mi casa y no tenemos adonde ir. Llevamos así desde julio y no sale otra opción. Todos tenemos derecho a una vivienda, como dice la Constitución. El Gobierno no para de ponerme trampas. Tengan misericordia de nosotros. No nos gustaría veros así”.
Así explicaba Ramón Salazar, uno de los tres testimonios visibles, su situación en una concentración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) frente a la Conselleria de Vivienda para reclamar un plan de choque que frene los desahucios que continúan llevando a cabo los fondos buitre y que dejan a miles de familias sin una alternativa habitacional.
Según sus estimaciones, en la Comunitat Valenciana hay 505.000 viviendas vacías, de las cuales 57.000 se sitúan en la capital del Túria, y gran parte de ellas “en manos de fondos buitre”. Estiman que en 2023 hubo una media de once desahucios diarios en la Comunitat Valenciana, lo que se traduce en un total de 3.869: “El 68% de los desahucios son por problemas con el alquiler, ya sea por la falta de renovación del alquiler de grandes tenedores y fondos buitre, por no poder hacer frente a unos precios elevados e impagables, por la escasez de las viviendas públicas o porque las ayudas al alquiler no han llegado”, explica Amparo Delgado, activista de la PAH.
Una de las reclamaciones directas de la PAH es que el Consell se reúna con los fondos buitre y “les obligue” a hacer contratos de alquiler hasta cesar con esta situación estructural: “Pedimos a Mazón que haga el favor de intervenir si tiene capacidad y voluntad para que la especulación no sea el ámbito general de funcionamiento”, han instado ante los medios.
Además, manifiestan que la conselleria no ha mostrado interés en reunirse con ellos, lo que les ha motivado a concentrarse frente a la sede de Vivienda, consiguiendo finalmente que el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y el director general, Juan Antonio Pérez, escuchen la situación crítica de algunos miembros de la organización.
Antes de este encuentro, el director general ha comparecido para subrayar que la Generalitat está haciendo “todo lo posible” y explora “todas las posibilidades”, aunque ha remarcado que hay peticiones “más complicadas de llevar a cabo” y que no se pueden llegar a abarcar en su totalidad. Asimismo, ha avanzado que “en pocos meses” se publicará una “convocatoria importante” en materia de vivienda de fondos para ayuntamientos.
“La situación de la vivienda es complicada, todo el mundo lo sabe, y la conselleria y el presidente Mazón están luchando para revertir esta situación”, ha manifestado, y ha añadido que el “origen” de este problema es la Ley estatal de Vivienda que “condiciona muchísimo” a los gobiernos autonómicos. También ha afirmado que topar los alquileres tiene un “efecto pernicioso” sobre la oferta de viviendas.
Peticiones al Ejecutivo valenciano
Entre algunas de las propuestas manifestadas, exigen que se amplíe el parque público de vivienda- actualmente, según la PAH hay 18.775 residencias en la Comunitat Valenciana bajo esta condición, y del cual no hay ninguna base de datos con cifras exactas- y que la Generalitat destine más fondos a las ayudas del alquiler, denunciando que las del 2023 no llegaron en el plazo estimado y que no se “ha aportado ni un euro; solamente se ha pagado lo que prevé el plan estatal”. Además, insisten que de las 4.100 ayudas otorgadas, se han excluido 4.266 familias que reunían los requisitos.
Con ello, también se ha hecho hincapié en la limitación de los precios del alquiler. Pero desde la plataforma creen que esta medida tampoco solucionaría de raíz “y por sí sola” la situación habitacional.
Tras la rueda de prensa, la plataforma se ha reunido con distintos cargos en materia de vivienda, entre los cuales se encontraba Juan Antonio Pérez y varios integrantes de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA, por sus siglas en valenciano) para abordar los problemas con más exactitud.
“La conclusión a la que hemos llegado es que les enviaremos un correo con el nombre de las personas que tienen un desahucio programado inmediato, así como el programa de LlogAD, como nosotros lo entendemos, para que se comprometan a llamar a los fondos buitre para paralizar los desahucios y abrir una negociación”, manifiesta José Luis González, portavoz de la PAH.
El Programa LlogAD (Lloguer de Administraciones Públicas), impulsado por PAH Valencia, tiene como finalidad frenar la emergencia habitacional y la pérdida de viviendas para aquellas familias más vulnerables. La titularidad de los alquileres recaería sobre la Administración.